Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía: “La situación es mala y va a ser peor”

Bruselas anda estos días ultimando medidas a corto y medio plazo, pero también propuestas estructurales, para mitigar al máximo el impacto sobre el bolsillo de ciudadanos y empresas europeas del alza de los precios de la energía por el nuevo conflicto en Oriente Próximo. Aunque Europa no sufre una amenaza inmediata para la seguridad de suministro, no puede permitirse bajar la guardia ni, tampoco, minimizar los problemas que se avecinan incluso si la nueva guerra acabara pronto: “Tenemos que actuar y tenemos que ser bastante honestos: la situación es mala y va a ser peor”, advierte el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en un encuentro mantenido este miércoles en Bruselas con un grupo de diarios, entre ellos EL PAÍS.

Desde que la guerra de Rusia contra Ucrania reveló en 2022 las vulnerabilidades energéticas de Europa, mucho se ha logrado para no volver a ser víctimas de una instrumentalización política de las fuentes de energía como hizo —y sigue intentando hacer— Vladímir Putin con el gas ruso, del que el Viejo Continente dependía fuertemente. Se ha conseguido no solo reduciendo el consumo y diversificando las fuentes de aprovisionamiento sino, también, apostando fuertemente por las energías renovables.

Algo que, señala Jorgensen, hace que la UE afronte la nueva crisis en mejores condiciones que hace cuatro años. Pero “todavía somos demasiado dependientes de las energías fósiles”, advierte. Y ahí reside el problema: hasta en el mejor de los escenarios, si la guerra acabara mañana y se reabriera el estrecho de Ormuz, las perspectivas son “bastante sombrías”. “Incluso en esa situación, los precios del gas no volverían a normalizarse, probablemente durante años porque se ha dañado mucha infraestructura, especialmente en Qatar. Y en el caso del petróleo, aunque la producción se podría retomar en dos a cuatro semanas, un barco tarda mucho tiempo en llegar desde la región a Europa, así que tendríamos un efecto retardado. Y esto es en el mejor de los casos”, insiste.

De ahí que la Comisión vaya a presentar la semana próxima una batería de propuestas tanto de apoyo inmediato —como imponer al menos un día de teletrabajo obligatorio a la semana en las empresas, cerrar los edificios públicos siempre que sea posible y reducir los precios del transporte publico o, incluso, hacerlo gratuito para determinados colectivos, según un borrador al que ha tenido acceso EL PAÍS— como medidas a medio y largo plazo.

Porque se trata no solo de superar esta nueva crisis, sino de estar mejor preparados para futuros shocks. Y ahí, subraya Jorgensen, una de las claves está en que Europa avance más rápida y decididamente en el proceso de electrificación.

“Si hay algo que nos enseña esta crisis es que debemos acelerar nuestra transición de los combustibles fósiles a las fuentes de energía limpia, pasar de las moléculas a los electrones. Esa es la base de esta transición”, sostiene. Pero aunque se trabaja en ello desde hace años, “no estamos avanzando lo suficientemente rápido”, advierte.

Por ello, más allá de las medidas inmediatas, la Comisión se ha puesto manos a la obra en otra propuesta ambiciosa: “Vamos a presentar un objetivo de electrificación”, adelanta Jorgensen. El danés se muestra cauto, consciente de que la UE no puede permitirse fijar a la ligera metas que impliquen cambios estructurales en los 27 Estados miembros y que este es un tema que lleva años discutiéndose. Pero ha llegado el momento, sostiene. Y el objetivo de electrificación, aunque aún no está fijado porque requerirá negociaciones con los Estados y con el Parlamento Europeo, “será ambicioso”, promete.

La Comisión quiere también instaurar un nuevo mantra entre los socios comunitarios: coordinación, coordinación y más coordinación. Porque otra lección de 2022 es la importancia no solo de aplicar medidas nacionales, sino de que estas estén coordinadas a nivel europeo para que sean más eficientes: “Supervisaremos, asesoraremos y coordinaremos los programas que utilicen los Estados miembros, ya sea para ayudar a los grupos vulnerables y a aquellos sectores de la sociedad que no pueden pagar sus facturas, o para apoyar a los sectores industriales que se han visto muy afectados”, adelanta Jorgensen.

La coordinación es también importante, puntualiza, a la hora de asumir medidas nacionales en otra de las patas que la Comisión Europea está preparando para mitigar el impacto de la crisis: los impuestos. Aunque son “uno de los instrumentos más eficaces” ante crisis de este tipo, el danés advierte no obstante contra la tentación de bajar los impuestos a las energías fósiles, “incluida la gasolina”, como han hecho ya algunos países, entre ellos España: “Entiendo que algunos países consideren necesario hacerlo y, por supuesto, están en su derecho; además, puede haber circunstancias nacionales especiales que lo hagan necesario, pero nuestra recomendación es no hacerlo, ya que corremos el riesgo de encontrarnos en una situación en la que esto provoque un aumento aún mayor de los precios y, por supuesto, tampoco reduzca la demanda, lo que nos llevaría más rápidamente a una situación de problemas de seguridad del suministro”, señala.

Bruselas, sin embargo, sí recomienda bajar otros impuestos, los de la electricidad, que en algunos casos son hasta cuatro veces más altos que sobre el gas, recuerda Jorgensen. “Si bajaran esos impuestos, algo que se puede hacer a muy corto plazo, esto ayudaría a todos los ciudadanos y tendría la ventaja además de apoyar la transición que necesitamos, con la ventaja de ayudar además a bajar la demanda de energía fósil”, defiende.