Una jueza de Madrid interrogará hoy a Vito Quiles por difundir datos privados de Beatriz Corredor
La presidenta de Red Eléctrica presentó una querella por revelación de secretos por difundir en redes sociales su domicilio


Vito Quiles tiene una cita este martes en los juzgados madrileños de la plaza de Castilla para aclarar por qué reveló datos privados de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 23 de Madrid (como se denomina ahora a los juzgados de instrucción tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia) ha citado al agitador ultra como investigado por un delito de revelación de secretos y acoso, después de que difundiera, en mayo del año pasado, en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble.
El juzgado que dirige la magistrada Sonia Agudo ha convocado al activista político para tomarle declaración por la querella que presentó la presidenta de la entidad semipública, cuyo 20% pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por estos hechos, Corredor solicitó también medidas cautelares de protección, instando a que le ordenaran “retirar o bloquear provisionalmente” dicho contenido de sus perfiles de X (antes Twitter) y Telegram para seguir manteniendo su intimidad.
Los hechos se remontan un poco después del apagón masivo que la península Ibérica sufrió el 28 de abril de 2025. Solo un día después, Quiles cuestionó en redes sociales que la exministra socialista fue nombrada “a dedo” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dirigir el operador del sistema eléctrico, pese a no tener “ninguna formación relacionada con el sector energético en su currículum”. En ese mensaje recordó que “tiene un sueldo de 546.000 euros anuales”, información que es pública al ser remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todos los años en su informe de retribuciones de miembros. “Poco nos pasa”, concluía el texto.
Aprovechando el contexto del cero eléctrico, el ultraderechista publicó otro mensaje, que denominó como “exclusiva”, el 3 de mayo de 2025. En esos mensajes aseguraba que Corredor contrató “con fondos públicos a vigilantes de seguridad en la puerta de su casa (...) para evitar a la prensa o a los críticos”. El texto, que se acompañaba de dos fotos del inmueble, añadía la dirección de la vivienda, lo que motivó que la presidenta de REE acudiera a los tribunales ante el temor de que los seguidores de Quiles se acercaran hasta su domicilio, debido a las reacciones a esos mensajes.
La cita judicial de hoy tendrá lugar después de que Corredor ratificara la querella en octubre. Tras varios problemas con la notificación y agenda, finalmente el juzgado fechó para este martes el interrogatorio a Quiles, quien, dada su condición de investigado, tiene derecho a negarse a declarar, a contestar a todas, alguna o a ninguna de las acusaciones o solo a su abogado.
En cualquier caso, la defensa gira en torno a que no ha cometido ningún delito de revelación de secretos porque el domicilio de Corredor es “un dato público y ha trascendido en múltiples ocasiones”. Así lo indicó en un escrito remitido a la jueza instructora el pasado 23 de febrero, al que tuvo acceso este periódico, en el que solicitó el archivo de la causa. En este sentido, el activista político vinculado a la ultraderecha señaló que en sus mensajes solo difundió una referencia “genérica”, como es el nombre de la calle, pero sin dar un dato “individualizador”.
Así, considera que no se cumple con lo previsto en el Código Penal, ya que, de acuerdo al escrito, no se ha acreditado el acceso ilícito en ficheros, soportes informáticos u otro tipo de archivo o registro público o privado para obtener datos reservados de carácter personal o familiar.
Por otro lado, Quiles, conocido por ser el responsable de comunicación de Se Acabó la Fiesta (SALF) de Luis Alvise Pérez, agrupación en cuyas listas se presentó para las últimas elecciones europeas y de la que ahora parece haberse distanciado, solicitó denegar la medida cautelar planteada por Corredor, al entender que la restricción de los mensajes priva su derecho a “opinar libremente y a informar” y a utilizar sus redes sociales “como canal de comunicación”.
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