La batalla por la presidencia de Indra se traslada ahora a un consejo con los grandes accionistas enfrentados

Guerra de poder en la cúpula de Indra. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de la empresa del Ibex35 con un 28% de los títulos, ha salido de la ambigüedad mostrada en las últimas semanas sobre sus intenciones y ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que invita al presidente de la empresa, Ángel Escribano, a dar un paso a un lado para que pueda desatascarse la compra de su empresa familia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), sin incurrir en un conflicto de interés.

Pese a ser el máximo accionista, el cese de Escribano escapa al control total de la SEPI. Como aseguró este martes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, “esta decisión corresponde a los órganos de gobierno de la empresa”.

Esto significa que la petición de La Moncloa, que canaliza sus decisiones a través del holding público, se tendrá que dirimir en el consejo de administración, que se encuentra desde hace meses muy enfrentado. Su veredicto, a día de hoy, es incierto, por lo que los pasos que se tomen en la comisión delegada ejecutiva de este mismo jueves por la tarde y en el consejo del próximo 25 de marzo serán definitorios. Con los grandes accionistas de referencia enfrentados entre sí, ahora es crucial la decisión que tomen los independientes sobre la continuidad, o no, de Escribano al frente de Indra. La empresa acumula una caída en Bolsa desde el pasado lunes, cuando surgieron los rumores de cese, de casi un 10%.

Hasta finales del pasado año, tanto la familia Escribano, que cuenta con el 14,3% del capital, como la SEPI y Amber Capital (poseedor ahora de un 5% de Indra y principal accionista del grupo Prisa, editor de El PAÍS y CincoDías) se mostraban favorables a la operación, tal y como expresaron en el consejo de administración. Quién más oposición mostró, sobre todo fuera de las reuniones de la cúpula, ha sido SAPA, poseedor de más del 7% del capital. Pero en las últimas semanas, la familia Aperribay y sus asesores han transmitido al Gobierno que la SEPI debía replantear la operación, tal y como se había diseñado en un inicio.

Con este panorama, los siete independientes y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, deberán decantar la balanza a favor o en contra de que Escribano se mantenga al frente de Indra. La situación es compleja. Fuentes al tanto de la situación señalan que el comunicado enviado la noche de este miércoles a la CNMV pidiendo el cese del presidente era innecesario, ya que podía haberlo solicitado en el consejo de la próxima semana. Por eso, dentro de la propia cúpula hay quien cree que la maniobra es un elemento de presión dirigido a los consejeros en favor de sus intereses.

Las distintas fuentes consultadas señalan que los afectados por la situación de la cúpula de Indra difunden versiones contradictorias. Mientras desde la órbita de los Escribano creen que suman mayoría para descarrilar la embestida de la SEPI, otros cercanos al holding público y a los responsables económicos de La Moncloa aseguran que sumarán una amplia mayoría dentro del consejo para que Ángel Escribano dé un paso atrás. En julio y en diciembre, el consejo votó por unanimidad seguir adelante con la integración de EM&E, para cuyo estudio formó una comisión de independientes.

El consejo de Indra ha mutado en los últimos años. Desde 2022, en que entraron nuevos accionistas y se cambió toda la cúpula, hasta la renovación masiva de cargos del pasado año, que también ha dejado un panorama de independientes distinto.

Desde que se planteara en 2025 que el presidente de Indra y dueño del 14,3% del capital comprara su propia empresa EM&E, hubo quien prefirió hacerse a un lado. Este fue el caso del histórico directivo de Volkswagen Javier García Sanz, que abandonó antes de tiempo; o Ángeles Santamaría, que prefirió dejar la cúpula de la tecnológica tras fichar por Mapfre. A las dos anteriores salidas se sumaron posteriormente las de Olga San Jacinto y Coloma Armero. La falta de entendimiento también estuvo detrás de sus salidas al término de sus mandatos.

Sus relevos tienen muy distintas procedencias, pero en el mercado a nadie se le escapa que la mano de la SEPI está detrás de alguno de ellos. Las negociaciones con Junts y ERC han permitido que los poderes empresariales catalanes hayan tenido capacidad de decisión en los nombramientos de algunas cúpulas donde participa el Estado. En este contexto entró Oriol Pinya, considerado próximo al partido liderado por Carles Puigdemont. Teresa Busto también se incorporó el pasado año tras ser consejera de Renfe Viajeros, empresa 100% del Estado y tras muchos años de responsable en Airbus, empresa participada por la SEPI. Eva María Fernández Góngora también fue nombrada en 2025; con una larga trayectoria en el ámbito privado, había sido consejera en organismos privados pero con influencia pública como el operador del mercado eléctrico Omel.

En el sector consideran que Belén Amatriain, exdirectiva de Telefónica, ha sido crítica con la operación y, pese a ello, renovó el pasado octubre. Y aún está por ver qué pueden votar la nueva consejera María Aranzazu Díaz Lladó, o Virginia Arce y Bernardo Villazán, que también renovaron el pasado año tras entrar en 2022. Pese a la influencia en las designaciones, fuentes próximas a la actual problemática señalan que las renovaciones de 2025 se produjeron en un clima de entente entre Escribano y la SEPI, por lo que ahora es difícil de prever hacia dónde votarán algunos independientes que llevan meses conviviendo con el actual presidente.

Más complicada aún es la papeleta del consejero delegado, José Vicente de los Mozos, que lidera la operación de compra de EM&E y la ha defendido a capa y espada. De los Mozos culmina mandato este año y enfrenta la renovación en las próximas semanas en plena guerra accionarial.

La SEPI suma tres accionistas dominicales. Escribano tiene uno, más el del presidente ejecutivo. Amber cuenta con otro dominical y SAPA, otro más. A ellos se añaden otros siete independientes y el CEO. 15 miembros forman la cúpula en total y en sus manos está el futuro de la empresa llamada a liderar el sector de la defensa en España y que ha recibido contratos militares por más de 7.000 millones.

Cabe destacar que Ángel Escribano fue ratificado en el cargo en junta de accionistas con un 99% de apoyo y unanimidad del consejo. Es decir, que tiene mandato hasta 2028. Cualquier cese ahora debe ser muy justificado por parte de los consejeros. La empresa se encuentra bajo vigilancia y seguimiento de la CNMV, que ya cuestionó los cambios en la cúpula en 2022.

Es por eso que las fuentes consultadas señalan que el comunicado de la CNMV de este miércoles busca presionar a los independientes para que voten a favor del cese del actual presidente por conflicto de interés. El mismo conflicto de interés que hace un año todos pasaron por alto.