Otro escudo social para la vivienda

El escudo social para la vivienda capotó. El Congreso rechazó la prórroga de la prohibición de los desahucios por impago de alquileres, que endosaba el coste de la protección social a los caseros privados. Pero eso no cancela el problema.

Al contrario. Habrá más desalojos, más familias sin techo, más propietarios sin cobrar y más problemas de orden público.

Habrá un remedo de aquel escudo: la línea de avales orquestada por el Gobierno en el RDL 1135 (10/12/2025) y ampliada recientemente. Compensará a los caseros todas las rentas perdidas, los daños físicos, los costes asociados. Se la dotará con 300 millones de euros, anunció el ministro Félix Bolaños.

Pero quedarán pendientes, colgados de la brocha, los inquilinos insolventes. Y planeará una incógnita sobre la eficacia del mecanismo. Uno similar solo ha logrado compensar al 45% de los 6.400 solicitantes de compensaciones durante cinco años. O sea, 2.850 propietarios por un total de 16 millones de euros (EL PAÍS, 23/12/2025): escasa apelación e implementación, irrelevancia.

Así que debe ampliarse la ambición. Urge un Fondo de Garantía de Arrendamientos (FGA) que evite el ritmo de 20.000 desahucios anuales por impago de alquiler (de los 27.000 totales). Modelo o referencia puede ser el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios (FGD).

Creado en 1977 y ampliado después, el FGD garantiza las imposiciones de los clientes hasta 100.000 euros (al inicio, 15.000). Lo auspiciaron el Gobierno y el Banco de España —dotándolo de sus recursos iniciales— y acabaron financiándolo, por fases, los bancos. Cuando la Gran Recesión, los depositantes no panicaron (hasta el tope indicado) y la banca preservó su indispensable credibilidad. La gobernanza del fondo, incluso ahora que su capital es del todo privado, es consorciada, entre los socios públicos y las entidades bancarias privadas.

Un esquema consorciado, quizá entre Hacienda, Vivienda, propietarios e inquilinos, sería ventajoso para el FGA. Al simbolizar la dualidad de la vivienda —derecho ciudadano a la par que mercancía— erosionaría los fundamentalismos inversos; corresponsabilizaría a todos los actores, en vez de enfrentarlos; gozaría de la continuidad y estabilidad que se le supone al Estado (Gobierno y autonomías); reduciendo al tiempo el burocratismo retardatario, mediante sistemas de gestión mercantiles, más ágiles que los administrativos… Eso es clave: si los caseros no ven rapidez, no aportarán concurso ni recursos. Pues sin caseros no hay casas.

Deberían aportar. Al inicio, quizá un 1% de los 10.588 millones de euros que según Hacienda suponen los rendimientos por alquiler de inmuebles (en 2023; antes de reducciones fiscales) a los caseros físicos (excluidas sociedades y rentas no afloradas): 105,8 millones, a razón de nueve euros mensuales sobre el alquiler de cada piso medio (100 metros).

Al final, ese mismo 1% sobre los 42.444 millones generados por los 3,9 millones de pisos (20% en alquiler de los 19,3 millones de pisos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE para 2024): 424 millones. Que duplican sobradamente lo urgente: sufragar los 216 millones necesarios para mantener bajo su techo a los 20.000 desahuciados anuales (a 900 euros/mes, aproximativos; por 12 meses).