El Gobierno enviará la semana que viene al Congreso el estatuto del becario pese a la falta de apoyos

El Ministerio de Trabajo da un nuevo paso para aprobar el estatuto del becario, la norma con la que busca atenuar la precariedad laboral que sufren muchos estudiantes en prácticas. La comisión de secretarios y subsecretarios de este jueves dio el visto bueno a que la norma regrese al Consejo de Ministros el próximo martes, cuando previsiblemente será aprobada en segunda lectura, según confirman fuentes del Gobierno. Este es el último paso necesario antes de que el anteproyecto de ley se enfrente al escrutinio del Congreso, donde tiene escasas opciones de prosperar. Al previsible rechazo del bloque de derechas que ya tumbó la reducción de jornada (PP, Vox y Junts) se suman las dudas de socios habituales del Ejecutivo.

El recorrido de esta norma es el más extraño de todas las que ha abanderado Yolanda Díaz desde que es ministra de Trabajo. El proyecto fue acordado por Trabajo, UGT y CC OO en junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. No solo tenía el rechazo de las patronales y de los rectores universitarios, también de la parte socialista del Gobierno. Fuentes de Moncloa y de Economía trasladaron que el texto estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Nunca antes (y nunca después) una parte del Gobierno ha criticado a la otra el mismo día de la presentación de un pacto alcanzado con los sindicatos

El rechazo socialista, las elecciones y la primacía de otros proyectos (como la reducción de jornada), retrasaron el progreso de la medida, lo que generó un fuerte enfado de los sindicatos. Dos años y medio después de la presentación del acuerdo, en noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó en primera ronda el anteproyecto de ley sin cambios sustanciales respecto al texto que rechazaba el PSOE, que nunca ha llegado explicar por qué pasó a respaldar la norma.

Entre la primera lectura en el Consejo de Ministros y la que se producirá el próximo martes, fue emitido el informe del Consejo Económico y Social. El organismo, integrado por patronales, sindicatos y el propio Ejecutivo, cargó contra la “carencia” de datos para medir el impacto económico del proyecto y también criticó que no contemple una red de apoyo para las pymes.

¿Qué plantea el estatuto?

El Estatuto propone limitar a un máximo de 480 horas (la mitad que ahora) las prácticas extracurriculares por alumno, figura en la que se concentra el fraude al no estar directamente vinculadas con la formación. También propone un régimen sancionador que penaliza los incumplimientos más graves con hasta 225.000 euros y la obligación de que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte al lugar en el que desarrolle las prácticas. Esta compensación no aplica a los becarios con nómina, ya que con esa retribución ya se consideran nivelados los gastos. La normativa no obliga a retribuir al becario, una de las reclamaciones más insistentes de la izquierda política y sindical y que finalmente no formó parte del acuerdo.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró positivamente la compensación de gastos tras las primera aprobación del gabinete, pero a la vez expresó “preocupación” ante la posibilidad de que empresas y entidades públicas que acogen a los estudiantes no abonen esas cantidades. “No podemos obviar la preocupación por la viabilidad económica de estas medidas si no se garantiza de manera efectiva la corresponsabilidad de todos los agentes implicados”, dijo la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I de Castellón, Eva Alcón.

Alcón se refería a lo que ha sucedido con las cuotas a la Seguridad Social, un nuevo derecho de los estudiantes no remunerados y que están abonando las universidades, pese a que la idea original es que este desembolso fuera asumido por empresas e instituciones públicas. Es un coste ínfimo, de un máximo de 10 euros por estudiante al mes (al estar bonificado al 95% por la Seguridad Social), pero la mayoría de receptores públicos y privados están evitando estos gastos.

El planteamiento de Trabajo sí tiene el respaldo de CC OO y UGT, pese a que los sindicatos aspiraban a un planteamiento diferente al que se acabó adoptando. Los sindicatos reclamaban la eliminación de las prácticas extracurriculares y otras medidas más ambiciosas, pero rebajaron sus expectativas ante la perspectiva de un posible acuerdo con las patronales. Esa aproximación no se llegó a materializar y el acuerdo fue presentado a mediados de junio de 2023, un mes y una semana antes de las elecciones generales.

¿Y en el Congreso?

La medida tiene muy pocas opciones de salir adelante. Para empezar, es previsible el rechazo de los tres partidos que ya tumbaron la reducción de jornada, que suman mayoría absoluta: PP, Vox y Junts. Más allá de esa oposición, hay socios habituales del Ejecutivo, como ERC, Bildu y PNV, que expresaron dudas respecto al texto cuando se acordó con los sindicatos.

Tanto CC OO como UGT vienen reclamando a los grupos parlamentarios que cambien de posición. “Es fundamental que la tramitación parlamentaria continúe con celeridad y sin vetos que desvirtúen el acuerdo. El Congreso debe garantizar la aprobación final de una norma que supone un compromiso con la juventud estudiante de nuestro país”, dijo UGT tras el primer paso por el Consejo de Ministros. CC OO agregó: “Necesitamos atajar de una vez el problema de la precariedad juvenil. Necesitamos una legislación a la altura de la juventud trabajadora, y el texto negociado tiene un alto valor para la juventud trabajadora”.