La precariedad de los becarios a los que pretende proteger el estatuto: “Nos explotan por 200 euros, no valoran nuestro trabajo”

Natalia Gamba (28 años) estudió comunicación social en Colombia y esperaba “con ilusión” lanzar su carrera profesional como periodista en España. Nada más lejos de la realidad. Hizo un máster y comenzó unas prácticas en un medio de comunicación, pero desde el primer momento la precariedad y la indiferencia marcaron su experiencia. No obtuvo ninguna remuneración, sus funciones no estaban definidas y nadie le explicó cómo corregir sus errores: “Mentalmente fue muy duro porque nos explotan como mucho por 200 euros y no valoran nuestro trabajo como becarios”. Lorenzo Berarte (29 años), italiano que decidió también apostar por España para lograr más aptitudes profesionales en su campo, la ingeniería geológica, relata una historia de “frustración”. Tras finalizar seis meses de prácticas en una empresa de este sector, asegura con convicción que en su país de origen ser becario es mejor. “Aprendes muchas más cosas”, argumenta. En España denuncia que le “obligaron a hacer más tareas de las que le corresponden” y que no se sentía valorado.

Estas son solo algunas de las historias que motivan al Ministerio de Trabajo para impulsar el estatuto del becario, un proyecto de ley con el que pretende revertir la precariedad que sigue caracterizando las prácticas de muchos estudiantes en España. El Consejo de Ministros de la semana pasada dio una aprobación inicial al anteproyecto de ley, casi dos años y medio después de la presentación del acuerdo con los sindicatos y que rechazaron no solo la patronal y los rectores universitarios. Tampoco le gustaba a la parte socialista del Ejecutivo, que dijo que al texto pactado le faltaba “trabajo técnico” y que estaba “verde”.

El texto aceptado por el PSOE no ha experimentado cambios sustanciales respecto al que se acordó con CC OO y UGT, solo algunas modificaciones técnicas, según el borrador que ha podido consultar este periódico. El anteproyecto que Yolanda Díaz pactó con los representantes de los trabajadores se sostiene en tres pilares: limitar las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, la mitad que hasta ahora para evitar que se eternicen estas becas que no conceden créditos; que las empresas e instituciones públicas que acogen a los estudiantes estén obligadas a compensar los gastos de los estudiantes en prácticas que no cobren una nómina; e imponer un régimen de sanciones que castigue los incumplimientos con hasta 225.000 euros.

Por las multas también apuestan tanto Natalia Gamba como Antón (27 años), que prefiere no desvelar su nombre real por temor a represalias, ya que trabaja en una compañía en la que fue becario. Asegura que “si se sanciona más, seguro que las empresas los tratarán mejor”. Este ingeniero energético recuerda que en las dos empresas relacionadas con este sector en las que realizó prácticas le exigieron hacer cosas “que deberían hacer o un ingeniero o un arquitecto ya titulado”. Tuvo que evaluar la viabilidad un terreno en el que se iban a instalar placas solares, “algo que debería tener como mínimo algo de supervisión de un tutor”.

La precariedad en las prácticas es un fenómeno vigilado por Inspección, que sin el estatuto en vigor aún no se traduce en un gran volumen de sanciones. Según datos provistos por el ministerio, el organismo inspector desarrolló 802 actuaciones al respecto en 2024, que condujeron a la conversión en asalariados de 220 personas. Eran “falsos becarios”, personas que en realidad desarrollaban las tareas de un miembro de la plantilla de la que formaban parte. Esas conversiones han ido acompañadas de 325.000 euros en sanciones a los empleadores, que también han abonado 737.900 euros en cotizaciones adeudadas.

El año anterior, en 2023, hubo 1.049 actuaciones que sirvieron para convertir a 138 becarios en asalariados. Estos procesos se tradujeron de 325.000 euros en castigos de Inspección y en la reclamación de 551.000 euros en cuotas a la Seguridad Social.

Mireia Oliván (35 años) apenas empezó sus primeras prácticas universitarias. Iba a ser becaria en una agencia de relaciones públicas y comunicación en Barcelona pero solo duro medio día. Argumenta que se sintió “muy frustrada” porque al llegar “no le presentaron ni un tutor” y nadie esperaba su llegada. Meses después, sufrió otro episodio negativo en una empresa del sector de la cosmética, en la que la obligaban “a rellenar documentos para justificar gastos”, algo que no estaba relacionado con las funciones que tenía designadas.

Dificultades en el Parlamento

Esta norma, impulsada por el ministerio y los sindicatos, tiene muy pocas opciones de lograr suficientes puntos verdes en el panel luminoso del Congreso. El portazo de Junts, oficializado la semana pasada con una consulta a sus bases y concretada el jueves con el anuncio de que no aprobarán más leyes del Gobierno, cierra el camino de la mayoría de la investidura.

Con esas dos vías cerradas, el estatuto del becario queda en un punto muerto. Incluso si por una pirueta del destino cambia la posición de Junts, el Ejecutivo aún no tendría garantizado el éxito de la iniciativa. Consultado por este periódico, el PNV indica que aún no tiene una posición al respecto. Pero en 2023, cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, expresaron lo siguiente: “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado. Tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas”.

ERC también se pronunció en contra entonces. Ahora, fuentes del grupo catalán insisten en la importancia de obligar a que las empresas remuneren las prácticas, una opción que no contempla el proyecto actual y que critica ERC. Sin embargo, invitan a dialogar con el ministerio sobre este proyecto y destacan que ya han avanzado en algunos aspectos. Bildu y Podemos, consultados por este periódico, no han especificado su posición.

Los sindicatos piden apoyo a los partidos

Los sindicatos esperan convencer a estos partidos para que apoyen el proyecto. Belén Guirao, secretaria general de la asociación juvenil de UGT (RUGE), indica que durante la fase de negociación (hace tres años) parecía que los partidos se mostraban a favor de la medida: “Incluso el PP nos dijo que estaba a favor, que les parecía un texto fundamental, que significaría una gran avance. Intentaremos convencerles de nuevo. No entendemos porque dicen una cosa en público y otra en privado”. La secretaria de Juventud de CC OO, Pau Garcia, dice que volverán a reunirse con los grupos parlamentarios con el mismo objetivo: “Pese a lo que ha dicho Junts, queremos que nos escuchen. Y queremos que PSOE y Sumar luchen por este proyecto en el Congreso”.

Los sindicatos calculan que el proyecto volverá al Consejo de Ministros para una segunda lectura en unos seis meses, el paso previo a su entrada en el Congreso. El último anteproyecto de ley que el Gobierno llevó al Parlamento fue el de reducción de jornada, que ni siquiera superó el trámite de enmiendas.

Gamba reconoce que no tuvo una buena experiencia como becaria y por ello, asegura, “algo debe cambiar” para que quienes hagan prácticas en empresas en el futuro sean “tratados dignamente” y sentencia: “No podemos estar todavía en el punto de que se explote a los becarios, por eso se debe regular mejor esta figura”.