Sumar propone gravar a los ultrarricos y usar ese dinero para pagar la prestación universal por crianza

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 quiere implantar en España el impuesto sobre las grandes fortunas que propone el célebre economista francés Gabriel Zucman. El objetivo sería financiar una prestación universal por crianza y avanzar en la erradicación de la pobreza infantil. La idea, según confirman fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy, afectaría a menos de 500 personas en el país y permitiría obtener recursos suficientes para desplegar nuevas políticas sociales en torno a la infancia. Consumo está recogiendo la información técnica para poder elevar la propuesta al seno del Gobierno, por lo que todavía no se está debatiendo ni se ha abordado con el Ministerio de Hacienda.

La propuesta se enmarca en la reunión que Bustinduy ha mantenido este viernes en París con Zucman, uno de los principales referentes internacionales en desigualdad sobre la riqueza y creador del diseño teórico de este gravamen ―conocido coloquialmente como tasa Zucman―. Tras el encuentro, el ministro ha insistido en los beneficios de implementar este impuesto en España. “Una reforma fiscal como la tasa Zucman podría hacer, en un principio, que las personas con un patrimonio superior a 100 millones de euros contribuyan con un 2% o 3% de su riqueza y esto serviría para financiar esa prestación”, ha asegurado.

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, que son las barajadas por el ministerio, su aplicación podría generar en torno a 5.200 millones de euros anuales. Esa cifra, sostienen fuentes de Consumo, permitiría financiar una prestación universal por crianza, una de las grandes aspiraciones del departamento, lo que tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza infantil, según diversos estudios.

España mantiene desde hace años una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea. La encuesta de condiciones de vida de 2025, publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, la cifraba en el 28,4%. A pesar de haberse reducido respecto al año previo ―cuando fue del 29,2%―, el porcentaje sigue siendo muy superior a la media comunitaria, que los últimos datos de Eurostat sitúan en el 19,3%.

La persistencia de la pobreza infantil en España no se debe tanto a la falta de recursos como a la forma en que están diseñadas las políticas públicas dirigidas a la infancia. Así lo señalaba un informe publicado por Funcas en octubre del año pasado, según el cual, “a pesar de disponer de recursos comparables a los de otros países, la configuración de las prestaciones sociales dirigidas a la infancia, la escasa cuantía de los recursos específicamente destinados a esta y la falta de universalidad reducen su efectividad”. Los autores del estudio promovido por la fundación de las antiguas cajas de ahorros insistían en que, en comparación con sistemas más consolidados como los de Francia, Alemania o los países nórdicos, el modelo español se queda a medio camino. Mientras que en esos países el sistema de impuestos y transferencias consigue reducir la pobreza infantil entre cuatro y ocho puntos porcentuales, en España el efecto se limita a apenas uno o dos puntos.

En ese contexto, la prestación universal por crianza —una ayuda directa a las familias por cada hijo a cargo, con independencia de su nivel de renta— se presenta por parte del Ministerio de Derechos Sociales como una política para garantizar un suelo mínimo de bienestar durante la infancia. El departamento de Bustinduy insiste en que el tributo sobre la riqueza no se limita a su función recaudatoria, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre el modelo de Estado social y la distribución del esfuerzo tributario.

Zucman lleva años defendiendo la necesidad de un impuesto coordinado sobre las grandes fortunas para frenar la creciente concentración de la riqueza y combatir la elusión fiscal. El último informe del Observatorio Europeo de la Fiscalidad, que encabeza el economista francés, cifraba en más de un billón de dólares el dinero que las grandes corporaciones desvían a paraísos fiscales. Situación que se replica con los grandes patrimonios. La tasa del 2% propuesta sobre los patrimonios superiores a los 100 millones permitiría recaudar 67.000 millones.

La propuesta ha ganado visibilidad internacional tras ser respaldada en distintos foros académicos y políticos, y después de que países como Francia hayan reabierto el debate sobre la tributación de los patrimonios más elevados. En el país vecino, la medida fue debatida en la Asamblea Nacional en octubre del año pasado, pero no se adoptó porque cuenta con la oposición de los partidos de centro y derecha, que son mayoría en el parlamento francés.