La jueza de la dana califica de “realidad paralela” considerar que la catástrofe fue una emergencia nacional como defiende Feijóo

“Una realidad paralela”. La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene en su último auto que quienes exculpan la responsabilidad de la Generalitat en la gestión de la inundación que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024 en Valencia defienden una postura ajena a la verdad. “No es factible y obstaculiza el procedimiento quien se sitúa en una realidad paralela”, arremete la magistrada.

La instructora señala que las muertes que dejó la riada eran evitables, recuerda que la Generalitat era la encargada de gestionar la desgracia por sus competencias en protección civil. Y destaca que el debate no era si el Ejecutivo de Pedro Sánchez debía autorizar la declaración de emergencia nacional, como defendió esta semana en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Era una situación de emergencia nacional de libro”, sostuvo el dirigente.

Según la magistrada, “las víctimas no necesitaban el 29 de octubre de 2024 la declaración de emergencia nacional, sino una acción por la administración autonómica, capacitada para actuar, gestionar y coordinar, que era competente legalmente. Una acción que jamás llegó”. La jueza añade que el Consell “tenía todos y cada uno de los instrumentos a su alcance para salvaguardar a la población”. Y lamenta las tretas para tratar de implicar en el reguero de destrucción que dejó el temporal “a la administración central”.

En una demoledora resolución, la jueza carga contra las defensas de los dos investigados –la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su número dos durante el temporal, el exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso- por tratar de exculpar la responsabilidad de la Generalitat. Una tesis, defiende la instructora, a la que también se han sumado algunas acusaciones particulares y populares presentes en la causa.

Critica la magistrada que, durante el interrogatorio como testigo de Núñez Feijóo el pasado nueve de enero en el juzgado de Catarroja, algunas partes preguntaran por el efecto de la dana en Letur (Albacete), donde la tragedia se llevó seis vidas, como estrategia para apartar del foco a la Generalitat que durante la riada presidía el popular Carlos Mazón.

La jueza recuerda que, durante la instrucción, que se desarrolla desde hace quince meses, se ha rechazado investigar a los responsables de organismos del Gobierno, como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Y que estas resoluciones han sido avaladas por la Audiencia Provincial de Valencia. También, que las pesquisas no han entrado en el análisis de la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, tal y como solicitaban quienes trataban de implicar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la desgracia.

Reitera la jueza que la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado en cuatro ocasiones investigar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

La magistrada pide a las consejerías de Agricultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación información sobre las peticiones de cooperación que recibieron el día de la dana del departamento que coordinaba la responsable de la emergencia, la exconsejera de Justicia e Interior y principal investigada, Salomé Pradas.

El último auto de Ruiz Tobarra desmonta la denominada teoría del apagón informativo que, durante más de un año, han defendido con vehemencia la Generalitat, el PP y los dos exaltos cargos autonómicos investigados en la causa. Una tesis que sugería que, si el Consell de Mazón no reaccionó antes y mejor a la tragedia, fue porque organismos estatales, como la Aemet o la CHJ, no le reportaron con antelación la magnitud de la peor catástrofe del siglo. Las pesquisas han acreditado que la Aemet declaró a primera hora de la fatídica jornada una alerta roja, la máxima en la escala, y que la propia Generalitat barajaba información sobre el riesgo. Pese a este aluvión de datos, Mazón mantuvo su agenda institucional intacta y no suspendió el almuerzo de casi cuatro horas que celebró con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante de Valencia El Ventorro y que se desarrolló mientras se inundaba el barranco del Poyo, génesis de la desgracia, a su paso por poblaciones como Chiva o Cheste. La jueza, de nuevo, cita en su último auto como ejemplo de gestión de la Generalitat el Es Alert, la alerta masiva a móviles que la admnistración valenciana envió a las 20.11 horas del 29 de octubre de 2024, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto.