La Fiscalía retira la acusación contra la empresa pública Mercasa por pago de mordidas en Angola

Mercasa no será finalmente juzgada por el caso de corrupción internacional que lleva su nombre. La Fiscalía Anticorrupción ha retirado la acusación contra la empresa pública que gestiona los mercados de abastos en España justo al inicio del juicio que ha comenzado a celebrarse este lunes en la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones ilegales, entre 2006 y 2016, a autoridades y funcionarios de Angola para conseguir contratos, como la construcción de un mercado en la capital del país africano. Según ha indicado el representante del Ministerio Fiscal, la sociedad es “inimputable” porque no fue hasta 2015 cuando se introdujo en el Código Penal la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El conocido como caso Mercasa se inició 2018, como derivada de la investigación judicial relativa a la presunta venta irregular de armas en Angola a través de Defex, otra empresa parcialmente pública dedicada al comercio de armamento. Desde entonces, Mercasa ha estado encausada en este procedimiento, cuyas pesquisas dirigió el entonces juez instructor José de la Mata. Su sustituto y actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, sentó a Mercasa (que además ostenta también la condición de acusación) en el banquillo de los acusados en abril de 2022 por el delito de corrupción en las transacciones internacionales junto a 17 personas y otras tres mercantiles, debido a que la Fiscalía Anticorrupción dirigió acusación contra la sociedad, solicitando la imposición de una multa.

La vista oral se ha iniciado casi cuatro años después de que el juez instructor dejara la causa lista para enjuiciar en la sede de la Audiencia Nacional en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, cuyas salas suelen estar reservadas para macrojuicios. En la primera sesión, reservada para el trámite de cuestiones previas ―en el que acusaciones y defensas advierten al tribunal de posibles vulneraciones de derechos, nulidades, falta de competencia y piden la admisión o suspensión de determinadas pruebas―, el fiscal ha confirmado que retira su acusación contra la empresa pública “por ser una sociedad mercantil estatal y tener carácter de inimputable hasta la reforma del Código Penal”, en 2015, en el que se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

La Fiscalía informó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dirige la celebración el juicio, a través de un escrito remitido el pasado viernes, sin embargo la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha pedido que reproduzca dicha petición “verbalmente” para dar traslado a todas las partes.

Entre las personas que se sientan en el banquillo de los acusados figuran el expresidente de la compañía pública, el exdiputado del PP Miguel Ramírez González; los exdirectivos Arturo Cortés de Cruz y María Jesús Prieto Jiménez; el empresario José Herrero de Egaña, sobrino de Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y el diplomático José María Castroviejo, que estuvo destinado en Angola como embajador de España entre enero de 2009 y junio de 2012. La causa se sigue por por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal o asociación ilícita.

Mercasa volvió a aparecer recientemente en prensa el pasado diciembre cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional, registró su sede (entre otras públicas), en el marco de la investigación sobre las presuntas comisiones cobradas por la organización formada por la exmilitante del PSOE Leire Díez, el empresario Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar (vinculada a el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán) y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.