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El Gobierno ofrece incentivos en el impuesto de sociedades para atraer a la patronal al acuerdo del salario mínimo

La patronal y los sindicatos analizarán la propuesta, pero los empresarios ya encuentran inasumibles los requisitos de esta deducción

El Ministerio de Trabajo y el de Hacienda han pactado finalmente una fórmula de incentivos fiscales a las mejoras salariales dentro del impuesto de sociedades o equivalente para atraer a las patronales CEOE y Cepyme al acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). La intención del Ejecutivo, independientemente del nivel de respaldo que tenga la subida, es elevarlo un 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros brutos en 14 pagas. Esta nueva deducción fiscal, aún pendiente de concretar por el Ejecutivo, es la oferta final que ha hecho este lunes Trabajo a los agentes sociales, que ahora deberán consultar con sus órganos de dirección si lo aceptan o no, según han confirmado fuentes asistentes a la reunión. En cualquier caso, el porcentaje de subida es inamovible y es el que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros. Su aplicación sobre las nóminas se hará de forma retroactiva desde el 1 de enero pasado, han informado desde Trabajo.

A falta de concretar numerosos detalles de esta oferta de bonificación fiscal —algo que el Ejecutivo hará esta semana porque Trabajo y Hacienda la siguen perfilando—, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ha explicado que será una deducción en el impuesto de sociedades o equivalente (también para aquellos que tributen por estimación directa, por ejemplo) para las empresas que “tengan una mayor afectación del salario mínimo”. Esto es, para aquellas que tengan un importante número de empleados cobrando este suelo salarial. Si bien determinar ese porcentaje de afectación será una de las cuestiones claves en la evaluación que hagan los agentes sociales de esta medida.

Además de determinar qué empresas podrán acogerse a este incentivo en función del peso de los trabajadores que cobren el SMI, habrá otras dos condiciones para acceder a esta rebaja impositiva. La primera será el mantenimiento de las plantillas. Y, en segundo lugar, las compañías deberán reducir en próximos ejercicios el porcentaje de personas que cobran el salario mínimo en su compañía, con lo que en años posteriores tendrán que elevar los salarios más bajos hasta situar a estos trabajadores, al menos, en las bandas retributivas fijadas por los convenios colectivos que se sitúan inmediatamente por encima del SMI.

En referencia a este último requisito, Pérez Rey ha reconocido que “es una medida muy sofisticada” porque consistirá en que la compensación de la subida del SMI de este año en algunos sectores productivos (a través de la nueva deducción fiscal) quede supeditada a que en ejercicios posteriores estas empresas disminuyan su exposición al salario mínimo"

La propuesta de bonificar fiscalmente las mejoras salariales no convence a los empresarios, al menos de momento. La negociadora patronal, Rosa Santos, ha criticado que la oferta ha sido solo verbal “y sin ningún tipo de concreción”, lo que impide valorarla. Santos ha criticado lo ditados requisitos para beneficiarse de ella al considerarlos directamente “inasumibles” por las empresas. Aún así, las patronales CEOE y Cepyme, han dicho que evaluarán la propuesta tan pronto como reciban los detalles aún pendientes de concretar por parte del Gobierno.

Los sindicatos, por su parte, también esperan una mayor concreción de la propuesta y encuentran varias “lagunas” que deberán aclararse. En este escenario, Pérez Rey ha confirmado que el Gobierno enviará en próximos días los detalles de la medida y el jueves por la tarde volverán a reunirse todas las partes para determinar si hay acuerdo tripartito o no.

La oferta de bonificaciones fiscales hecha este lunes llega después de otra enconada negociación entre Trabajo y Hacienda para determinar si el salario mínimo debía empezar a tributar o no este año. Finalmente, ambos departamentos acordaron mantener este suelo salarial sin tributar en la práctica. Para ello, Hacienda prevé actualizar la deducción que ya aplicó el pasado año de forma que ninguno de los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento tenga que tributar.

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