El Gobierno confirma que quienes cobran el salario mínimo seguirán sin tributar: así funciona la deducción en la renta

El Gobierno no quería de ninguna manera que los responsables del Ministerio de Trabajo (de Sumar) y los del Ministerio de Hacienda (del PSOE) volvieran a tirarse públicamente los trastos a la cabeza a cuenta de si los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) deben o no tributar en el IRPF. Y, aunque estos dos departamentos han estado a punto de seguir con el conflicto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey lo dejó zanjado este lunes al decir que el Gobierno (al completo) “se ha comprometido con los interlocutores sociales a que aquellas personas que reciban el salario mínimo no pagarán impuestos”. Así, ha vuelto a prevalecer la postura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Aunque Hacienda debe concretar aún oficialmente la figura fiscal que utilizará para que el salario mínimo siga sin tributar un año más, fuentes de este departamento han explicado que el ministerio está dispuesto a volver a usar la fórmula de la deducción, como ya se aplicó en la campaña de la renta del pasado año. De hecho, remarcan que la propuesta de subida es la menor planteada por los expertos con la intención de que el SMI no pague IRPF.

Así, Hacienda baraja “actualizar” dicha deducción de forma que ninguno de los beneficiarios que por sus circunstancias personales superen el mínimo exento tenga que tributar. Para ello, a estos perceptores se les han practicado las retenciones habituales por su salario y situación personal y familiar y, posteriormente, debieron realizar la declaración de la renta, donde se les devolvió lo retenido hasta 340 euros anuales. La intención de Hacienda es, por tanto, elevar esta deducción al entorno de los 600 euros para que así, en la práctica, cuando presenten la declaración de la próxima campaña todas las situaciones personales de los beneficiarios del SMI sigan quedando exentas de tributar.

Esta actualización es algo que debe de aprobarse en una ley, ya que no basta con un real decreto, como el que aprobará la subida del salario mínimo. Por ello, aprovechando que el Gobierno debe utilizar una norma con rango legal, la patronal reclama que se incorpore también a esa ley (que no se sabe aún cual será) una relajación de las normas de desindexación del salario mínimo en los contratos públicos que las empresas tienen con las administraciones.

Sin embargo, para llevar a cabo esta relajación de las reglas que impiden a las empresas trasladar a los contratos públicos la elevación del coste salarial que suponen las subidas del salario mínimo no existe aún el mismo grado de consenso nuevamente entre Trabajo y Hacienda y, en este caso, también el Ministerio de Economía. Mientras que el departamento de Yolanda Díaz ha defendido desde 2018 la necesidad permitir toda o parte de esa indexación, los otros dos ministerios económicos siempre se han negado a ello, defendiendo el estricto cumplimiento de la ley de Desindexación aprobada hace diez años (en 2015).

Aquella norma perseguía romper la vinculación automática de precios, salarios, contratos públicos, tasas y pensiones al IPC. Y con ello se pretendía evitar efectos inflacionistas persistentes. Desde entonces esta norma se ha revertido en algunas materias, como la de las pensiones, cuya revalorización ha vuelto a vincularse por ley con la evolución promedia del IPC de cada año, pero no así en el capítulo de los costes en la contratación pública.

De hecho, la propia Yolanda Díaz reconoció este lunes, durante una entrevista en TVE, que mantiene “una discrepancia con el Partido Socialista” respecto a esta demanda de los empresarios, respaldada por Trabajo y por los sindicatos, para relajar las reglas de desindexación en los contratos de las empresas con las administraciones.

Esta falta de acuerdo en el seno del Gobierno de coalición para adoptar esta medida aleja la posibilidad de que los empresarios secunden la subida del salario mínimo interprofesional del 3,1% para 2026, ya que, junto a la exención de la tributación de esta renta, son las dos cuestiones imprescindibles para que la patronal respalde este acuerdo. Así, al menos, lo expresó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquin Pérez Rey, tras celebrar un encuentro con los interlocutores sociales para negociar la subida del SMI. En este encuentro trasladó a empresarios y sindicatos que Trabajo “explorará seriamente” con “los ministerios implicados” (Hacienda y Economía fundamentalmente) la posibilidad de relajar las reglas de desindexación, pero todo apunta que esto es poco factible, de momento.