El Gobierno propone subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026

El Gobierno ha comunicado este miércoles a los sindicatos y a los empresarios su intención de subir el salario mínimo interprofesional en 2026 un 3,1%, hasta alcanzar los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas (17.094 euros al año). Esta renta está fijada actualmente en 1.184 euros mensuales, por lo que la subida supondrá 37 euros más al mes y sus beneficiarios seguirán sin tributar en el IRPF, según ha confirmado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El incremento es menos abultado que el de ejercicios anteriores y supone solo dos décimas más que la inflación registrada en 2025 (el 2,9%, según el dato de IPC adelantado publicado para el mes de diciembre).

Los interlocutores sociales deberán comunicar en los próximos días si respaldan o no esta revalorización. En principio los sindicatos CC OO y UGT darán un sí a lo presentado este lunes, pero, además, tras esta reunión se ha abierto la posibilidad inesperada de que los empresarios también apoyen el incremento del 3,1% —frente al 1,5% que propusieron inicialmente—, según las esperanzas manifestadas por el propio Pérez Rey.

El motivo de este cambio en las patronales ha sido el compromiso de Trabajo de negociar con el resto del Gobierno (ministerios de Hacienda y Economía fundamentalmente) la “relajación de las reglas de desindexación del SMI en los contratos públicos”, ha dicho el secretario de Estado. Esta promesa responde a una vieja reivindicación de sindicatos y patronales —que la reclaman cada ejercicio desde hace años— para poder trasladar las subidas anuales de los salarios mínimos a los costes salariales incluidos en los contratos públicos que tienen las empresas con las administraciones. Eso supone que las compañías adjudicatarias de contratos públicos puedan ingresar más por ellos con motivo de que la retribución de los trabajadores se les encarece.

Pese a esa primera aproximación, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enfriado, apenas dos horas después del término de la reunión del diálogo social, la posibilidad de que se aplique dicha desindexación al admitir que “hay una discrepancia con el Partido Socialista”, que hasta ahora se ha resistido a aceptar esta medida.

En cualquier caso, Díaz ha confirmado que, con el respaldo de la patronal o sin él, la subida será aprobada en breve por el Consejo de Ministros y tendrá efectos retroactivos en todas las nóminas de los cerca de 2,5 millones de perceptores de esta renta desde el 1 de enero pasado.

De esta forma, el Ejecutivo ha optado por la banda baja de incremento de esta renta propuesta por el comité de expertos que planteó un incremento del 3,1% si el salario mínimo seguía sin tributar en el IRPF, o un 4,7%, hasta 1.240 euros mensuales (17.360 euros anuales), si sus preceptores comenzaban a tributar a Hacienda por esa renta. Con esta propuesta, Pérez Rey se ha comprometido a que “los beneficiarios de esta renta no paguen impuestos”, en contra de lo que había pretendido insistentemente el Ministerio de Hacienda.

El compromiso de Trabajo es que el cobro neto de esta renta sea de 17.094 euros al año, para lo que Hacienda deberá adoptar, en los casos necesarios, las correspondientes deducciones que mantengan sin tributar a los perceptores en la campaña de la Renta de 2026. “La propuesta de Trabajo es consensuada con Hacienda; es una propuesta del Gobierno el dejar exento de tributación la cuantía resultante [1.221 euros mensuales]. Y el cómo llevar a cabo esa desgravación, exención o figura tributaria oportuna es algo que dejamos al Ministerio de Hacienda, pero lo más normal es que se siga planteando en los mismos términos que en años anteriores”, ha dicho Pérez Rey.

La ley no obliga al Gobierno a negociar la subida del salario mínimo con los empresarios y los sindicatos, solo debe “consultar”, escucharlos y luego tomar su propia decisión. Si bien tradicionalmente el Ejecutivo sí somete a un proceso negociador esta medida e intenta buscar el mayor consenso posible con los interlocutores sociales. Este año no ha sido una excepción pero, desde el principio, las posturas han estado muy encontradas: los sindicatos plantearon una subida del 7,5% para 2026, mientras que las patronales solo se han mostrado dispuestas, hasta ahora, a que el incremento fuera del 1,5%. Ahora, tras haber introducido la posibilidad de los contratos de las empresas con la administración pública puedan trasladar a sus costes las subidas del salario mínimo (la denominada desindexación) o, al menos una parte de ellas, se abre la puerta a un posible acuerdo tripartito (Gobierno, patronal y sindicatos) para subir el salario mínimo un 3,1% en 2026.

No obstante, los negociadores sindicales de UGT, Fernando Luján, y de CC OO, Javier Pacheco, han insistido en que el compromiso de relajar las reglas de desindexación del salario mínimo en la contratación pública no hará que las centrales modifiquen un ápice sus pretensiones en otras cuestión que para ellos es imprescindible para llegar a un acuerdo: la adopción de los cambios legales necesarios para que las subidas del SMI no puedan ser absorbidas o compensadas por los pluses salariales que cobran los trabajadores.

Aunque los sindicatos han aceptado que el establecimiento de límites a esta capacidad de absorber o compensar las subidas del salario mínimo y otras cuestiones regulatorias para trasponer la directiva europea sobre salarios mínimos se adopten en otro decreto distinto al que aprobará la subida de la cuantía del SMI un 3,1% para este año, Luján ha sido claro: “No vamos a renunciar a que la subida del salario mínimo llegue íntegra a los bolsillos de sus perceptores”. Para ello, el decreto que seguirá negociándose en próximos días debería aclarar que las futuras subidas de esta renta no pueden quedar absorbidas (y por lo tanto anuladas) por los pluses salariales.

Debate sobre la tributación

Tras las polémicas vividas en los últimos años sobre si el salario mínimo debe tributar o no en el IRPF, a medida que esta renta aumenta y se acerca o supera las cifras exentas de tributación, el ministerio que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz encargó, tras el verano, al comité de expertos que elabora la propuesta de subida del SMI que fijara dos escenarios para 2026. Este comité elaboró así un escenario de subida si los beneficiarios del salario mínimo seguían si tributar en la práctica y otro si comenzaban a hacerlo.

El debate sobre la tributación del suelo salarial mínimo legal radica en el aumento sustancial de asalariados que dejan de aportar al IRPF a medida que el salario mínimo aumenta y lo ha hecho en un 61% desde 2018. Un informe reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) llamó la atención sobre una “concentración de trabajadores en torno al nuevo umbral [del SMI] y en los niveles directamente superiores”. Según esto, en 2018 solo el 3,5% de los trabajadores cotizaban por la base mínima —asimilables a los que perciben el SMI—, mientras que solo cinco años más tarde, en 2023, este porcentaje duplicó hasta el 7,4%. Y los que ganan solo un poco más que el salario mínimo avanzan con más fuerza todavía: en 2018, el 7,9% de los trabajadores cotizaban por el 125% de la base mínima y en 2023 eran el 22,8%. Pese a todo, el departamento de Díaz ha conseguido, nuevamente, imponer que el colectivo de trabajadores que percibe el salario mínimo siga sin tributar a Hacienda.