Los expertos de Trabajo alertan del “peligro potencial” de que empleados cualificados o experimentados solo cobren el salario mínimo

El trabajo de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesional (SMI) no se limita a recomendar cuánto debería crecer el suelo retributivo. El informe de este año, como en ejercicios anteriores, hace una lectura profunda sobre otros aspectos, como la comparación del SMI español respecto a Europa o el diagnóstico de quiénes perciben esta renta. También recoge un caudal de estudios que, por lo general, ven efectos positivos del incremento del SMI en la economía: hablan de “un nuevo consenso” científico que aprecia “un impacto claro sobre los ingresos de los trabajadores afectados sin impactar negativamente de forma significativa en el empleo, el desempleo, la tasa de actividad o las transiciones del mercado de trabajo”.

Además de subrayar esos aspectos positivos, los expertos también se esfuerzan en señalar problemas que merecen ser atendidos. Uno de los más destacados que indica el informe publicado este viernes —que recomienda un incremento del 3,1% si el SMI no tributa y del 4,7% si lo hace— es que el rápido incremento del SMI en los últimos años está concentrando a muchas personas cerca del salario mínimo, “con el peligro potencial de que personas trabajadoras experimentadas o con una cualificación media queden dentro de dicha banda”. El SMI ha crecido un 61% desde 2018, de 736 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas en 2025. Es un avance que supera en casi cuarenta puntos a la inflación.

Por cualificación media suelen entenderse los estudios de Formación Profesional. Pero cabe destacar que en otro apartado, el informe también apunta a una mayor incidencia del SMI entre los que tiene estudios superiores: “El análisis de los perceptores muestra que el SMI es más habitual en jóvenes, mujeres y personas extranjeras. Sin embargo, la mayor incidencia del SMI también ha llevado a una mayor presencia de personas mayores de 35 años, con cualificación media y alta”.

Como indican los expertos, este fenómeno es conocido en la literatura económica como bunching o agrupamiento. “El salario mínimo debería ser la referencia salarial relevante solo para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia”, subraya el texto. Este fenómeno, agregan los expertos, tiene “potenciales implicaciones en materia de gestión de recursos humanos que merece la pena estudiar”.

Distintas instituciones económicas vienen advirtiendo de este fenómeno. En un informe reciente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indicó que aprecia una “concentración de trabajadores en torno al nuevo umbral [del SMI] y en los niveles directamente superiores”. Así, mientras que en 2018 el 3,5% de los trabajadores cotizaban por la base mínima —asimilables a los que perciben el SMI—, en 2023 eran el 7,4%, más del doble. Y los que ganan solo un poco más que el salario mínimo avanzan con más fuerza todavía: en 2018, el 7,9% de los trabajadores cotizaban por el 125% de la base mínima y en 2023 eran el 22,8%.

Impacto en la negociación colectiva

Uno de los principales argumentos de los defensores del alza del salario mínimo es que ayuda a elevar el resto de sueldos. La teoría es que, al mejorar el suelo salarial, ello empuja hacia arriba al resto de retribuciones. Los expertos hacen referencia a una investigación reciente del Institut d’Economia de Barcelona sobre los incrementos de 2017 y 2019 —este último es el mayor en década, de un 21,5%—. “Muestran que los efectos se extendieron más allá de los trabajadores directamente afectados, detectando aumentos salariales a lo largo de gran parte de la distribución”, indica la comisión.

De ahí extraen que “la negociación colectiva actúa como un canal de transmisión de los aumentos del SMI, ya que los convenios afectados revisan sus tablas salariales, generando un efecto de arrastre hacia niveles superiores”. Pero, a la vez, los expertos de Trabajo matizan que “aunque existe evidencia de cierta tracción hacia arriba, esta parece ser limitada”.

“Ello invita a preguntarse por qué los aumentos del salario mínimo no se propagan con mayor fuerza al conjunto de la estructura salarial”, agregan los expertos de Trabajo. Para explicarlo, aluden a varias razones contenidas en el mencionado estudio del Institut d’Economia de Barcelona: indican que la normativa actual permite que muchos trabajadores tengan condiciones regidas por convenios peores a los que realmente les correspondería por su actividad; la existencia de trabajadores más precarios, como temporales, subcontratados o inmigrantes en situación irregular, lo que “limita la capacidad de transmisión de los aumentos salariales”; y el “uso extensivo de figuras contractuales como las prácticas o las becas”. Este último factor, dicen los expertos, es “un canal de competencia a la baja que también puede frenar la difusión de los incrementos del SMI hacia el resto del mercado laboral”.

Efecto en las categorías más bajas

En la misma línea, los expertos insisten en el efecto en la negociación colectiva: “La comisión también quiere manifestar su preocupación por el impacto que el aumento del SMI hasta los niveles actuales haya podido tener sobre los salarios mínimos de convenio y la posibilidad de que muchos de ellos hayan dejado de ser relevantes al situarse por debajo de este”.

El informe de los expertos hace referencia a un estudio de Eurofund que recopila información sobre los salarios mínimos negociados en convenios de sectores con salarios bajos. “Estima que en España el 40% de los 67 convenios estudiados establecían salarios mínimos por debajo del SMI. En todo caso, para esa misma fecha la diferencia media entre el salario mínimo de convenio y el SMI era positiva, alcanzando el 16%”, agregan los expertos. También hacen referencia a una revisión de UGT de 514 convenios y revisiones de tablas salariales publicadas en 2025: “El SMI de ese mismo año afectaría a 209, el 40,7%. Esta afectación se produciría en todo tipo de sectores, algunos de ellos, muy alejados de lo que se considera tradicionalmente como ámbitos de actividad más afectados por el SMI”.

La comisión pone como algunos ejemplos de esos sectores que, a priori, cuesta relacionar con el SMI: “Entre esos convenios, estaría XIX Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública (2025-2027) o el VIII Convenio colectivo para despachos de técnicos tributarios y asesores fiscales (2025- 2026)”. “Es importante hacer hincapié”, añaden los especialistas, “en que el SMI no es, ni debe ser, la única herramienta de mejora de las condiciones de trabajo, siendo fundamental, una vez cumplido el mandato de la Carta Social Europea [alcanzar el 60% del salario medio neto], potenciar otras herramientas, como el diálogo social, la negociación colectiva, o la formación”.

Absorción de pluses

Los especialistas convocados por Trabajo abordan uno de los temas que enfrenta al ministerio y la CEOE, la posibilidad de que el ministerio suprima la posibilidad de que las empresas absorban las subidas del SMI con la eliminación de pluses. Los académicos quieren “estimaciones robustas” sobre el porcentaje de personas que perciben el SMI y les pasa justo eso. Dicen que es una práctica “sobre la que han mostrado preocupación las organizaciones sindicales debido a que su aplicación, en ocasiones, se realiza de manera discrecional y poco transparente”. “Esto significaría que la subida del SMI, de facto, podría no estarse traduciendo en todos los casos en una subida del salario percibido, sino tan solo en un cambio de sus componentes”, añaden los especialistas, que también reclaman una mejora estadística para conocer las características de los perceptores del SMI.

La comisión también reclama “mejorar el acceso las estadísticas salariales, incluyendo fuentes administrativas” y hace “énfasis” en la necesidad de mejorar “el conocimiento de los efectos globales del SMI, tanto en lo relativo al empleo, ámbito que ha concentrado la investigación hasta el momento, como en otros ámbitos como la productividad, la inversión de las empresas o las condiciones no salariales de trabajo”.

¿Quién hace el informe sobre el SMI?

Los autores del informe son Begoña Cueto (relatora y profesora de la Universidad de Oviedo), Elena Bárcena (Universidad de Málaga), Javier Muñoz (director general de Política Económica y representante del Ministerio de Economía), Luis Ayala (UNED), Alberto del Pozo (UGT), Libertad González (Universitat Pompeu Fabra), Rafael Muñoz (Universidad de Salamanca), José Ignacio Pérez (ex profesor de Economía en la Universidad Carlos III), César Veloso (director adjunto del Gabinete de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Hacienda), Luis Zarapuz (CC OO), Mariña Fernández y Antonio García (ambos del Ministerio de Trabajo). Los empresarios, voluntariamente, no participan en el comité de expertos y vienen cuestionando sus recomendaciones. Este grupo de trabajo también hizo una recomendación para los incrementos de 2025, 2023 y 2022, pero no en 2024.