¿Qué indemnización tendrán los afectados por el accidente ferroviario en Adamuz?

Los viajeros afectados por el accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba) —al chocar un tren Alvia con dos vagones descarrilados de un convoy de Iryo— tienen derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Como mínimo, recibirán lo establecido en el seguro obligatorio de viajeros (SOV), que fija el pago de 72.121 euros, para los herederos, en caso de fallecimiento. A última hora de la mañana se habían reportado 39 muertes. Más allá de esta cobertura, entrará en juego el eventual seguro de responsabilidad de quien se considere responsable del siniestro.

El seguro obligatorio de viajeros tiene por finalidad indemnizar a las personas que sufran daños corporales durante su desplazamiento en un medio de transporte público colectivo. Forma parte del precio del viaje, por lo que los viajeros están cubiertos solamente por tener el billete. En el caso de daños corporales, las indemnizaciones van desde los 2.400 euros hasta los 84.000 euros que se pagarán a los heridos que sufran graves secuelas de por vida. Estas son las coberturas mínimas que tienen los alrededor de 500 pasajeros que viajaban en los trenes Iryo y Alvia siniestrados, y se ejecutan en menos de tres meses. En el caso de Renfe, el seguro obligatorio de viajes lo tiene contratado con Everest Insurance (Ireland). A partir de este nivel mínimo, las indemnizaciones pueden ser mucho más elevadas, si así lo considera un juez, aunque pueden tardar años en ejecutarse.

Carlos Lluch, director del bróker de seguros Lluch & Juelich, recuerda que ahora habrá que ver el papel de “las aseguradoras que cubren la responsabilidad civil de las empresas implicadas, como son Iryo, Renfe [que operaba el Alvia siniestrado] y Adif [el operador ferroviario dueño de las vías], pero antes habrá que determinar qué ha provocado el siniestro”. Tanto desde el Ministerio de Fomento como desde Renfe han mostrado su perplejidad por un accidente tan grave en un tramo recto, recién reformado, y por el descarrilamiento de un tren casi nuevo.

Las pólizas de responsabilidad civil

El incidente ya está siendo investigado, desde primera hora de este lunes, por un equipo multidisciplinar bajo las órdenes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. Si las pesquisas, al igual que otros informes periciales que se realicen para esclarecer los hechos, constatan que existe algún fallo por parte de la compañía de trenes o del gestor de las infraestructuras ferroviarias (Adif), los perjudicados tienen la posibilidad de abrir la vía judicial civil para reclamar una indemnización de responsabilidad civil. Para iniciar este procedimiento judicial es necesario que “se demuestre una falta de diligencia debida. Es decir, tiene que haber un esclarecimiento de lo que ocurrió”, advierte la socia directora de Dikei Abogados, Rocío Fernández.

Según la Ley del Sector Ferroviario, el solicitante de una licencia de operador —como Iryo o Renfe—, debe tener cubierta la responsabilidad civil en que puede incurrir en el ejercicio de su actividad: por daños causados a los viajeros, a la carga, al equipaje, al correo, a terceros y a las infraestructuras ferroviarias. Las grandes empresas de transporte público suscriben estas pólizas de responsabilidad civil con gigantes internacionales. En el caso de Renfe, mantiene un acuerdo con la australiana QBE. De acuerdo con fuentes del mercado, QBE también cubriría a Adif. En el caso de Iryo, es la multinacional estadounidense AIG quien tiene su póliza.

“Las indemnizaciones por responsabilidad civil serán, en cualquier caso, mucho mayores que las derivadas del seguro obligatorio de viajeros; el problema es que se pueden demorar durante años”, explica una fuente del sector. Este tipo de procedimientos judiciales, añade Fernández, permite ”analizar cada casuística” e individualizar las compensaciones por daños y perjuicios. Por ello, la letrada recomienda que las víctimas conserven “toda la información que tengan” para poder reclamar, como pueden ser los propios billetes de tren, facturas de todos los gastos derivados del accidente, informes médicos, etc.

La principal referencia que suelen tomar los jueces en este tipo de situaciones es el baremo de indemnizaciones de accidentes de tráfico. Este fija el pago de al menos 107.000 euros para el cónyuge de un fallecido (para víctimas de hasta 67 años) y del mismo importe para cada uno de los hijos menores de 14 años. En el caso de heridos, se tendrá en cuenta la pérdida de calidad de vida por las secuelas, la incapacidad para desarrollar su profesión, los daños morales, los estéticos, los gastos que tendrá a futuro por una posible dependencia... En los grandes lesionados, las cifras que abonan las aseguradoras pueden superar el millón de euros.

En las pólizas de seguros entre los operadores ferroviarios y las aseguradoras hay un máximo asegurado, pero “si las indemnizaciones que fijen los jueces son mayores, tendrá que asumirlo el culpable con su patrimonio”, explica el directivo de una gran compañía. Además, una vez que se fije quién ha sido el responsable, las aseguradoras podrán pedirse cuentas entre sí: la de Renfe, por ejemplo, reclamaría el dinero adelantado a la compañía de Iryo.

El precedente de Angrois

El problema al que ahora se enfrentarán las víctimas y familiares de fallecidos es la dificultad para determinar quién es el responsable de un accidente, lo que podría dar pie a iniciar la vía penal. No obstante, esta solo se inicia en los supuestos de negligencia grave. Según explica Rocío Fernández, las diligencias de investigación penal solo se abrirían si existen indicios de “una conducta imputable a una persona bien dolosa o imprudente”, como sucedió con el último gran accidente ferroviario ocurrido en España, el del Alvia de Angrois —que tuvo lugar en 2013—. Esto se debe a que la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas) están tasados para determinados delitos, lo que hace prácticamente necesaria el “componente humano”, apostilla la letrada.

Si un juzgado de instrucción incoara diligencias, los perjudicados podrían personarse como acusación para reclamar una indemnización o podrían adherirse a la acusación pública que ejercería la Fiscalía. En el caso del accidente de Angrois, no fue hasta 2025 cuando el juzgado de Santiago de Compostela falló que QBE (aseguradora de Renfe) y Allianz Global (de Adif) tenían que indemnizar a las víctimas (79 fallecidos y 143 heridos) con el pago de 25 millones de euros. El fallo está recurrido ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

En ocasiones, las aseguradoras afectadas en grandes siniestros van pactando con los afectados el adelanto de las indemnizaciones, a la espera de que haya una sentencia firme que establezca cuánto dinero deben cobrar.

En esta gran catástrofe no tendrá ninguna participación el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo creado para cubrir los daños de catástrofes naturales, como la dana de Valencia de 2024 —un siniestro por el que ya ha desembolsado más de 4.000 millones de euros—. El Consorcio ha cubierto también daños por el terremoto de Lorca o el volcán de La Palma, pero no entrará en juego por este accidente de tren, donde ya hay aseguradoras que se harán cargo de las indemnizaciones.