La mitad de los nuevos fondos que introduce la reforma de la financiación irán a Cataluña

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómico no recoge el cupo catalán que exigían los independentistas al principio de las negociaciones, pero incluye más de un guiño a Cataluña, que se quedará con la mitad de los nuevos fondos que plantea el modelo presentado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda. En concreto, acaparará 216 millones de un total de 1.000 millones con los que está dotado el nuevo fondo climático, y el 70% de los 2.000 millones proyectados del mecanismo IVA-pymes, que permitirá a las autonomías recaudar parte del IVA que las pequeñas y medianas empresas generan en su territorio. Es así que, sumados los dos mecanismos, Cataluña se queda con el 55% del total, según se extrapola de los datos elaborados por el economista Ángel de la Fuente, director del centro de estudios Fedea. Hacienda no ha hecho públicos cálculos al respecto.

El dinero aportado por esos nuevos mecanismos sería, sin embargo, solo un pellizco de los recursos adicionales que recibirían las comunidades con la reforma del sistema. El modelo de financiación presentado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé una inyección adicional de 21.000 millones a la caja común autonómica. El grueso de este importe, 16.000 millones, se conseguiría elevando el porcentaje de impuestos que las comunidades transfieren al sistema, en particular el IRPF y el IVA. El resto procedería de una mayor contribución de la Administración central.

Para entender la modificación que plantea el Gobierno, fruto de un año y medio de negociación con ERC, hay que dar un paso atrás. El sistema de financiación reparte a las comunidades recursos procedentes de una caja común que se nutre de aportaciones del Estado y de los propios territorios. Las autonomías ponen en esa cesta el 75% de su recaudación normativa —calculada sin tener en cuenta eventuales rebajas o subidas fiscales aplicadas en el ejercicio de su gestión—, teniendo cedido el 50% del IRPF y del IVA y del 58% de los impuestos especiales. Además, se incluyen otros gravámenes como transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones o los tributos sobre el juego.

El nuevo modelo prevé ampliar la cesión del IRPF al 55% y del IVA al 56,5%, además de incluir en la caja común figuras como el impuesto sobre el patrimonio, el que grava los depósitos bancarios o el de residuos en vertederos. Es decir, la capacidad tributaria de los territorios aumentaría y se conseguirían más recursos para todos, asignados después en función de la variable de población ajustada —habitantes ponderados por variables geográficas y demográficas—, que ya supone el criterio rector del reparto en el modelo actual y que sufrirá algunos ajustes con la reforma. El objetivo es que todas las comunidades, independientemente de su dinamismo económico, puedan prestar los servicios públicos en condiciones similares: sanidad, educación y servicios sociales.

Quedarían así excluidos del nuevo modelo los fondos de cierre del sistema vigente, que realizaban ajustes en ese reparto inicial con un efecto distorsionador, según el consenso académico. Sin embargo, la reforma prevé nuevos ajustes, como el fondo climático y mecanismo el IVA-pymes, que según De la Fuente “reintroducen la arbitrariedad que con buen criterio se buscaba eliminar”. Y esos recursos extra son los que, según las estimaciones del economista, tendrán como destino preferente Cataluña.

El fondo climático está dotado con unos 1.000 millones, dos tercios de los cuales se destinarán a las comunidades mediterráneas y se repartirán de acuerdo a la población ajustada, según explicó Montero, por ser más vulnerables a efectos ambientales extremos. Una justificación que ha irritado a los territorios del norte e interior peninsular, escenarios de trágicos incendios en los últimos años.

Cataluña sería la segunda comunidad más beneficiada por este fondo, con 216 millones, solo por detrás de Andalucía (234 millones), de acuerdo con los cálculos de Fedea. La Comunidad Valenciana acapararía 141 millones y 105 millones Madrid, mientras que todas las demás se quedarían con menos de 100 millones cada una.

En el nuevo mecanismo de IVA-pymes el desajuste es más pronunciado: Cataluña se quedaría con 1.441 millones de un total de 2.000 que estima Hacienda. Este ajuste prevé que los territorios que así lo soliciten —la adhesión al instrumento es voluntaria— puedan quedarse con parte del IVA que las pymes generan en su territorio en lugar de recibir una transferencia por el índice de consumo, el criterio que se usa actualmente para repartir la recaudación del tributo (basada en el gasto gravado por el impuesto).

Hacienda ha estimado que solo algunas comunidades lo solicitarán, debido a que en la mayoría la diferencia entre el peso relativo del IVA de las pymes y el índice de consumo es negativa. Cataluña se quedaría con tres cuartas partes del total, debido al elevado número de pequeñas y medianas empresas que conforman su tejido productivo. De solicitarlo, la Comunidad Valenciana recibiría 232 millones, 191 millones Madrid, 55 Baleares y 46 Aragón.

Con todo, y aunque De la Fuente tache estos nuevos mecanismos de “arbitrarios”, también reconoce que “el núcleo central” de la propuesta “es muy razonable”: tiene menos distorsiones y reduce la brecha de financiación por habitante. Hacienda, sin embargo, no ha proporcionado información desglosada al respecto, alimentando las ya duras críticas del resto de comunidades (la mayoría del PP), que acusan al Gobierno de haber diseñado un sistema a la carta para Cataluña.

Menor brecha

El índice de financiación por habitante ajustado, expresado en base 100, es la herramienta que permite comparar la posición relativa de cada comunidad, más allá de los euros absolutos que recibe. Un valor de 100 marca la media del sistema, por lo que estar por encima implica una financiación superior y estar por debajo, una posición relativa más débil. Eso es clave en el debate político, por mucho que todas las autonomías mejoren en cantidad de recursos con el plan propuesto.

Con el sistema actual, según los datos de Fedea, la fotografía es clara: nueve comunidades de régimen común se sitúan por encima de la media y seis por debajo. En la parte rasa del índice aparecen territorios como Murcia, la Comunidad Valenciana o Andalucía, mientras que arriba están Cantabria, Baleares o La Rioja.

Tras la reforma, aunque todas las comunidades ganan financiación en euros, el índice revela un cambio significativo en la composición del mapa: la relación se invierte y pasan a ser nueve las comunidades por debajo de la media y seis por encima. Algunas de las históricamente peor financiadas mejoran su posición —como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía —, pero sin llegar a cruzar el umbral del 100. Al mismo tiempo, varias que partían de posiciones muy elevadas descienden de forma apreciable, como Cantabria o La Rioja. Otras, como Extremadura o Castilla y León, pasan de estar sobrefinanciadas a situarse por debajo del umbral de los 100 puntos.

Con ese reordenamiento, la brecha entre el territorio mejor y peor financiado se reduce drásticamente, pasando de los 26,2 a los 18,1 puntos, siempre según los cálculos de Fedea. El centro de estudios, sin embargo, da forma a los números con un método propio, la financiación efectiva a competencias homogéneas, que, además, no tiene en cuenta todos los cambios propuestos por el Gobierno en el cálculo de la población ajustada. Otros académicos como Julio López Laborda, al igual que Hacienda, trabajan con la recaudación normativa de las comunidades. Bajo este prisma, la posición de comunidades como Cataluña o Baleares caería tímidamente, mientras que la de Aragón o Cantabria mejoraría. En este caso, la brecha entre los dos extremos se reduciría hasta los 17,8 puntos.

En el debate político, la infrafinanciación es un concepto relativo. Una comunidad no se considera infrafinanciada porque tenga pocos euros en términos absolutos, sino porque está por debajo de otras con necesidades similares. Con el nuevo modelo se amplía el grupo de autonomías que pueden sentirse agraviadas, aunque paradógicamente reciban más dinero que con el esquema actual.