Crecer y no llegar

Probemos a decirle a un treintañero que vive de alquiler en Madrid o Barcelona que le va tan bien como parece irle al país que habita. España cerró 2025 con un PIB un 2,9% más alto que el año anterior, el doble que la eurozona. En 2026 volveremos a batir al entorno. Pero a quien lleva ya una carrera con doble titulación, un par de másteres o prácticas no remuneradas en el cuerpo, ninguna del todo “de lo suyo”, y ve cómo el piso que podía permitirse hace tres años ahora no, le costará creerlo. Como a la pareja que, sin estudios superiores, se ha atrevido a tener un hijo en el área metropolitana de Valencia y está pensándose el segundo. O a la madre que llegó hace un par de años a España con su pequeña a forjarse una nueva vida.

Las cifras de crecimiento que nos envidian fuera son difíciles de creer para quien empieza dentro porque no las viven en su día a día, en sus inicios vitales. Y el treintañero, la pareja, la madre recién llegada son exactamente eso: gente que empieza. España se está llenando de ellos. Muchos vienen de fuera: el saldo migratorio indica que sumamos unos dos millones de entradas netas entre 2022 y 2024; el 40% de la nueva afiliación es de trabajadores extranjeros. Otros se mueven dentro: en 2024 hubo 1,75 millones de cambios de municipio. Y, en general, tenemos a mucha gente entrando en la vida adulta: los nacidos durante el repunte demográfico de los años dosmil cumplirán entre 18 y 26 años en el año que ahora empieza.

Son buenas noticias: España atrae, crece y se mueve. Sin esto, nuestra economía estaría plana. También nuestras ciudades. Pero plantea un desafío: que la vida sea asequible para quienes llegan depende de los costes a los que te enfrentas y de los ingresos con los que cuentas. Y a estos nuevos inicios ambos lados les fallan.

Primero, los costes. Sobre todo, el coste. Porque la mayoría de estas vidas adultas se inician o se reinician en los sitios con más oportunidades: nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Pero, con datos de Idealista, el alquiler medio en Madrid escaló un 45% entre el cierre de 2019 y el de 2025. En Barcelona: un 48%. Valencia: un 76%. Málaga: un 50%. Y no es solo la vivienda: los alimentos han subido un 30% acumulado desde finales de 2021. En los últimos años, dada su composición, la cesta de la compra ha subido más para los hogares con menor poder adquisitivo.

Así que los costes suben. ¿Y los ingresos, van a la par? Podría parecer que sí: el salario mínimo ha aumentado un 54% entre 2018 y 2024. Pero, con la EPA en la mano, el salario mediano ha subido mucho menos: un 22%. La proporción de trabajadores con salarios de hasta un 125% del SMI ha pasado del 8% en 2018 al 23% en 2023, según la AIReF. Hemos elevado el suelo, pero no arrastrado al resto. Como resultado, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se ha quedado alrededor del 26%: probablemente mejor que sin las transferencias, pero apenas siete décimas menos que hace una década.

Para resolver la paradoja de una economía que crece pero no llega a quienes vienen de nuevas a contribuir a ella hemos optado por transferir renta. Ingreso Mínimo Vital, bonos de alquiler o energéticos; además, ayudas al transporte o a la crianza, rebajas de impuestos. Los primeros tienen un problema de escaso alcance; los segundos, de dedicarle más gasto a quien ya tiene más poder adquisitivo. Y todos comparten un rasgo central: actúan sobre la demanda sin tocar la oferta. Si no hay más pisos, más plazas de guardería, más frecuencias de tren, el dinero extra se lo quedan los precios. Pero hemos apostado por la demanda, y con ello quien empieza puede tener la sensación de hacerlo corriendo en una cinta que cada vez va más rápido: acelera el paso, pero sigue en el mismo sitio.

Claro: si retiras la cinta sin más, la caída será dura. En su lugar hacen falta dos cosas: suelo firme sobre el que pisar y músculo para avanzar.

El suelo es la oferta: vivienda, servicios, infraestructura que esté ahí cuando la necesites. Flexibilizarla para que el mercado pueda responder, e invertir para que lo haga el Estado cuando el mercado falle. Parte de lo que hoy va a transferencias, especialmente a aquellas más disfuncionales, rendiría más en cualquiera de estas cosas. No puede ser que un país haya creado un millón de hogares netos entre enero de 2021 y enero de 2025 (precisamente todas esas personas que empiezan) y solo haya terminado un tercio de esa cifra en nuevas viviendas. Ni que la inversión pública en infraestructuras haya caído del 11% al 8% del PIB en diez años. O que no hayamos decidido a qué dedicar el excedente presupuestario por alumno que nos deja la menor natalidad mientras mantenemos el porcentaje de gasto en educación.

El músculo es la productividad: que tu hora de trabajo valga más porque eres mejor produciendo algo, y entonces tu ingreso suba de manera sostenida. El valor añadido por hora trabajada apenas ha subido un 3% desde 2019. Y los sectores que más empleo crean no son los que más mejoran su productividad. Pretender que solo el SMI arrastre al alza todos los salarios es pretender que puedes legislar el valor de cada hora de trabajo, y por tanto a cuánto se remunera. Para productividad que eleve salarios hacen falta otras cosas: inversión en capital humano que le sirva a un mercado cambiante (usar bien esos euros extra per capita en educación), o empresas con incentivos para crecer en lugar de barreras para hacerlo. Y las transferencias que permanezcan, que entrenen el músculo: tener un ingreso mínimo es buena idea para crear oportunidades; pero si no mejoramos su diseño actual seguirá llegando a pocos y, demasiadas veces, desincentivando el empleo.

Suelo firme para no resbalar. Músculo para avanzar. Eso es lo que necesitan el treintañero, la pareja, la madre que acaba de llegar. Todo lo demás es correr sin moverse. Que crecer sea, por fin, llegar.