Consumo ordena a siete multinacionales retirar anuncios de pisos turísticos en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido este martes a siete plataformas de intermediación turística la retirada de anuncios de alojamientos vacacionales ubicados en asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado. La medida llega tras una investigación que ha identificado 138 ofertas publicitarias consideradas ilícitas en España. Según el departamento que dirige Pablo Bustinduy, los anuncios corresponden a alojamientos situados en más de 200 códigos postales de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. El ministerio no ha hecho públicos los nombres de las empresas multinacionales implicadas.

Consumo ha remitido un primer requerimiento a las plataformas para informarles del contenido ilícito y exigir su retirada o bloqueo inmediato en España. En caso de incumplimiento, advierte el ministerio, podrían adoptarse “posteriores actuaciones”. La medida se produce un día después de que Hacienda publicara en el Boletín Oficial del Estado el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a estos asentamientos, considerados ilegales según el derecho internacional.

Desde el ministerio subrayan que este tipo de alojamientos “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal”. En este sentido, recuerdan una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que instó a los Estados a “tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.

La actuación se enmarca en el real decreto-ley aprobado en septiembre, que establece acciones urgentes “contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”. Esta normativa declara ilícita la publicidad, en España, tanto de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales como de los servicios prestados en ellos.

La presión sobre el sector turístico no es nueva. En octubre, el subsector de agencias de viajes de CC OO remitió cartas a la dirección de varias empresas del sector instándolas a cesar o reducir progresivamente su colaboración con cuatro grandes compañías transnacionales (Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor) que, según denunciaban, comercializan alojamientos en los territorios ocupados, presentándolos como si estuvieran ubicados en Israel.

El departamento que comanda Bustinduy destaca que organizaciones como Amnistía Internacional y otras ONG han denunciado públicamente a diversas plataformas por ofertar este tipo de alojamientos. También señala que la asociación Juristas por el Respeto al Derecho Internacional, que tiene sede en Francia y fue creada con el objetivo de “promover la aplicación del derecho internacional en el contexto del conflicto palestino-israelí”, presentó una demanda a los tribunales franceses contra “un famoso servicio de intermediación de alquiler turístico” (Airbnb, según trascendió en su día) por listar propiedades en asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada.

La investigación del ministerio fue anunciada a finales de septiembre y encargada a la Dirección General de Consumo, que analizó si había empresas comercializando y publicitando en España bienes o servicios procedentes de territorios palestinos ocupados, beneficiándose de la situación de ocupación. Este trabajo se apoyó, entre otras fuentes, en el informe publicado en julio por la relatora especial de la ONU Francesca Albanese, De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, que señalaba a varias compañías por obtener beneficios económicos de la ocupación y denunciaba la existencia de más de 371 colonias y asentamientos ilegales levantados con maquinaria de empresas internacionales, utilizada también para demoler viviendas palestinas.

Además, también en septiembre, Naciones Unidas dio a conocer un informe en el que identificaba a 158 empresas con actividades “preocupantes en materia de derechos humanos” en los territorios ocupados por Israel en Cisjordania, de las cuales 138 eran empresas israelíes y 20 extranjeras, repartidas en diez países. Entre las empresas señaladas destacaban las grandes plataformas turísticas globales Airbnb y Booking.