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Bruselas desbloquea la recta final del plan de recuperación español

La última revisión del programa elimina 17 reformas con rango de ley en la adenda con la que España ha renunciado al 75% de los créditos del fondo europeo

La recta final del plan de recuperación español se despeja. La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a la última revisión que remitió el Gobierno la semana pasada a Bruselas. Con la reforma, España ha eliminado 17 reformas del programa anterior que precisaban de cambios legales que debían contar con el respaldo parlamentario, según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados. Eso allana mucho la llegada de los cerca de 25.000 millones de euros en subvenciones que España tiene pendientes de recibir y deja en 22.800 millones los créditos a los que optará finalmente, tras renunciar al 75% de los préstamos que tenía asignados inicialmente.

Esta séptima revisión del plan de recuperación todavía debe ser aprobada por el Consejo de la UE, pero este paso suele salir adelante sin grandes dificultades. Más complicada ha sido la negociación con el Ejecutivo comunitario hasta que, finalmente, ha dado el visto bueno. “Ha sido una negociación muy bestia”, explicaba hace una semana una fuente comunitaria que conocía el tira y afloja que acabó con una rebaja en la agenda de reformas para facilitar la llegada de esos casi 50.000 millones en subvenciones y reformas, como adelantó EL PAÍS. En total, y si finalmente llega todo el dinero, España recibirá algo más de 102.000 millones.

La debilidad parlamentaria del Ejecutivo sirve para explicar por qué se han eliminado esas 17 reformas legales. También pone de su parte la necesidad que tiene Bruselas de presentar como un éxito el programa inversor más ambicioso de la historia de la UE, el Fondo de Recuperación y Resiliencia puesto en marcha para amortiguar el impacto de la pandemia. Y eso exige que vaya bien en Italia y España; entre ambos superaban de largo la mitad de los 637.000 millones asignados.

En el caso de los créditos, hay otra explicación adicional. La situación económica española ha mejorado mucho desde 2020. La rentabilidad que exigen los inversores cuando el Tesoro del Reino de España les pide prestado es prácticamente la misma que cuando lo hace la Comisión Europea. Esto ha llevado al Ejecutivo a concluir que ya no merece la pena asumir las obligaciones políticas que conlleva aceptar el dinero prestado de la UE. Además, al ser préstamos, ese dinero, unos 60.000 millones, engrosaría el volumen de deuda pública española en cerca de cuatro puntos sobre el PIB.

Otro punto clave para reducir la ambición de los créditos a pedir en 2026 es que el dinero tendría que estar gastado antes de acabar el año. Eso pondría a todas las administraciones españolas ante el reto, casi imposible, de ejecutar la inversión de más de 100.000 millones en menos de 12 meses, una tarea hercúlea para una administración que no se caracteriza por un gran nivel de absorción, como ha señalado Bruselas en más de una ocasión. El ministro Cuerpo lo ha admitido: “Más allá del impacto en términos de deuda, que es relevante porque estamos hablando de cuatro puntos de PIB, 60.000 millones, hay un elemento fundamental que es el límite temporal en la capacidad de utilización de los fondos”.

Más en detalle, el titular de Economía, unas horas antes de que llegara el visto bueno de la Comisión, ha explicado que se han revisado 160 medidas y se han eliminado esas 17 reformas legales que han dejado de estar pendientes. Entre las normas necesarias para que se liberen los fondos restantes está la ley de regulación de los lobbies, la de movilidad sostenible, la del mercado de valores y la equiparación de la fiscalidad del diésel a la gasolina, que el Gobierno había comprometido en el anterior desembolso y que finalmente se chocó con el no del Congreso —y supuso una minoración de las ayudas—.

El ministro ha añadido que 12 de las 17 reformas eliminadas no están relacionadas con recomendaciones específicas dirigidas a España, ni con retos estructurales identificados por la Comisión Europea. Por ejemplo, la ley del cine o de modernización de la pesca, que sin embargo seguirán la agenda legislativa del Gobierno, ha asegurado. Sobre las otras cinco, ha afirmado que se sustituyen por otras de “similar ámbito y ambición”.

Cuerpo ha insistido en que el ritmo de ejecución de los fondos ha cogido impulso en los últimos tiempos. “Hemos crecido en torno a los 4.200 millones en estos dos meses en convocatoria resueltas (...). Este ritmo de ejecución mensual se está acelerando, unos 2.100 millones al mes estos últimos dos meses, por encima del promedio anterior”, ha puntualizado. “Por lo tanto, estamos yendo de la mano de este impulso final para ser capaces de ejecutar la totalidad de esos 80.000 millones asignados en transferencias”, ha añadido.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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