La deuda pública baja al 103,2% del PIB en el tercer trimestre, pero marca un récord de 1,7 billones

La deuda pública ha alcanzado un nuevo récord en el tercer trimestre del año. Su saldo ha roto por primera vez la barrera de los 1,7 billones de euros para el conjunto de las administraciones —central, comunidades, entidades locales y Seguridad Social— tras experimentar un repunte del 4,5% interanual. En cambio, ha registrado un descenso en tasa sobre el PIB, la variable que mejor refleja la sostenibilidad de las cuentas públicas. La ratio bajó al 103,2% hasta septiembre, un punto porcentual menos en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados este lunes por el Banco de España.

No es contradictorio que las obligaciones financieras del sector público crezcan en volumen y bajen en tasa sobre el PIB. A medida que la economía crece más que la deuda, el pasivo se hace menos pesado porque el PIB representa el denominador de la ratio. Y la actividad española progresa a un ritmo sostenido, con un avance proyectado para este año en el entorno del 3%, más del doble del previsto para la zona euro. De hecho, las principales agencias de calificación de la deuda soberana han mejorado la nota para España a raíz de la buena marcha de la economía, que hace más asumible el coste de la deuda.

La administración central ha sido el subsector con los números rojos más abultados en el tercer trimestre del año, una foto habitual puesto que soporta las mayores cargas. Su deuda creció en importe un 4,5% interanual y acaparó el grueso del total. En septiembre, rebasó los 1,57 billones, una cifra que representa el 94,8% del PIB, según el supervisor bancario.

Sin embargo, la administración que más ha elevado sus compromisos financieros ha sido la Seguridad Social, con un aumento de su deuda del 8,6% en volumen y del 7,6% en términos de PIB con respecto al año pasado, hasta los 126.000 millones de euros. El repunte se explica por los préstamos que recibe del Estado y que se han convertido en una necesidad para que el organismo pueda financiar su desequilibrio presupuestario ante las crecientes presiones sobre el gasto, particularmente por el aumento de la factura de las pensiones.

Las comunidades autónomas experimentaron un alza más contenida hasta el tercer trimestre, de un 1,7%, hasta los 339.000 millones de euros, que supone un 20,4% del PIB. No obstante, solo cinco territorios lograron contener sus números rojos por debajo del umbral máximo del 13% que fija la ley de estabilidad: Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). Las autonomías con las tasas más elevadas fueron las que menos recursos por habitante reciben del sistema de financiación: Comunidad Valenciana (40,5%), Murcia (30,2%) y Castilla-La Mancha (28,5%). En cuarto lugar se sitúa Cataluña (28,4%), que pese a tener una financiación en la media presenta la deuda más ingente en términos absolutos.

Las entidades locales, que agrupan a ayuntamientos, diputaciones y cabildos, registraron en cambio un retroceso de sus números rojos del 2,8%. Su deuda alcanzó los 22.000 millones de euros, equivalentes al 1,4% del PIB. Madrid, por sus dimensiones, es el municipio con el pasivo más abultado en volumen (2.100 millones), pero entre los grandes ayuntamientos fue Barcelona el que registró la mayor deuda por habitante (788 euros).

El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a rebajar la deuda pública hasta el 101,7% este año, después de cerrar en el 101,8% del PIB el ejercicio pasado. Las proyecciones contenidas en el plan fiscal de medio plazo, el documento donde los Estados miembros trazan su hoja de ruta económica para los años futuros, determina que la tasa retroceda al 100,9% en 2026, al 100% en 2027, y se sitúe en el 99,1% en 2028.

El Gobierno fía esta reducción de la tasa de deuda al crecimiento económico, puesto que la fragmentación parlamentaria le está impidiendo aprobar medidas de consolidación para reducir a un ritmo más rápido los desequilibrios fiscales. El último ejemplo del bloqueo en este ámbito es el rechazo del Congreso a la senda de déficit, por dos veces seguidas, lo que aleja la posibilidad de tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. Actualmente, siguen vigentes las cuentas de 2023, las últimas a las que el Ejecutivo de coalición logró dar luz verde, que se volverán a prorrogar el 1 de enero del próximo año.