Las empresas españolas en el Reino Unido señalan como obstáculos el impacto de la subida de impuestos y la rigidez laboral
El VII Barómetro sobre Clima y Perspectivas de Inversión Española recoge que la inversión directa en territorio británico sigue registrando cifras récord


La integración de las empresas españolas en la economía del Reino Unido es intensa, y cualquier pequeño temblor en la realidad política o fiscal del país repercute en ellas. Los directivos de las más de cien compañías consultados para la realización del VII Barómetro sobre Clima y Perspectivas de Inversión Española, que Analistas Financieros Internacionales (AFI) realiza para la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido desde 2019, han señalado las políticas impositivas y la regulación del mercado laboral como los dos factores que mayor impacto pueden tener en sus decisiones de inversión. Justo los dos aspectos que más fricciones han provocado entre el Gobierno laborista de Keir Starmer y las empresas británicas.
En cualquier caso, el Reino Unido sigue siendo el segundo destino más importante a nivel mundial para la inversión española, con un stock de 83.000 millones de euros en 2023, año del que se disponen los últimos datos. Aunque la cifra supone una contracción del 9,5% respecto al año anterior, representa el segundo volumen más elevado en términos históricos. Desde 1993, el territorio británico ha recibido 170.940 millones de euros en flujos acumulativos de inversión directa.
“Las empresas españolas están generando cerca de 140.000 empleos directos e indirectos por todo el país. No se dedican solo a invertir, según nos dicen los datos, sino que crean valor añadido”, señala el presidente de la cámara, Juan Carlos Machuca. “No podemos ignorar los desafíos globales a los que hacemos frente, con un riesgo geopolítico más elevado, conflictos vigentes y tensiones comerciales, incluidos los aranceles de Estados Unidos, que están dando forma a un escenario internacional más complejo. E incluso en este contexto tenemos motivos para ser optimistas”, afirma.
Los datos acumulados en 2024 dan muestras de recuperación. La inversión directa española roza los 5.000 millones de euros, y confirma al Reino Unido como el segundo destino después de EE UU. La mayor actividad reside en las telecomunicaciones (60,5%, o 2.950 millones).
Impuestos y regulación laboral
A punto de producirse un cambio en el Gobierno del Reino Unido en el verano de 2024, después de catorce años de dominio del Partido Conservador, los empresarios españoles consultados por el barómetro expresaron su confianza en que el nuevo Partido Laborista emprendiera una reforma que aliviara la carga impositiva. A la vez, confiaban en que el Ejecutivo entrante se comprometiera a facilitar la contratación de trabajadores de terceros países, particularmente de Europa, con un método más simple para la obtención de visados.
La realidad ha acabado siendo un jarro de agua fría. Aunque los laboristas se habían comprometido en su programa electoral a no subir el impuesto de Sociedades, las empresas han sufrido el impacto del ascenso de las cuotas de la Seguridad Social impuestas al contratador (National Insurance, en el término inglés) cerca de un 1,2%, con umbrales salariales más bajos para comenzar a pagarles.
Del mismo modo, el Gobierno de Starmer ha apostado por intensificar y endurecer sus políticas migratorias, con lo que la incorporación de trabajadores extranjeros al mercado laboral británico se ha vuelto aún más complicada.
Las empresas consultadas para la realización del barómetro señalan esas dos circunstancias como las más relevantes a la hora de condicionar sus decisiones de inversión.
De modo más general, los dos factores que, según admiten los consultados, pueden tener un impacto importante en los próximos doce meses de la compañía son la inflación, que en el Reino Unido sigue siendo algo más elevada que en la UE, y las tensiones geopolíticas actuales.
Sin embargo, dos acontecimientos que han contribuido a mantener el optimismo de las empresas inversoras han sido el acuerdo bilateral firmado el pasado mayo entre el Reino Unido y la UE, así como el que poco después rubricaron Pedro Sánchez y Keir Starmer en Londres.
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