El Gobierno admite que la ley de Industria está paralizada por falta de apoyo parlamentario

El Gobierno reconoce que la Ley de Industria y Autonomía Estratégica va a seguir estancada en el Congreso de los Diputados. Así lo ha ratificado el comisionado especial para la Reindustrialización (dependiente del Ministerio de Industria), Jaime Peris, que ha asegurado este miércoles que la legislación actualmente “no tiene mayoría” en la Cámara Baja a pesar de que el “90% de los ponentes de todos los sectores políticos, empresariales, sindicales y universitarios” comparten el texto, que obliga a las empresas a avisar con nueve meses de antelación a la hora de plantear un ERE e introduce otros requisitos en estos procesos. En el evento El impacto de la ley de industria en los procesos de reestructuración organizado por LHH, la consultora de recolocación y reindustrialización del Grupo Adecco, Peris ha afirmado que el contexto actual “no les ayuda”, sin referirse explícitamente a la ruptura parlamentaria de Junts con el Gobierno, pero que van a seguir negociando para garantizar “las bondades de actualizar la ley, ya que es beneficiosa para todos los sectores”, que lleva 33 años sin ser modificada.

En esta jornada, en la que han participado tanto empresarios como representantes sindicales, también se ha mencionado el caso de Amazon, que planteó el mes pasado un ERE para 1.200 trabajadores en sus oficinas corporativas de Madrid y Barcelona. El adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CC OO, José Antonio Hernández, ha destacado que la actual legislación ha permitido que la multinacional presente una “propuesta indecente” con condiciones “casi irrenunciables”. Si se hubiesen cumplido las exigencias que establece el texto propuesto por el Gobierno, la compañía tendría que haberlo avisado con nueve meses de antelación. Estas mismas exigencias hubieran sido obligatorias para Telefónica, que planteó un ERE esta semana que afectará a entre 6.000 y 7.000 empleados.

Este nuevo plazo ha sido uno de los temas que más debate ha suscitado entre los ponentes. Jesús Blanco, director de recursos humanos y proyectos estratégicos de Bridgestone, ha afirmado que el nuevo periodo de tiempo que establece la ley no es correcto porque genera un “alargamiento del proceso excesivo” que puede generar “un cisma” entre empresas y administraciones. Marcos Huergo, presidente de LHH, señala que estos nueves meses “generan mucha incertidumbre, también a la administración pública”. Hernández, por su parte, ha defendido que este plazo es “razonable” porque “da tiempo para abordar de forma más rigurosa” todas las implicaciones que tiene un proceso de despido colectivo o de reestructuración de las plantillas. Esta comunicación sería necesaria, según recoge el texto, cuando una compañía anuncia una reducción superior al 65% de la producción en un mismo centro de trabajo; una disminución de 500 o más personas en la plantilla de un mismo centro de trabajo; o una reducción acumulada de 750 o más empleos en un conjunto de empresas dentro de un mismo territorio geográfico.

Otra novedad que recoge la legislación es que las compañías que hayan recibido ayudas públicas por un valor superior a los tres millones de euros estarán obligadas a devolverlas si plantean esta medida de reducción de plantilla a la Secretaría de Estado de Industria. En palabras de Peris, esto implica que las “empresas no tomen decisiones súbitas que comprometan las expectativas industriales de los territorios”.

Tras comunicar esta decisión, la ley prevé que se convoque una Mesa de Reindustrialización con el objetivo de que se revierta la decisión o se busquen medidas alternativas que minimicen los impactos de estos despidos, pero de momento no establece que sea obligatorio. El representante de CC OO ha defendido que esta mesa debe ser preceptiva mientras que el alto cargo de Bridgestone ha sugerido que “se debe incentivar” el establecimiento de esta medida.

En este debate también ha estado presente el Director General Empresas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Santiago Baeza, que ha defendido la necesidad de aprobar esta legislación pero ha pedido que se introduzca de manera más clara “la cogobernanza” y una “mayor participación de las comunidades autónomas” en su desarrollo. Además, ha afirmado que siguen negociando con la empresa de la industria automotriz Mahle el ERE que afectará a 466 empleados de la fábrica en Motilla del Palancar (Cuenca) para lograr que “fabrique otros productos” o que otra compañía “pueda instalarse y desarrollar” en esta localidad su actividad.