Las claves del ERE de Telefónica: del coste político a mejorar las condiciones de 2024

La dirección de Telefónica comunicará este lunes a los sindicatos con mayor representación (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) su intención de realizar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). El propósito es reducir costes y mejorar la eficiencia en cumplimiento del nuevo Plan Estratégico 2026-2030 que apuesta por la disciplina financiera. Pero el ajuste también tiene una deriva política porque se produce en una empresa en la que el Estado es el principal accionista. Estas son las claves para entender la operación.

Afectación. La cifra inicial de salidas se estima entre 6.000 y 7.000 trabajadores ―entre el 24% y el 28% de la plantilla total en España―, aunque este número se rebajará notablemente durante las negociaciones como sucedió en el ERE de 2024, que pasó de 5.124 de la propuesta inicial a 3.421 trabajadores afectados finalmente. A diferencia de este ajuste, el actual no solo afectará a las tres filiales principales ―Telefónica España, Móviles y Soluciones― que están bajo el amparo del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV), sino también a la televisión Movistar+, las filiales Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital, y el centro corporativo.

Calendario. La empresa quiere un proceso rápido para poder imputar los costes del ERE en las cuentas del presente ejercicio fiscal. El procedimiento comenzará este lunes con la comunicación del ajuste a los comités intercentros de cada una de las siete divisiones afectadas. La legislación laboral española establece un calendario estricto: la empresa dispone de 15 días desde esta comunicación para formar la mesa de negociación. Una vez constituida, la dirección y los representantes de los trabajadores tendrán un plazo de 30 días adicionales para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas de las salidas. Si se agotan los plazos máximos —un mes y medio en total—, la firma del acuerdo se podría alcanzar a tiempo el objetivo, bien antes del 31 de diciembre de 2025, o a principios de enero de 2026.

Negociación. El ERE será negociado por los sindicatos mayoritarios UGT, CC OO y Sumados-Fetico, que ya firmaron el acuerdo de 2024. El clima de consenso es total tanto entre los sindicatos como con la dirección de la empresa, un clima de entendimiento que se consolidó con la firma del primer marco social de la compañía el pasado octubre. Este importante acuerdo previo logró unificar los derechos y compromisos de toda la plantilla en España, sin importar el convenio específico de cada trabajador.

Condiciones. La máxima prioridad de los sindicatos es la mejora de las condiciones económicas de salida para igualar o mejorar las del ERE de 2024, con bajas y prejubilaciones voluntarias. En aquella ocasión, los requisitos para acogerse al plan eran tener 56 años o más y una antigüedad de 15 años en la compañía. Las indemnizaciones se estructuraron por tramos de edad: los trabajadores con 56 años percibieron el 68% del salario regulador hasta los 63 años y el 38% hasta los 65; para los nacidos entre 1964 y 1967, la retribución fue del 62% del salario hasta los 63 años y del 34% hasta los 65, además de una prima de 10.000 euros por acogerse voluntariamente. Los trabajadores nacidos en 1963 o antes recibieron el 52% del salario hasta los 63 años y el 34% hasta los 65, junto con la misma prima de voluntariedad. Adicionalmente, el acuerdo incluía coberturas como el pago de la cuota de Seguridad Social del empleado durante el paro, y un seguro colectivo hasta los 63 años (o hasta los 65 en el caso de supervivencia).

Coste. Telefónica provisionó alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para cubrir el coste de las 3.421 salidas de 2024, lo que supuso un gasto aproximado de 380.000 euros por empleado. Con el mismo baremo, el nuevo ERE puede disparar el gasto hasta los 2.000 millones. No obstante, todo ese desembolso corre a cargo de Telefónica. Y es que aunque el Estado asume inicialmente los costes sociales derivados de los despidos (como las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la jubilación), este impacto se ve compensado por la denominada “Cláusula Telefónica”, que se legisló precisamente por un ERE masivo en la operadora en 2011. Esta cláusula obliga a las grandes empresas que realizan despidos colectivos con trabajadores de edad avanzada (mayores de 50 años) y con beneficios económicos sustanciales a reintegrar una parte o la totalidad del coste de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones (Convenio Especial con la Seguridad Social) para evitar que recaigan íntegramente sobre el Estado.

Repercusión en las cuentas. El diseño del ajuste será muy similar al que se aplicó en el último ERE. Entonces, la empresa anunció el 4 de diciembre de 2023 un ajuste para 5.124 trabajadores y, tras menos de un mes de negociaciones, se firmó el ERE el 4 de enero de 2024, mejorando las condiciones iniciales y reduciendo las salidas a 3.421. El coste del expediente se imputó en el cuarto trimestre de 2023 para agrupar todas las pérdidas en ese ejercicio (892 millones de euros). En el caso presente, la compañía que preside Marc Murtra quiere imputar el importe del ERE en el presente ejercicio fiscal, en el que Telefónica acumula ya unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros hasta finales de septiembre, debido a las minusvalías provocadas por la venta de varias filiales hispanoamericanas (Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia). De esta forma, los números rojos se concentrarían en 2025 dejando limpio el balance de 2026.

Objetivo. El nuevo ERE es un elemento clave del Plan Estratégico Transform & Grow, cuyo ambicioso objetivo es elevar el recorte de costes de 2.300 millones de euros en 2028 a 3.000 millones en 2030. Según admitió el consejero delegado del grupo, Emilio Gayo, estas metas de ahorro incluyen las partidas de personal. Un acuerdo con los sindicatos aseguraría ahorros anuales estimados entre 300 y 500 millones de euros, dependiendo de su alcance. Esta acción no solo generaría un ahorro inmediato, sino que también serviría para transmitir al mercado la firme voluntad del equipo directivo de cumplir con su compromiso de disciplina financiera. Además, la imputación de los costes del ERE en el balance de 2025 es vista como una “buena noticia” para los accionistas, ya que no afectará al dividendo que recibirán en los próximos años a partir de 2027 porque el cálculo del mismo está referenciado a las indemnizaciones laborales.

Conflicto político. El ERE tiene una deriva política, puesto que el Estado, a través de la SEPI, es el principal accionista de la operadora, con la compra en 2024 del 10% del capital por 2.285 millones de euros. A propuesta suya fue nombrado en enero de este año su presidente, Marc Murtra, principal responsable del Plan Estratégico y, por tanto, del ERE. De esta forma, el Estado financiará indirectamente el coste del ajuste, una medida que choca con las posiciones de miembros del Ejecutivo como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha quejado en repetidas ocasiones de los ajustes masivos de plantillas en las grandes empresas con beneficios (la última vez con el ajuste de 1.200 trabajadores de Amazon).

Reducciones históricas. El nuevo ERE se une a una larga lista de ajustes que han reducido la plantilla de Telefónica en España en cerca del 80% de la que tenía cuando aún era un monopolio público de las telecomunicaciones. Solo entre 1997 (cuando se completó la privatización de la compañía) y la actualidad, la empresa ha pasado de emplear en España de 67.000 a 18.305 trabajadores con los que cerró 2024 en las tres filiales acogidas al CEV, 25.000 si se suman también otras sociedades como Movistar+, Global Solutions y el centro corporativo.