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Murtra estudia aplicar un ERE dentro de la revisión plan estratégico deTelefónica

El ajuste laboral se plantearía en la línea del acordado con los sindicatos en 2024

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, durante la junta de accionistas, el pasado 10 de abril.
Ramón Muñoz

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, está analizando un ajuste de personal dentro de la revisión estratégica de su plan de negocio. En concreto, estudia un recorte de entre 4.000 y 5.000 personas en España para reducir los costes de estructura del grupo y mejorar su eficiencia, según publica El Confidencial, que ha adelantado la noticia. El recorte se llevaría a cabo mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La compañía ha declinado hacer ningún comentario sobre la información.

Esta reducción de personal se plantearía en la línea del acordado con los sindicatos en 2024y que supuso la salida de 3.421 trabajadores, bajo el mandato de su predecesor en el cargo, José María Álvarez‑Pallete.

La diferencia con los anteriores planes es que el que proyecta Murtra está siendo consensuado con el Gobierno, primer accionista de Telefónica desde que el pasado año la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tomase el 10% de la compañía con una inversión de 2.284 millones de euros.

El ajuste, en caso de materializarse, no sería inmediato y además deberá contar con el acuerdo de los sindicatos mayoritarios. El vigente convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV) de Telefónica blinda las garantías laborales de la plantilla hasta el 31 de diciembre de 2026, incluyendo el compromiso de que cualquier medida de ajuste deberá contar con el respaldo sindical.

La fórmula elegida sería la misma que en el último ajuste de 2024, a saber un ERE, en lugar de los llamados planes de separación individual (PSI) que la compañía ha usado para adelgazar la plantilla en cerca de 20.000 efectivos desde 2008. Estos PSI tienen la ventaja de que el trabajador sigue vinculado a la empresa con los mismos beneficios sociales, e incluso puede reincorporarse a la misma en caso de que decida repensar su situación. La desventaja frente a los ERE es el peor tratamiento fiscal de las indemnizaciones por lo que los sindicatos pidieron en el último ajuste que se volviera a la fórmula del expediente de regulación.

La dirección y los sindicatos UGT, CC OO y Sumados-Fetico de Telefónica firmaron a comienzos de 2024 un acuerdo sobre el ERE para 3.421 trabajadores, el 21% de la plantilla de 16.000 empleados de las tres empresas afectadas en España (Telefónica España, Móviles y Soluciones). El coste se cifró en 1.300 millones de euros (antes de impuestos) y la compañía calculó unos ahorros anuales promedio de gastos de 285 millones de euros a partir de 2025.

En cuanto a las condiciones económicas, los nacidos en 1968 percibieron un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; los nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964, se irán con un 62% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, y una prima por voluntariedad a 10.000 euros para este tramo; y los nacidos en 1963 o anteriores recibieron un 52% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, con la misma prima de voluntariedad. En el capítulo de complementos, el ERE incluía reversibilidad de las rentas (en caso de fallecimiento, los herederos legales percibirán las rentas pendientes), abono del descuento de la seguridad social del empleado durante el paro, y seguro colectivo hasta los 63 años (y hasta los 65 años para supervivencia).

Anteriormente, Telefónica aplicó un PSI en 2021 al que se acogieron 2.418 trabajadores, con un coste de alrededor de 1.400 millones de euros. Posteriormente, aplicó otro plan de bajas en 2019 por el que se desligaron de la operadora unos 2.600 empleados, con un coste de 1.700 millones de euros. El anterior plan de bajas se remonta a 2015, que supuso la salida de 6.300 trabajadores con un coste de casi 3.700 millones de euros. No obstante, el ajuste más grande lo ejecutó César Alierta como presidente entre 2011 y 2012, con la salida de 6.800 trabajadores y un coste para la compañía de 2.700 millones de euros.

Murtra, que participó este lunes en las jornadas organizadas del Cercle d’Economia en Barcelona, no hizo ninguna referencia al ERE.

Reducción de las remuneraciones del consejo

Además de esta reducción de plantilla, Murtra quiere recoger la demanda que le hicieron los grandes fondos en la última junta de accionistas sobre la excesiva remuneración del consejo de administración. El presidente de la operadora, como ya sugirió en el turno de respuestas de la junta, estaría preparando una reducción de esos emolumentos, incluyendo el suyo como presidente. Precisamente, el punto del orden del día que suscitó menos apoyo fue el informe anual de retribuciones del consejo, que fue aprobado con el 72,3% de los votos a favor, el rechazo del 11,6% de los accionistas y la abstención del 15,9%.

El 14 de mayo, Murtra presentará los primeros resultados propios desde que es presidente, correspondientes al primer trimestre de 2025, en el que se esperan que la compañía presente fuertes pérdidas debido a las provisiones por la venta de la filial argentina, que tendrá un impacto negativo en las cuentas de la operadora de 1.107 millones de euros.

Reacción de UGT

Desde UGT han señalado que no han recibido ninguna comunicación, “ni oficial ni oficiosa, por parte de la empresa que apunte hacia un proceso de ajuste de empleo como el que plantean los medios”. Para el sindicato, “la llegada de Marc Murtra a la presidencia del grupo y la entrada del Gobierno de España a su accionariado deben suponer una oportunidad para renovar compromisos y reforzar la posición estratégica de la plantilla, no para convertirla en variable de ajuste”.

La organización apunta que están a la espera de que “el nuevo presidente traslade su visión de futuro de forma clara y con responsabilidad hacia las personas trabajadoras, pero, en cualquier caso, UGT consideraría inaceptable que la sostenibilidad empresarial se proyectase nuevamente únicamente desde la óptica de los recortes de plantilla”.

“No toleraremos que una empresa de carácter estratégico, con profesionales experimentados y buenas condiciones laborales, participada por un Gobierno progresista, no apueste por el empleo a largo plazo y de calidad. La nacionalización no es compatible con la destrucción de empleo”, reitera UGT en el comunicado.

En la misma línea, el sindicato Sumados-Fetico ha confirmado que, aunque la empresa no ha convocado a los sindicatos para negociar nada al respecto, su postura sigue siendo la mantenida en el anterior ERE, es decir, que cualquier salida de personal sea universal y voluntaria y que las condiciones económicas sean, como mínimo, las mismas.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.
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