La patronal catalana señala a ERC y PSC como “responsables si hay un apagón en Cataluña en 2030”

El ruido en el debate nuclear sube de decibelios en Cataluña, con efectos colaterales tanto en la política como en la economía. La falta de apoyos este jueves en el Congreso para sacar adelante una enmienda del PP que buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) ha retratado a las formaciones políticas catalanas, a menudo entre la espada y la pared por esta cuestión. Más del 50% de la electricidad que consume la comunidad autonomía proviene de Ascó y Vandellós. “ERC y el PSC serán responsables si hay un apagón en 2030”, aseguraba en declaraciones a El PAÍS y CincoDías el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, después de que haya decaído la iniciativa parlamentaria.

Aunque todas las miradas apuntaban a Junts por su abstención en la votación de la enmienda —su voto favorable le hubiera dado luz verde—, Sánchez Llibre asegura que no se puede cargar todo el peso sobre la formación de Carles Puigdemont, ya que incluso en ese escenario la abstención de ERC hubiera sido suficiente para que salieran los números. La formación republicana, que votó en contra, había endulzado su posición sobre la prolongación de la vida útil de las centrales en los últimos tiempos, abriéndose a una extensión nuclear mientras no hubiera otra alternativa y las renovables no fueran suficiente para garantizar el suministro. Para los diputados del PSC, no obstante, la cuestión es bastante más incómoda, en tanto un voto a favor de la enmienda del PP implicaría romper la disciplina de voto.

La sensación en el entorno de las formaciones catalanas, empero, es que hay tiempo para tomar una posición definitiva, en tanto la decisión sobre Ascó no tendrá que adoptarse hasta dentro de tres años. No obstante, el posicionamiento sobre Almaraz sí revela las contradicciones y servidumbres que afrontan los partidos, con posturas que, en ocasiones, están más influidas por las necesidades políticas del momento que por el propio programa electoral. Precisamente este jueves el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalaba la ley de amnistía del Ejecutivo español al considerar que la norma no es contraria al derecho comunitario en materia de terrorismo ni choca con los intereses financieros de la UE, lo que allanaría la senda a la vuelta del expresident. “Pedirle a Junts que votara en contra de Pedro Sánchez precisamente hoy era pedirle demasiado”, explicaba ayer una fuente al tanto de las conversaciones que se han producido en estos días.

La formación independentista ha querido salir al paso tras su abstención. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, precisó que con esta votación ni se termina nada ni se aclara el problema con las nucleares en Cataluña y apuntó ahí contra el presidente catalán, Salvador Illa, y contra partidos como ERC, con implantación también en alcaldías de Tarragona. En esta línea, subrayó que el 60% de la luz y la energía de los catalanes depende de las nucleares y que, aunque ese “problema sigue existiendo”, hay que tratarlo con rigor y con seriedad. En línea con las palabras de Nogueras, fuentes empresariales aseguran que ERC ha provocado una ruptura dentro del partido en Tarragona, partidario de la abstención hasta que “el PSOE presentara un plan de reindustrialización para Asco y Vandellós que todavía no se ha presentado”.

La cuestión no es sencilla para Cataluña. De ahí la presión empresarial sobre los grupos parlamentarios más concernidos. El pasado martes, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, alertaba de que “los parques protegidos dificultan el desarrollo de renovables”. Esto significa que no hay una alternativa clara a corto plazo con que sustituir a su energía atómica. Y eso, además de poner en riesgo la seguridad de suministro, es un hándicap para inversores con proyectos industriales que necesitan electricidad (centros de datos, gigafactorías, etc.) que podrían dudar de apostar por nuevos desarrollos económicos precisamente por la indefinición en Cataluña sobre qué mix energético tendrá a partir de 2030.

Los problemas para armar un discurso no solo afectan a los grupos parlamentarios. El propio Ministerio para la Transición Ecológica, manifiestamente antinuclear tanto en el caso de la actual ministra, Sara Aagesen, como de la anterior, Teresa Ribera, tendrá que lidiar de la mejor manera posible con la petición de las eléctricas para dar el plácet a la prórroga apenas unos meses después del apagón del 28 de abril. En la propia documentación interna que maneja el Ministerio se deja claro que la posición del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) será clave, en tanto organismo que puede avalar la decisión. “El Ministerio va a actuar de un modo responsable y va a cumplir con todos los requisitos que se habían marcado: se pedirá un informe al CSN sobre los aspectos relacionados con la seguridad nuclear”, justifica. El Ejecutivo central, tanto el ministerio competente en la política energética nacional como Moncloa, llevan meses defendiendo que sólo estudiaran la prórroga nuclear si esta no implica una rebaja de tasas e impuestos como solicitan las compañías.

Fuentes del departamento liderado por Aagesen salieron al paso antes de la votación para dejar claro que la iniciativa del PP, en la práctica, no cambiaba nada, ya que jurídicamente las modificaciones de órdenes ministeriales no eximen de las decisiones que en última instancia tendrán que tomar los reguladores cuando se acerque la fecha de cierre pactada en el calendario nuclear de 2019. Esta implicaba el cese de Almaraz I en 2027 y desde ese momento se irían cerrando todas hasta la clausura de Trillo en 2035.

Dicho calendario es el que ahora está en revisión. Por eso, el valor de la enmienda del PP finalmente fallida era más de corte político y concernía, sobre todo, a la situación de Almaraz. Más allá del escaso impacto que incluso en las eléctricas le otorgaban, el hecho de sumar una mayoría parlamentaria en una enmienda cuyo espíritu es el alargamiento de la vida de las plantas atómicas, suponía un elemento adicional de presión para Transición Ecológica, que en los próximos meses tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de ampliación del permiso de explotación de la central cacereña hasta 2030. Con el elemento añadido de que habrá elecciones autonómicas en Extremadura el próximo 21 de diciembre.

Una vez que las eléctricas han confirmado que quieren ampliar la vida útil al menos de Almaraz -no está claro que haya consenso entre Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para extender la explotación del resto- los partidos tendrán que retratarse. Desde el cierre definitivo que piden Podemos o Sumar hasta la ampliación incondicionada de Vox, todos los demás deberán descubrir sus cartas tarde o temprano.