Las eléctricas y la empresa catalana presionan a Junts y ERC para influir al Gobierno con la prórroga nuclear

El debate nuclear entra en escena en la sede de la soberanía nacional. El PP ha impulsado una enmienda desde el Senado para imponer la revisión del calendario de cierre pactado en 2019 y permitir que se extienda la vida útil del parque atómico nacional.

La cuestión va a obligar a posicionarse a todos los grupos políticos del arco parlamentario en un momento en el que la cuestión está de plena actualidad, dada la petición que las eléctricas han remitido en los últimos días para prorrogar el permiso de explotación de Almaraz (Cáceres) de 2027 a 2030.

Con esta situación, tanto las eléctricas, principales propietarias de las nucleares afectadas, como Foment del Treball, principal asociación empresarial en Cataluña, están presionando a Junts y ERC, señalan varias fuentes al tanto de la situación, ya que ambos partidos son claves en la votación de este jueves: la energía nuclear tiene un peso específico en Cataluña (los dos grupos de Ascó y Vandellós están en Tarragona).

Tanto Iberdrola como Endesa están intentando hacer ver la importancia que tiene la energía atómica para Cataluña. Este mismo martes, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, advertía del riesgo que supone para Cataluña prescindir de esta fuente de generación, que aporta la mitad del abastecimiento donde el desarrollo de renovables va con retraso y tiene dificultades específicas. Fuentes próximas a lberdrola esgrimen el mismo argumento: “Para Cataluña es clave el mantenimiento de las centrales nucleares que aportan el 50% de la energía”.

También fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que Foment del Treball ha estado implicada en que ambos partidos catalanes voten la moción. Sin embargo, aquí consideran que la cuestión energética podría pesar menos que las razones políticas. Al margen de su perfil pronuclear, Junts ha roto relaciones con el Gobierno al que apoyó en la investidura y podría alinearse con Vox y PP para votar esta enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible. Podemos y Alianza Verde pidieron a la Mesa del Congreso que vetara la enmienda, pero finalmente el PSOE y Sumar la admitieron a trámite por no tener afectación presupuestaria.

Efectos limitados

Sea como fuere, tanto en el ámbito empresarial como entre juristas expertos en energía restan importancia a los efectos que podría producir la aprobación de esta enmienda. Descartan, como se ha dejado caer, que si sale adelante implique la prórroga automática de cuatro centrales nucleares (Almaraz I y II, Ascó I y Cofrentes). “La enmienda elimina el cese de explotación definitiva de las órdenes ministeriales de 2020 y 2021; sin embargo, esto no evita la tramitación de prórroga, sobre la que se tiene que pronunciar el CSN y el Gobierno ya está tramitando”, detalla un experto del sector. “Esto se demuestra en que las eléctricas ya han pedido la petición de ampliación para el grupo I de Almaraz pese a que la orden de cese definitivo sigue en vigor”, añade esta fuente.

Lo que sí admiten es el valor político de la enmienda. Antes de que el CSN y el Ministerio para la Transición Ecológica decidan sobre la extensión del permiso de explotación para Almaraz, el Gobierno se puede encontrar con una mayoría parlamentaria a favor de prolongar la vida útil de las centrales en España.

Y la cuestión es un problema para el Ejecutivo. Hasta ahora, ha evitado pronunciarse claramente a favor o en contra. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró este domingo en una entrevista con EL PAÍS su intención de estudiar la petición de las eléctricas de prorrogar Almaraz siempre y cuando no suponga costes extra para los ciudadanos.

Su electorado está dividido en esta cuestión. A nadie se le escapa que en diciembre hay elecciones en Extremadura y allí la prórroga de Almaraz es una cuestión clave desde el punto de vista electoral. Pero los más medioambientalistas no comparten la extensión. Tampoco lo hace su socio de investidura, Sumar, que se ha pronunciado en contra y ha pedido al PSOE que cumpla con el compromiso de investidura de acatar el calendario de cierre actual, que va de 2027 a 2035.

Mientras tanto, figuras relevantes para el socialismo como Felipe González también han entrado al debate en las últimas horas, defendiendo ahora el mantenimiento de esta tecnología.

Entre los partidos catalanes, Junts se ha mostrado partidario de esta energía e incluso Esquerra ha cambiado su discurso. Antes abogaba por el cierre, pero ahora cree que antes debe asegurarse que hay alternativas en territorio catalán. Para Partido Popular y Vox, la cuestión genera menos dudas. Ambos están a favor de prolongar la vida de las plantas pese a que fue el PP quien decretó el cierre de Garoña en Burgos en 2017.

La opinión sobre la nuclear va cambiando

En los tiempos actuales, la opinión pública sobre la energía nuclear ha cambiado. La invasión de Rusia sobre Ucrania demostró la vulnerabilidad que implica rechazar esta tecnología ya que muchas veces eso supone tener que tirar de hidrocarburos del exterior. Lejos quedan los miedos que provocaron el desastre de Chernóbil en la Unión Soviética o más recientemente la catástrofe de Fukushima en Japón. La Unión Europea, muy influida por Francia (uno de los países con más energía nuclear del mundo), decidió declarar esta energía como verde, ya que se trata de una tecnología que no genera emisiones de CO2, el primer elemento a reducir según el acuerdo climático de París en 2015.

A los anteriores argumentos se han sumado los que consideran que la energía nuclear para España también es una garantía para evitar apagones. No obstante, después de los nuevos requisitos solicitados por Red Eléctrica, el Gobierno o la CNMC para evitar que se repita un incidente como el ocurrido el 28 de abril, las propias eléctricas ya han advertido que la tecnología atómica no es la idónea para contener la inestabilidad.

Sin embargo, otras de las claves del debate radica en que, para que se materialicen las prórrogas de las centrales, primero debe existir un consenso entre los distintos propietarios. Iberdrola y Endesa se han mostrado claramente a favor de la extensión de vida, pero Naturgy ha circunscrito su apoyo solo a Almaraz, mientras que EDP ha alertado de los problemas para la inversión en renovables que genera la incertidumbre sobre el calendario de cierre y ha puesto en duda su contribución para evitar apagones.