El Gobierno aprueba el recurso contra la ley que quita las ayudas a sindicatos en Murcia por vulnerar la competencia estatal

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la norma que elimina las subvenciones a la patronal y los sindicatos en Murcia. La medida se adopta a instancias del Ministerio de Trabajo y se articula formalmente como una solicitud del Ministerio de Política Territorial al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que recurra el texto por invadir competencias estatales, indican fuentes del Ejecutivo. La Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en la Región de Murcia fue modificada el pasado julio con los votos de PP y Vox. La semana pasada, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció la intención de llevarla al tribunal de garantías.

El recurso que ha preparado el Gobierno se basa en los argumentos que figuran en un informe del Consejo de Estado, indican las mismas fuentes. Así, el Ejecutivo cree que la redacción del texto abre la puerta a subvencionar solamente a los empresarios y no a los sindicatos más representativos. Por todo ello, el procedimiento solicitará al Constitucional, como es habitual, “que se produzca la suspensión de la Ley autonómica impugnada”.

En el texto del acuerdo en el que este ministerio solicita la presentación del recurso, y al que ha tenido acceso EL PAÍS, se indica que la ley murciana, tal y como está redactada, “supone, de facto, eliminar la financiación en la materia, imposibilitando el ejercicio del derecho de sindicación, afectando también a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral". La norma regional, argumenta, no solo pretende terminar con las subvenciones a los agentes sociales, que califica como “prerrogativas”, sino que elimina también el principio de paridad, según el cual se deben de dar estas ayudas tanto a patronal como a sindicatos.

El Ejecutivo central considera que la propia exposición de motivos de la ley “no deja lugar a dudas respecto del sentido y consecuencias de la modificación introducida y de que esta supone una invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”. Se refiere con ello a que el texto murciano justifica el cambio legal para generar un “ahorro y eficiencia del gasto público”, porque “permitiría reducir el gasto de la Administración regional, destinando esos recursos a otras áreas prioritarias como sanidad, educación o infraestructuras”. La norma también justifica que eliminar las citadas subvenciones “evitará el clientelismo político, ya que estas asignaciones pueden generar dependencia de ciertos colectivos o entidades hacia el gobierno, lo que podría distorsionar la representatividad real de la sociedad civil y favorecer relaciones de influencia política”.

En síntesis, resume el texto del Ejecutivo central, “se elimina la obligatoriedad de establecer, en cada ejercicio, partidas presupuestarias con asignación nominativa para fomentar su participación institucional a favor de las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia aplicando además el criterio de paridad entre las organizaciones empresariales y las sindicales, todo lo cual desaparece de la nueva redacción del artículo 6 de la Ley 5/2017″, aprobada en julio pasado por el PP y Vox.

El visto bueno del Consejo de Ministros de este martes era necesario porque, según indica el Ejecutivo central, el plazo para formular recurso de inconstitucionalidad finaliza este miércoles 29 de octubre de 2025.

El conflicto previo en Castilla y León

Tal y como recordó la ministra de Trabajo la pasada semana ante un auditorio repleto de sindicalistas de UGT, no es la primera vez que un Gobierno autonómico de PP y Vox atenta contra intereses institucionales de sindicatos y patronal. Así, recordó el conflicto que generó en Castilla y León la decisión del Ejecutivo regional —cuya consejería de Empleo estaba en manos de Vox—, de eliminar la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) en los presupuestos autonómicos de 2023, dejándolo sin partida específica.

En aquella ocasión, el Ministerio de Trabajo envió un requerimiento formal a la Junta de Castilla y León para que garantizase la continuidad del Serla inmediatamente, por entender que su desaparición vulneraba derechos laborales. Finalmente, y tras varios intentos de jibarizar al máximo este servicio de mediación, la Junta restableció a finales de 2024 parte de la financiación de la mediación laboral (unos 900.000 euros para el periodo 2023-24) y reconoció la función del Serla.

La vicepresidenta del Gobierno argumentó la pasada semana, tras anunciar el recurso contra la ley murciana, que la decisión de su departamento se basa en que este caso es “mucho más grave” que el intento de eliminación de financiación del Serla.