“Era como un campo de concentración”: la batalla de los residentes del camping de El Portús contra su desalojo

Collin y Margaret Stewart, un matrimonio de jubilados británicos, compraron en 1989 una casa en el camping del Portús, en Cartagena (Murcia, 220.000 habitantes), y se mudaron a ella de manera permanente en el año 2000. La escritora Eugenia Rico encontró en ese mismo lugar en 2006 la que consideraba que sería la casa ideal para desarrollar su trabajo: invirtió 125.000 euros, se empadronó y fijó en ella su residencia permanente. José Juan Leal y Miguel Almagro, que llevaban años veraneando en la zona, también ubicaron su residencia allí en 2020. Pero todos han visto su paraíso particular convertido en un infierno: en agosto de 2023, el complejo cambió de propietarios y la nueva empresa gestora, Taiga, ha decidido no renovarles los contratos de estancia.

Las familias, alega la compañía, son propietarias de las casas, pero no de las parcelas en las que se ubican, que legalmente no se pueden ocupar de manera permanente, y están obligadas a abandonarlas. Para los propietarios, el acoso inmobiliario, la gentrificación y los intereses económicos están detrás de esta expulsión, a la que se enfrentan desde hace dos años.

El camping se ubica en un entorno privilegiado, a pie de playa y en el espacio natural protegido de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, dentro de la Red Natura 2000. Abierto en los años ochenta como espacio naturista (dejó de serlo cuando cambió de propietarios), tiene una zona de acampada para autocaravanas junto a la playa de Cala Morena, y otra ladera arriba con casas móviles, en las que residen los protagonistas de estas historia. Algunas han permanecido décadas en las mismas parcelas, se han comprado, vendido, alquilado e incluso heredado, y sus propietarios han ido añadiendo estructuras fijas, ancladas al suelo, elementos de obra, cerramientos y ampliaciones que han dado lugar al paisaje actual: una especie de poblado en medio de la naturaleza. A día de hoy no son, insiste la escritora Eugenia Rico, casas móviles, porque están ancladas al suelo por esos elementos de obra, y de ninguna manera podrían cambiar su ubicación.

Por eso, tanto ella como el resto de residentes de larga estancia, unos 170 cuando se produjo el cambio de titularidad del camping según los datos aportados por la propia empresa, recibieron con estupor en noviembre de 2023 una notificación de la compañía. Les anunciaba que no renovaría sus contratos de estancia, por lo que deberían dejar libres las parcelas cuando estos vencieran.

Esos contratos los suscribían anualmente los propietarios para ocupar una parcela y usar los suministros de luz y agua. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, especifica que los residentes no tenían “ningún derecho sobre la parcela” y que, si querían renovar la estancia, no sería necesariamente en la misma ubicación. El periódico ha tenido también acceso a varios contratos de compraventa de las casas, que son diversos. En algunos se las denomina “mobile homes”, mientras que otros determinan que el comprador adquiere tanto la casa como la parcela. En todos los casos, se trata de contratos, no de escrituras. Según explica Rico, en la práctica jamás se producían cambios de parcela, básicamente porque no era posible mover las casas. Corroboran su versión José Juan Leal y Miguel Almagro, que compraron su vivienda a otro usuario del camping, permaneciendo en la misma parcela que este venía ocupando desde décadas atrás.

No obstante, la empresa siguió instando a abandonar las instalaciones cuando vencieran los contratos de estancia. En julio de 2024 ya no quedaba ninguno en vigor y se anunció a los residentes de que el complejo iba a cerrar para llevar a cabo una reforma integral. Las obras, insisten desde la empresa, eran incompatibles con la residencia dentro del recinto, por lo que se negoció de manera individual una solución para cada residente. Algunos, señalan las mismas fuentes, se llevaron sus mobile homes, otros las vendieron, hubo quien las dejó en el camping y quien recibió una cantidad económica para asumir los gastos de desmontaje. Una veintena de propietarios se negaron a marcharse y el 1 de octubre de 2024 el camping cerró y comenzaron las obras y, con ellas, lo que estos residentes consideran un auténtico calvario, marcado por las presiones y coacciones constantes de la empresa para abandonar el lugar que se prolongan hasta hoy.

La medida más extrema que tomó la compañía, señala Rico, tuvo lugar el 9 de enero de 2025: ella y otros propietarios como Leal y Almagro habían salido ese día del camping y, cuando regresaron, no les permitieron acceder a sus viviendas. La escritora logró en los tribunales que le autorizasen la salida y entrada a su domicilio; sus compañeros, no. No volvieron a pisar su vivienda hasta el 25 de julio, cuando el camping reabrió al público, ya reformado. La empresa insiste en que la medida estaba anunciada y basada en la propia seguridad de los usuarios, aunque reconoce que cuatro familias permanecieron dentro de las instalaciones durante todo el periodo, entre ellos, los jubilados británicos y la escritora.

Lo hicieron, relata ella, en durísimas condiciones de coacción: había vallas cerradas con candados rodeando las casas y para salir o entrar tenían que esperar a que les abrieran los guardias de seguridad, que les seguían en todos sus desplazamientos. Solo se permitía el acceso a pie, y no en coche. No se permitía la entrada a familiares, amigos o servicios técnicos. Se instalaron focos de alta potencia. Había cortes continuos de agua y de luz. Con su móvil ha grabado decenas de vídeos para testimoniar estas situaciones. “Era como estar en un campo de concentración”, resume. Ha presentado en los tribunales una veintena de denuncias por coacciones y una más tras sufrir un atropello, pero todas ellas han sido archivadas.

También Leal y Almagro relatan la misma situación de acoso, e hicieron lo propio Collin y Margaret, que a principios de octubre difundieron un vídeo en el que lamentaban que “todo este malestar, sufrimiento y lucha por nuestros derechos no habría ocurrido si las Administraciones hubieran afrontado sus responsabilidades y aplicado las leyes”. Ellos, como otros residentes, estaban empadronados en el camping, a pesar de que se ubica en una zona no urbanizable y la legislación española no permite la residencia en este tipo de instalaciones. El Ayuntamiento de Cartagena no ha respondido a las peticiones de información de este periódico.

Apenas unos días después de grabar ese vídeo, el pasado 4 de octubre, Margaret fue hallada muerta en su casa en lo que parece ser un caso de suicidio. Para Eugenia Rico, la presión y las coacciones pudieron con esta pareja de octogenarios y considera que el desalojo ordenado por el camping es un caso claro de gentrificación: “Se pretende expulsar a familias de clase media, que llevan décadas en este lugar, para hacer un complejo de lujo, en un entorno privilegiado, con una cala semiprivada, en el que se paguen altos precios por estancias muy cortas”, subraya.

Para la dirección del complejo, en cambio, la medida no tiene nada que ver con el acoso inmobiliario, sino que es una mera adaptación a la legalidad, ya que la normativa que regula los campings en la Región de Murcia, el decreto 193/2022, que modificó la ley anterior, de 1985, prohíbe expresamente la residencia permanente en campings. En su artículo 9.3, el decreto señala que “la estancia en los establecimientos será siempre con carácter temporal, no pudiendo ser superior a 12 meses” y contempla que los usuarios puedan volver a instalarse “una vez transcurrido un mes completo desde la extinción de la reserva anterior”. El mismo artículo detalla que los usuarios no pueden colocar “elementos fijos que no se correspondan con la estancia temporal”, como suelos, vallados, cierres o elementos de obra. Además, el artículo 39 especifica que los “elementos fijos de alojamiento”, entre los que se incluyen las mobile home, las casas prefabricadas o los bungalows, “no podrán ser propiedad de los usuarios”. “Con esta ley en la mano, la situación que había hasta el momento es completamente ilegal”, subraya un portavoz.

De los 20 propietarios que se han negado a abandonar sus casas, media docena están residiendo de forma permanente en el camping a día de hoy y han iniciado acciones legales para que se les declare “dueños de pleno dominio de las viviendas”. El camping, por su parte, ha puesto en marcha demandas de desahucio. En el complejo, entre tanto, los turistas entran y salen con sus autocaravanas, pasean por la playa y hacen rutas en bicicleta, ajenos a la lucha de los residentes permanentes.