El tirón bursátil e inversor de 2023 estira en 65.000 millones el patrimonio de los ricos de España

El subidón bursátil del año 2023 engordó las cuentas de los inversores, pero también disparó los bienes que las grandes fortunas de España declaran cada año a Hacienda. La base imponible del impuesto sobre el patrimonio, que es el dinero total del que disponen las casi 230.000 personas que atesoran más de tres millones de riqueza, alcanzó en aquel ejercicio los 934.020 millones de euros. Es una subida de 70.000 millones respecto al ejercicio previo, la más abultada de toda la serie histórica si se excluye la relativa a 2021 debido al efecto de la pandemia. De ese aumento, el grueso ―unos 65.000 millones― tiene un origen claro: la revalorización de los activos financieros.

El capital mobiliario, donde se incluyen acciones, participaciones, fondos, bonos y depósitos bancarios, se consolidó así como el núcleo de la riqueza de los contribuyentes más acaudalados. Según los datos de la estadística que actualizó esta semana la Agencia Tributaria, estos activos alcanzaron en conjunto los 708.884 millones de euros, aproximadamente tres cuartas partes del total declarado y un aumento anual del 10%.

La evolución contrasta con la del resto de componentes que conforman la cesta de patrimonio total. Un claro ejemplo son los bienes inmuebles. Esta categoría, donde se incluyen viviendas principales, segundas residencias o fincas, es la segunda por peso total sobre la riqueza, aunque a mucha distancia de la inversión. Sumó 172.989 millones, apenas 5.000 millones más que un año antes (una subida del 3%). El resto del patrimonio se reparte entre seguros, rentas vitalicias, actividades económicas o bienes suntuarios (joyas, yates, coches de lujo...), partidas mucho más estables en la serie y con escaso impacto en el crecimiento global.

Por ejemplo, el valor de las monedas virtuales declaradas superaron los 915 millones de euros, una cifra muy parecida a los 955 millones en los que se tasaron las obras de arte y antigüedades reconocidas. Las joyas, vehículos, embarcaciones y aeronaves sumaron otros 1.228 millones y los seguros de vida alcanzaron los 14.239 millones. Son cifras llamativas si se analizan por sí solas, pero suponen apenas unas gotas en todo el mar de la riqueza reconocida ante la Agencia Tributaria.

Dentro del capital mobiliario, la radiografía por detalles muestra realidades muy distintas. La mayor parte del dinero corresponde a lo que la Agencia Tributaria define como acciones y participaciones en entidades jurídicas no negociadas, que concentran 417.296 millones de euros, un 59% del total. Suelen ser participaciones en empresas familiares, privadas o sociedades no cotizadas. No tienen presencia en los parqués y la información de la que se dispone sobre ellas es limitada, pero suponen el verdadero núcleo del músculo financiero declarado.

En segundo lugar destacan las inversiones colectivas ―fondos y sociedades de inversión―, con 133.938 millones, casi un 19% del capital mobiliario. Les siguen las acciones y participaciones en entidades cotizadas, con un peso algo superior al 10% (76.875 millones); los depósitos en cuentas bancarias, que aportan un 9% (65.429 millones); y, a mucha distancia, la deuda pública y los bonos, con apenas un 2,1% del total (15.346 millones).

El fuerte avance de 2023 tiene varias explicaciones. De un lado está la renta variable. El Ibex 35 cerró el ejercicio con una revalorización superior al 22%, el mayor ascenso en más de una década. El impulso vino sobre todo de grandes compañías como Inditex, Santander o BBVA, que sostuvieron buena parte de la escalada y reforzaron el peso bursátil en las carteras de los contribuyentes.

Pero hay que mirar más allá del parqué. La subida de los tipos de interés devolvió atractivo a la renta fija, que elevó el valor de bonos y obligaciones, y consolidó los depósitos bancarios como producto financiero. Por último, destaca el tirón de las entidades jurídicas no cotizadas, un activo más difícil de monitorizar pero decisivo en la fotografía final.

Diferencias por territorios

El peso del capital mobiliario no se distribuye de forma homogénea en España. Madrid y Cataluña concentran la mayor parte de la riqueza financiera, con 226.311 y 182.927 millones de euros, respectivamente, lo que representa más de la mitad del total declarado (un 31,9% y un 25,8%). A distancia, le siguen la Comunidad Valenciana (67.640 millones), Galicia (60.556 millones) y Andalucía (42.103 millones).

El resto de comunidades autónomas aportan cifras significativamente menores, con porcentajes que oscilan entre el 1% y el 3%. Y en la ecuación faltan los datos del País Vasco y Navarra, para las que no se dispone de información por contar con regímenes fiscales propios. Este reparto refleja en buena medida la concentración geográfica de las grandes empresas y sociedades no cotizadas, así como la localización de los patrimonios más elevados en torno a los grandes centros económicos del país, especialmente Madrid y Cataluña.

El papel de Madrid, sin embargo, es más marcado todavía si se tiene en cuenta el número total de declarantes que hay por autonomía. En 2023, un total de 228.575 personas declararon por el impuesto de patrimonio en las 15 comunidades de régimen común. De ellas, pagaron el tributo algo más de 192.000 contribuyentes, que dejaron una recaudación conjunta en las arcas autonómicas de 1.970 millones de euros.

Madrid, con unos 24.500 declarantes y 10.600 pagadores, aportó un total de 613 millones a la factura autonómica conjunta. Es una cantidad algo inferior a la de Cataluña (664 millones), pero hay que tener en cuenta que la Generalitat contó con 88.300 contribuyentes, una diferencia abismal que se explica porque los umbrales de riqueza que obligan a declarar el impuesto en un territorio y otro son distintos. Por eso, en términos medios, los patrimonios más elevados están en Madrid, con una riqueza por persona de 11,1 millones de euros. Le siguen Galicia (7,6 millones de media), Murcia (7,3 millones) y Andalucía (4,5 millones).

El renacer del impuesto

El impuesto sobre el patrimonio ha logrado emerger en 2023 tras años de horas bajas. El tributo, de naturaleza estatal pero cedido a las comunidades, ha estado tradicionalmente bonificado (ya sea parcial o totalmente) en comunidades de gran peso para la riqueza, como Madrid o Galicia. En los últimos ejercicios se unieron a las rebajas territorios como Andalucía, mientras que otros como la Comunidad Valenciana o Murcia anunciaron su intención de sumarse. Por ello, con el objetivo de poner fin a los recortes fiscales, el Gobierno central creó a finales de 2022 una figura similar a la original en su esencia y estructura, el impuesto sobre las grandes fortunas, pero con una diferencia sustancial: la recaudación iría para Hacienda en vez de para las arcas autonómicas.

Es decir, todos los ricos empezarían a pagar. Lo harían a las comunidades en el caso de conservar el impuesto de toda la vida, o lo harían al Estado en caso de residir en un territorio con rebajas. Ante esta tesitura, los gobiernos regionales no tuvieron más remedio que recuperar el tributo, por lo que los ingresos se dispararon casi un 60% en un año, pasando de los 1.250 millones de euros de 2022 a los 1.971 millones de un ejercicio después.