El Gobierno aprobará el proyecto de ley para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas el próximo martes

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes que será en el próximo Consejo de Ministros del 2 de septiembre cuando se apruebe el proyecto de ley para condonar la deuda de las comunidades autónomas, con el que el Estado pretender asumir hasta 83.252 millones de todos los territorios, a excepción de Euskadi y Navarra, que no forman parte del régimen común. “Nunca antes una Administración había tenido ese planteamiento de quedarse con 85.000 millones de deuda”, ha defendido Montero durante una visita a la zona franca de Sevilla. La dirigente socialista se ha mostrado convencida de que los territorios gobernados por el PP, que se han mostrado contrarios a la medida, dejarán atrás el tacticismo político y acabarán aceptando la quita. “Provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro”, ha sostenido.

El Gobierno ya estipuló en febrero los criterios para el reparto de esa condonación entre autonomías. Andalucía será la comunidad que más se beneficie de esa condonación, con 18.791 millones, seguida de Cataluña, con 17.104, y la Comunidad Valenciana, con 11.210 millones. Madrid, pese a no haber recurrido al FLA, figura también entre las más beneficiadas por volumen absoluto, con 8.644 millones. En el grupo intermedio se sitúan Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010), Castilla y León (3.643), Murcia (3.318) y Canarias (3.259). Las cifras son más moderadas en Aragón (2.124 millones), Baleares (1.741), Extremadura (1.718), Asturias (1.508), Cantabria (809) y La Rioja, que cierra la tabla con 448 millones de euros.

La condonación está incluida dentro del acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC) para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, en 2023. Se aceleró tiempo después, durante la negociación entre las dos formaciones para impulsar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, en la que también se cerró un acuerdo de financiación singular para Cataluña.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el anteproyecto iniciará su tramitación en el Congreso, donde podría encontrarse con el obstáculo de la negativa de Compromís, socio del Gobierno, ya que al tratarse de una ley orgánica se necesita mayoría absoluta. La formación valenciana ha mostrado sus dudas hacia la quita por ser discrecional.

La iniciativa ha contado con la oposición frontal de las comunidades gobernadas por el PP, cuyos consejeros abandonaron el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de febrero para debatir la condonación de la deuda, en señal de protesta. Los populares consideran que la medida es una concesión a Cataluña y reclaman que lo urgente es la renovación del sistema de financiación, caducado desde 2014.

Críticas centradas en Moreno

A ese rechazo ha hecho alusión la vicepresidenta primera, que se ha mostrado confiada en que cuando el anteproyecto pase todos los trámites parlamentarios, las comunidades del PP aceptarán la quita. “Espero que se recapacite y estoy casi convencida que va a ser difícil que cualquier comunidad autónoma no vaya a perdonarse una deuda que provoca unos intereses muy importantes en la actualidad y también para el futuro”, ha sostenido Montero.

En este sentido, la ministra ha centrado sus críticas a la negativa de los barones populares en la figura del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, su oponente en las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026 y a las que Montero concurrirá como la candidata del PSOE-A. La dirigente socialista ha acusado a Moreno de “mentir” cuando aseguró que la comunidad que más beneficiada saldría de la condonación sería Cataluña y que a “Andalucía le iban a dar migajas”. Montero, que ha defendido que el reparto de la quita es equitativo con todos los territorios, ha insistido en que el barón andaluz “no tiene argumentos para renunciar” a la medida.

Aunque Andalucía es la comunidad más beneficiada de esa quita, desde el Gobierno de Moreno se machaca continuamente con que la región no tiene un problema de deuda y puntualizan, además, que la cantidad de la que se vería liberada no podría destinarse a la inversión en servicios públicos, porque se trata de una “mutualizacion”.

Al argumento se le suma la infrafinanciación que sufre Andalucía, cifrada en unos 1.500 millones anuales, que es la reclamación que cobra más peso. Desde la Junta se exige que primero se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica y que, mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez apruebe un fondo transitorio de compensación para los territorios más perjudicados. Solo después se aceptaría la quita de la deuda. En este sentido, citan a la propia Montero, que cuando era consejera de Hacienda de Andalucía, en 2018, también rechazó la reestructuración que ofrecía el entonces ministro del ramo, Cristóbal Montoro, como sustitutivo del debate de la financiación. “Solo reclamamos lo mismo que ella reclamaba entonces”, repite el presidente de la Junta.