Ampliar las aulas, no solo los permisos

En la década España ha conseguido ponerse a la vanguardia de la OCDE en permisos de paternidad. Ha sido un incremento progresivo pero decidido, y (rareza a celebrar en los tiempos que corren) empujado desde varios puntos del arco parlamentario. En 2018, el PP accedería en negociación con Ciudadanos a extender el permiso de dos a cinco semanas. Y, tras la moción de censura, el PSOE aprobaría un calendario de incrementos paulatinos: ocho semanas en 2019, doce en 2020 y dieciséis en 2021.

Cierto es que los padres en otros lugares tienen sobre el papel más semanas disponibles, pero la particularidad española es que reserva 16 semanas exclusivas para ellos. Esta política obedecía a una doble razón. Por una parte, facilitar el acceso al tiempo con sus recién nacidos a los hombres. Por otra, al hacer las 16 semanas no transferibles, incrementar la igualdad en el mercado laboral igualando los cuidados en el hogar por arriba: la idea (respaldada por evidencia) era y es que la penalización en sus carreras que las mujeres tienden a pagar por la maternidad al menos se reduzca en lo que viene después del parto.

Que España se haya puesto por delante en este frente combinado de igualdad y cuidados no quita para que siga avanzando. Aparentemente, esto es lo que motiva el reciente incremento de los permisos a 17 semanas, además de dos semanas hasta los ocho años y pasar a 32 para familias monomarentales, algo que sitúa al país en la banda alta de Europa.

Sin embargo, vale la pena plantarnos si no hay otras palancas para ello a las que hemos dedicado menos atención y que guardan este mismo potencial doble. Y no pasan por el hogar tanto como por la escuela, o por los centros de educación y cuidado en general.

El más evidente es el de la educación 0-3. Aquí España no está a la vanguardia, aunque en el indicador de porcentaje de menores de 3 años que gastan al menos algunas horas de su semana en algún centro pertenece al grupo que está por encima de la media de la UE.

Cierto es que la mayoría lo hacen menos de 30 horas. Algo que probablemente tenga su relación con la elevada incidencia de jornada parcial involuntaria entre mujeres en España. Y es que la disponibilidad de centros para menores de 3 es un espléndido mecanismo para cerrar brechas de género en el mercado laboral, precisamente porque la mayoría del tiempo destinado a los cuidados todavía recae en las mujeres. A ello se suman los efectos positivos que tendrían sobre las propias criaturas, o de mejora de tejido social en los barrios. Aquí es importante señalar que aunque el porcentaje total de cobertura no es bajo, lo fundamental es entender a quién cubrimos y a quién no. Territorialmente, hay indicios de que en las grandes ciudades las listas de espera de centros públicos son largas (y si hay lista de espera, hay demanda por cubrir). Por ingresos, la mejora en los últimos años de la cobertura viene sobre todo de los hogares que menos ganan, una excelente noticia que nos debería animar a seguir trabajando en esa dirección (donde sí existe una brecha aún por cerrar).

Todo ello con un porcentaje de PIB dedicado a educación infantil que se ha mantenido estable en los últimos tiempos. Esto sugiere que se puede hacer bastante con no mucho (también porque desciende la cantidad total de menores de cierta edad en España por el declive demográfico, dándonos un dividendo per cápita interesante). Pero la comparación internacional de este indicador también apunta a que, marcando otras prioridades de gasto, habría margen para crecer.

Pero no solo en las edades tempranas están los cuidados. Los permisos retribuidos hasta los ocho años lo aceptan, pero quizás deberíamos considerar otros frentes en los que España no solo no ha ganado terreno, sino que quizás lo ha perdido en los últimos tiempos. La consolidación de la jornada matinal en lugar de día completo en múltiples centros educativos públicos así lo atestigua. No es esta una política neutra. Y no solo para el alumnado, sino también para sus madres: Marta Ferrero, Lucas Gortázar y Ángel Martínez lo han demostrado con números claros: en comparación, las madres con hijos en jornada continua y sin acceso a cuidados adicionales contratados en el hogar dejan de ganar, de media, 1.850 euros brutos

Todo esto se produce además en un contexto en el que el porcentaje de hogares con carencia material expresada en la dificultad para disponer de al menos una comida cada dos días con carne o pescado ha venido creciendo: y lo ha hecho especialmente en hogares con niños; especialmente monoparentales.

Este incremento no puede vincularse con el cambio de jornada, pero desde luego que este no ayudará a revertirlo. Entidades del tercer sector que llevan años trabajando en este problema señalan que las políticas que favorecen el acceso a comida en las escuelas sirven para paliar esta dimensión de la precariedad vital. Un asunto que traigo a colación porque subraya cómo podemos hacer políticas que sean a la vez de conciliación y lucha contra la pobreza. Cualquier ampliación de horarios escolares, incluso si no incluye comedor, es probable que acabe redundando en beneficios para las familias más vulnerables: jornada partida, extendida, tutorías... tenemos para elegir.

Puede que a alguien le sorprenda ver todas estas políticas juntas cuando no obedecen a un mismo ámbito competencial: ni por temas ni por niveles de la administración. Pero sí a la motivación de facilitar la conciliación mientras se impulsa la igualdad, de mejorar la vida de las familias de niños y niñas a madres y padres, y de hacerlo especialmente para quien más lo necesita. No es, sino recobrar el impulso que ya tomamos con los permisos, pero ahora con otro camino, que le sigue. Más arduo (precisamente por lo variado de áreas y lo complejo de implementar), pero también, llegados a este punto, más necesario.