Fernando Peña, el fiscalista de las estrellas que recibió el mazazo de la justicia

El despacho Nummaria contaba con numerosos clientes vip que buscaban una solución a sus problemas con la Agencia Tributaria. Su dueño, Fernando Peña, era un conocido asesor fiscal, exinspector de Hacienda, número uno de su promoción; fue el primer presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF); y se acercó al mundo del espectáculo gracias al cargo de secretario de la Academia de la Televisión que ocupó durante casi 20 años. En 2016 pasó de estar en lo más alto, asesorando a empresarios, artistas, escritores y cantantes, a ser perseguido por la justicia como cerebro de una trama de defraudación de impuestos. Nueve años después, la Audiencia Nacional le ha condenado a 80 años de prisión, una de las mayores penas impuestas a un fiscalista, por confeccionar un entramado societario para evadir impuestos de su negocio, suyos y de sus clientes, entre los que se encontraban los actores Imanol Arias y Ana Duato.

“Peña no se ha limitado al mero asesoramiento jurídico (...). Ha proporcionado consejos o recomendaciones en materia tributaria, que se encuentran reforzados por el gran prestigio y la condición de especialista, lo que sin duda contribuye también de forma decisiva a la decisión del contribuyente de adoptar una determinada estrategia fiscal. Y, en segundo lugar, ha tenido una participación muy activa en la propia configuración de la estrategia fiscal de los contribuyentes, así como en la creación y funcionamiento de las estructuras societarios al servicio del fraude”, destaca la sentencia de la Audiencia Nacional.

El caso Nummaria, como se conoce a esta causa judicial, se inició el 27 abril de 2016 con la bautizada como Operación City, a través de la cual agentes de la Agencia Tributaria y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entraron a registrar la oficina del bufete de abogados y asesoramiento fiscal situada en la calle Juan Bravo número 5, en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid. La entrada de los investigadores tuvo lugar unos días después de que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Ismael Moreno, admitiera a trámite una querella de Anticorrupción, que alertó de un posible fraude fiscal de más de 15 millones de euros, tras recibir información de Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), dependiente de Hacienda.

No era la primera vez que Peña se topaba con la justicia, pues años anteriores se había visto envuelto en otros procedimientos por constituir sociedades en el extranjero. Pero la estocada final llegó este lunes con la sentencia de la Audiencia Nacional, que le impone una elevada pena de prisión por 12 delitos fiscales relacionados con el IRPF e IVA de los ejercicios comprendidos entre 2010 y 2015 por desarrollar “una consciente estrategia defraudatoria a través de la ocultación de la verdadera realidad tributaria frente a la Hacienda Pública”, así como cooperador necesario de delitos contra la Hacienda Pública cometidos por otros acusados. Así, el tribunal le ordena indemnizar al fisco con un total de 15,7 millones a los que se deberá sumar los intereses legales, más otras cantidades a abonar de manera solidaria con otros condenados.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Peña no puede esperar a que la sentencia sea firme para comenzar a cumplir su condena, por lo que ha solicitado al tribunal que celebre la vistilla de medidas cautelares para plantear su inmediato ingreso en prisión. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha convocado a las partes este jueves para analizar si se dan las circunstancias para enviar a la cárcel al fiscalista o cabe ponerle medidas menos restrictivas como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país o comparecencias periódicas en un juzgado.

“Un sistema que sorteaba la realidad”

Aunque contaba con colaboración de abogados, economistas, técnicos fiscales, contables y auxiliares administrativos para desarrollar su actividad de asesoría, la sentencia asegura que el bufete Nummaria estaba dirigido, gestionado y controlado, de manera “personal y directa”, por Fernando Peña. Su modus operandi fue la creación de un entramado compuesto por al menos una veintena de sociedades, seis comunidades de bienes, una sicav (entidad de inversión colectiva) y una fundación, con sede en territorio nacional; además de tres agrupaciones europeas de interés económico (AEIE), con el objetivo de ocultar su patrimonio. A ello, se suman otras sociedades en el extranjero (Suiza, Costa Rica, Uruguay, Portugal, Panamá), con las que también escondió sus activos.

Y esta estructura, controlada por Peña, fue comercializada entre su cartera de clientes, en la que también figuró la escritora Carmen Posadas o el cantante Joaquín Sabina (que no han estado inmersos en la causa judicial de la Audiencia), para desplazar su facturación a otras sociedades y minorar su tributación. Este es el caso de Ana Duato e Imanol Arias, a los que ofreció el uso de su entramado entre 2010 y 2016, con la intención de pagar menos rentas de trabajo procedentes de sus trabajos en la serie Cuéntame cómo pasó (solamente un 40% de sus retribuciones) y declarar el resto como una renta vitalicia (que cuenta con una bonificación del 60%), y así garantizarse una especie de plan de jubilación.

“En definitiva, no nos encontramos con que el acusado tratara de buscar dentro de la legalidad la forma más favorable de tributar, lo que resulta legítimo en el ámbito de una economía de opción, sino de sortear esa legalidad acudiendo a un sistema que distorsionaba la realidad del hecho imponible hasta hacerla irreconocible; es decir, ante un fraude que es propio de la tipicidad aplicada (defraudar)“, resume el tribunal.

Imanol Arias ha sido condenado a dos años y dos meses de prisión, sustituibles por multa para evitar el ingreso en un centro penitenciario, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. El pacto se centró en reconocer su parte de responsabilidad en el fraude de más de dos millones de euros, que han sido devueltos a la Agencia Tributaria más intereses. Por su parte, Ana Duato ganó su batalla personal contra Hacienda (durante todo el procedimiento ha defendido su inocencia y se ha negado a pactar con las acusaciones) y ha sido absuelta del fraude de 1,9 millones de euros, después de que la Audiencia diera por acreditado de que no tenía conocimiento tributario y empresarial suficiente para saber que la actuación llevada a cabo por su asesor era una maniobra fraudulenta.

A nivel personal, Peña utilizó la misma dinámica para canalizar los beneficios como asesor y tratar de engañar a Hacienda. La sentencia indica que el fiscalista era el que llevaba las cuentas de sus sociedades, pues distribuía “personalmente” los ingresos y gastos de las mismas con “un criterio de caja única”. En este sentido, el tribunal destaca que en 2015, el dueño de Nummaria ordenó la compra para su disfrute personal de dos apartamentos en Portugal; y resalta que sus declaraciones tributarias eran “incongruentes con la verdadera dimensión” de su actividad profesional y el “elevado patrimonio que titulariza a través de sociedades, tanto en España como en el extranjero”.