¿Quiénes se benefician de la ‘ley Beckham’? Desplazados a España con sueldos medios de 160.000 euros

El abogado estadounidense Robert Amsterdam se ha dado a conocer en el mundillo tributario de España por la ofensiva mediática y legal que ha iniciado contra Hacienda. Fundador del bufete internacional Amsterdam & Partners, acusa desde hace meses a la Agencia Tributaria de perseguir, hostigar y acosar a los contribuyentes que se acogen a la conocida como ley Beckham y este jueves ha amenazado con denunciar a España en la OCDE. Más allá de la retórica incendiaria, ¿quiénes son los declarantes a los que dice defender Amsterdam? Los datos de Hacienda apuntan a un colectivo de directivos internacionales, deportistas de élite, ejecutivos tecnológicos o financieros y, en definitiva, extranjeros o expatriados con altos ingresos.

Los registros de la Agencia Tributaria reflejan que estos contribuyentes obtienen en España una media de 160.000 euros anuales solo a través de las rentas del trabajo. Fuera del radar quedan los ingresos generados por otras vías, como las inversiones, plusvalías y demás rendimientos provenientes del extranjero. Es decir, como el régimen especial de los trabajadores desplazados permite no declarar las rentas que vienen de terceros países, es imposible tener la fotografía completa. Pero fuentes tributarias consultadas presumen que las ganancias totales son mucho más elevadas, por lo que no queda otra que llevar a cabo la vigilancia que tanto critica el bufete.

La ley Beckham es un régimen fiscal que permite a los impatriados tributar en el IRPF con una serie de ventajas respecto al resto de personas físicas. El gran beneficio es que los contribuyentes (que pueden ser tanto extranjeros como españoles, siempre que no hayan sido residentes en los cinco años previos) solo pagan por las rentas generadas en España. Esto deja fuera de la base imponible durante un máximo de seis años todos los ingresos originados en otros países. Además, hasta los 600.000 euros anuales, el tipo aplicado es de únicamente el 24%, pasando a uno del 47% a partir de esta cifra. El régimen se convierte así en un imán para ciertos perfiles, principalmente de rentas muy altas que suelen compatibilizar sus trabajos con inversiones y otras fuentes de rendimientos, según los expertos.

En 2023, último año con datos en las estadísticas de la agencia, 16.733 contribuyentes presentaron la declaración del IRPF bajo esta modalidad. La base liquidable anotada ascendió a los 2.789 millones de euros y, de esa cantidad, 2.705 millones correspondieron a rendimientos del trabajo, a razón de 160.000 euros por cabeza al año. Los 84 millones restantes, obtenidos por otras vías, corresponden a ganancias por la transmisión de elementos patrimoniales (acciones, por ejemplo), a rendimientos por venta de inmuebles o a pensiones y prestaciones similares. En cualquier caso, como las cuantías liquidables son las que resultan después de aplicar las reducciones contempladas en la normativa, se trata de una cifra que estaría sesgada a la baja.

Unos rendimientos del trabajo tan elevados ―el salario medio de todos los trabajadores fue ese año de 28.942 euros―, junto al hecho de que las ganancias generadas en el exterior no tienen ni siquiera que ser declaradas, convierten a estos contribuyentes en perfiles de riesgo a ojos de la Agencia Tributaria. Como con todos los contribuyentes de altos ingresos, se estrecha el cerco sobre ellos si algo no cuadra a ojos de la inspección.

En la Agencia Tributaria son claros y recalcan la necesidad de comprobar la correcta aplicación de todos los regímenes fiscales especiales, ya que suponen una pérdida de ingresos para la Hacienda pública que hay que controlar. Es decir, cualquiera de estas fórmulas tributarias, independientemente de lo ventajosa que resulte, está sujeta a una comprobación si surgen anomalías. Y si se detecta un incumplimiento, enfatizaron fuentes de la agencia en mayo ―cuando el organismo respondió al bufete―, toca una regularización y liquidación. En esas inspecciones, el despacho de abogados ve “persecuciones” y un “abuso arbitrario del poder estatal”.

En la agencia, pese a ello, insisten en que no existe, en absoluto, una especial atención inspectora por la ley Beckham. Tampoco hay una especial litigiosidad vinculada a este régimen fiscal. Según los números difundidos el pasado mes, en los últimos 10 años se han acogido a esta fórmula casi 37.000 contribuyentes, de los cuales solo 185 (el 0,5%) han sido objeto de una inspección por posibles incumplimientos.

Las irregularidades más habituales, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), son el uso de contratos de trabajo falsos y de sociedades ficticias o pantalla para intentar optar a los beneficios fiscales. Hay casos, prosigue José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE), en los que detecta que el contribuyente crea en España una sociedad sin actividad real ni medios, pero sigue trabajando para una empresa extranjera. El objetivo es constituir artificialmente un contrato de trabajo en España, que es uno de los requisitos para poder optar al régimen fiscal.

En otras situaciones se crean sociedades ficticias justo cuando se obtiene una gran plusvalía en el extranjero, evitando así tributar tanto en España como en la jurisdicción de origen. Estas estructuras, explican desde la IHE y Gestha, suelen disimular la relación entre el contribuyente y la sociedad mediante la intervención de otras entidades o personas cercanas, como asesores o familiares.

La batalla entre el despacho y Hacienda ha ido escalando con el paso de los meses. A finales de 2024, el bufete puso en marcha varias campañas publicitarias en periódicos internacionales llamando “carteristas” a los trabajadores de la agencia y ofreciendo sus servicios a contribuyentes que se sintieran ultrajados. En mayo, la agencia defendió públicamente su labor y, este martes, la directora del organismo, Soledad Fernández, remitió una misiva a toda la plantilla para mostrarle su apoyo ante el “ataque frontal” que están sufriendo. Amsterdam, en una rueda de prensa improvisada, anunció este jueves que llevará su queja contra España ante la OCDE y Naciones Unidas.