El despacho de abogados que tachó de “carterista” a Hacienda amenaza con denunciar a España ante la OCDE

El abogado Robert Amsterdam, el socio fundador del bufete Amsterdam & Partners que tachó de “carterista” a la Agencia Tributaria, ha vuelto a insistir este jueves en que Hacienda está actuando fuera de la legalidad con las inspecciones realizadas a miles de contribuyentes de otros países. Tras presentar en mayo un informe de esos “abusos” y anunciar una batería de demandas en representación de afectados españoles y extranjeros, el letrado pone ahora la mirada sobre la OCDE. La próxima semana, ha asegurado, remitirá una misiva a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para denunciar a España como “sistema corrupto” y pedir que ningún país comparta su información fiscal “mientras no se respete el Estado de Derecho”.

“Lo que está ocurriendo en España no es normal”, ha señalado Amsterdam en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid, tras conocer la carta que la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, remitió el 24 de junio a toda la plantilla para mostrar su apoyo ante el “ataque frontal” a la lucha contra el fraude ejercida por este despacho de abogados. El abogado considera esa misiva “ridícula”: “Es un ejemplo de que este organismo no puede operar en un país democrático”, ha agregado. Aunque el letrado ha precisado que esta forma de trabajar de la institución se remonta a “gobiernos de PP”, ha aprovechado la intervención para mostrar su descontento con el Ejecutivo de Pedro Sánchez —“está fuera de cualquier norma o Estado de Derecho”, ha dicho— y recordar la situación procesal del fiscal general del Estado, Álvaro García.

El enfrentamiento entre el bufete y Hacienda se debe a la campaña de publicidad bajo el eslogan Spanish Pickpockets (carteristas españoles), que apareció a finales del año pasado en el diario británico Financial Times. El despacho buscaba captar a contribuyentes que se acogen a la conocida como ley Beckham —un régimen fiscal especial para trabajadores desplazados, que permite tributar solo por las rentas generadas en España— si se consideraban hostigados por los funcionarios de la Agencia Tributaria. El anuncio se publicó días después en el diario estadounidense The Wall Street Journal y en el belga Le Soir.

En opinión de Amsterdam, los inspectores cobran unos incentivos o “bonus” por estas investigaciones, lo que, según ha dicho, les hace actuar como “depredadores” y discriminar a los contribuyentes extranjeros con altos ingresos, obviando la presunción de inocencia y asumiendo que ellos tienen la “verdad”. “En la mente de Hacienda, todos somos defraudadores”, ha indicado. Asimismo, ha asegurado que tanto ciudadanos como despachos de abogados españoles no se atreven a denunciar este sistema por “miedo” a represalias.

Fuentes de la Agencia Tributaria ya negaron que exista una especial atención inspectora por la aplicación de la ley Beckham y combatieron con datos que existiera una elevada litigiosidad vinculada a este régimen fiscal. Según sus números, en los últimos 10 años se han acogido a esta fórmula casi 37.000 contribuyentes, de los cuales alrededor de 185 (el 0,5%) ha sido objeto de una inspección por posibles incumplimientos. Además, de las comprobaciones finalizadas, un 70% se han resuelto con un acta de acuerdo o conformidad, mientras que el resto han sido objeto de reclamación o recurso, insisten en Hacienda.

Respaldo cerrado de los inspectores

Al mismo tiempo que se estaba celebrando la rueda de prensa, en la que Amsterdam ha apuntado que también pondrá su denuncia en manos de Naciones Unidas —asegura tener para ello un equipo con “25 abogados en España, Bruselas y Washington”—, los inspectores de Hacienda han salido públicamente en defensa de la directora de la Agencia Tributaria. En un comunicado, la Asociación de Inspectores (IHE) ha expresado su “pleno apoyo” a la máxima responsable del organismo y ha respaldado sin fisuras el mensaje que envió a los trabajadores de la AEAT a través de una carta.

Los inspectores denuncian el “descrédito” al que, según afirman, se está sometiendo al organismo en los últimos tiempos y rechazan de forma tajante lo que califican como “insultos” y “faltas graves a la verdad”. Consideran inadmisible que se cuestione el trabajo técnico de los funcionarios por motivos interesados, y subrayan que la política fiscal no es competencia suya, del mismo modo que un juez no diseña las leyes que aplica.

“Entiendo por qué están molestos y sugiero que se tomen una pastilla porque esto se está yendo de madre. No estoy nada interesado en la fama”, ha replicado el socio director del despacho internacional, con sede en Londres y Washington, tras conocer la difusión de la nota de prensa de IHE.

El comunicado también destaca la importancia de la AEAT como “pilar” de la administración tributaria y reivindica el rigor del sistema de acceso a la función pública, alertando de que cualquier intento de politización o arbitrariedad sí podría poner en riesgo la confianza ciudadana y el buen hacer de la agencia. Desde hace varios meses, la asociación que reúne a los inspectores está en pie de guerra con el Gobierno por la modificación prevista en el sistema de acceso al cuerpo, que, a su juicio, suaviza los criterios y amenaza la rigurosidad y profesionalidad de los funcionarios.