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La lucha del metal se enreda en Cádiz

La huelga sigue en las calles con picos de violencia, pese a que se llegó a un preacuerdo para desconvocarla, por el rechazo de casi la mitad de los trabajadores

Los trabajadores del metal se concentran en la puerta de los juzgados de San José de Cádiz en apoyo a los compañeros detenidos, durante la manifestación realizada por las calles de la capital gaditana, la más multitudinaria hasta ahora desde que se inició la huelga para reclamar el nuevo convenio del metal.
Jesús A. Cañas

Diego —por poner otro nombre, porque no quiere “líos”— es nieto, hijo, primo y tío del metal: “Lo he mamado”. Vivió las míticas huelgas de Astilleros de 1995 cuando era apenas un adolescente en las que su padre volvía “lleno de palos” y, desde que se hizo trabajador de una de las empresas auxiliares de Navantia Cádiz, hace 30 años no ha faltado a una huelga. La de estos días tampoco es una excepción, pese a que su convenio de empresa le salva del de el sector que se negocia en estos días. “En mi casa nunca ha faltado de nada, pero siempre he tenido la maleta en la puerta. Sé bien lo que es este sector”, apunta el empleado.

Y justo por eso Diego asegura que no comulga con el preacuerdo que, en la madrugada del lunes, debería haber acabado con la huelga indefinida que comenzaba ese día, tras dos días de paros que ya se saldaron con violencia en las calles: “No me convence nada”. No es el único que ha puesto pie en pared al texto que rubricó la patronal FEMCA y el sindicato mayoritario UGT, tras un fin de semana de reuniones maratonianas y agotadoras en las que CCOO se descolgó de la foto. Tras el pacto, debían ser las asambleas de cada centro de trabajo del sector —con unos 30.000 empleados— las que debían aprobar ese acuerdo durante la jornada del lunes para pasar a negociar un nuevo convenio, pero solo el 55% de los profesionales lo hizo, según estima Antonio Montoro, secretario general de UGT FICA Cádiz, que excusa no mostrar las actas para no desvelar el sentido de voto de cada empresa y abrir guerras entre compañeros.

“No se puede cerrar con ese porcentaje, necesitamos al menos un 70% de apoyo porque es un convenio complicado, tiene que tener más consenso, por eso no hemos desconvocado la huelga”, añade Montoro, que no oculta su sorpresa por la frialdad de la acogida. “Hay mucha falta de información. Vivimos en un mundo de bulos en el que tienes que defenderte y más con la multitud cabreada”, añade el sindicalista. Tan enfadada que la segunda jornada de huelga de este martes se ha saldado con más trabajadores en las calles de Cádiz —en torno a un millar de personas—, cortes de accesos a la ciudad y escenas puntuales de violencia con la policía, a la que arrojaron piezas metálicas, además de tirar clavos y tornillos en las carreteras, según denunció la comisaría de Cádiz.

Los trabajadores del metal se concentran en la puerta de la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz , durante la manifestación realizada por las calles de la capital gaditana.

Con ese escenario enredado y dividido además por dos fuerzas, CGT y CTM que no forman parte de las negociaciones y las rechazan de plano, el sector del metal ha acabado la tarde de este martes convocado al Centro Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), el mismo que acabó mediando en la agitada huelga del metal de 2021. Allí los portavoces del sindicato UGT y de la patronal —CCOO ya ha descartado su presencia— han vuelto a verse las caras para rehacer parte de lo que aparentemente ya habían pactado. Montoro, poco antes del inicio del encuentro, no esperaba de la cita más que una primera toma de contacto, lo que abocaría al sector del metal gaditano a su tercer día de paro indefinido.

Sindicatos y patronal llevaban más de año y medio negociando un convenio que no terminaba de cuajar por su disparidad en el reconocimiento de la subida del IPC y en la recuperación del plus de tóxico penoso, perdido en la negociación de 2013 y que había generado una doble escala salarial para los que entraron al tajo a partir de esa fecha, entre otros puntos de fricción. Pero han salido con un preacuerdo firmado que ha generado nuevos malestares. Tras acordarse el incremento del IPC, FEMCA y UGT acordaron iniciar la negociación de un nuevo convenio que se extienda hasta 2032 para ir aplicando de forma progresiva la recuperación de ese plus perdido y crear un nuevo contrato de promoción de empleo para nuevas incorporaciones, que cobrarían algo más del 70% del salario base durante los 18 primeros meses.

Fueron justo esos puntos los que llevaron a CCOO a decir no. “Debía ser social, justo y solidario y se ha convertido en todo lo contrario. Es un día triste para la provincia”, denunció este lunes, Pedro Lloret, secretario general de CCOO Industria en Cádiz. Pero José Muñoz Flores, secretario general de la patronal FEMCA no lo ve así: “Llevarlo a todos [el complemento] era un esfuerzo mayúsculo. El nuevo contrato de promoción del empleo está pensado para que sea más asequible contratar a alguien que no es independiente”. “De golpe es como una paga. Nos vamos a 10 euros diarios por día trabajado, si se diese de golpe. Ese es el motivo de la prorrogación, a ver si lo reducimos a un par de años” añade Montoro. Pero en las calles esos puntos no han sentado bien, hasta el extremo de que las empresas del Campo de Gibraltar —acero y petroquímicas— que volvieron al trabajo al lunes, han regresado a la huelga este martes.

Diego cree que, de fondo, subyace una herida en el sector que nunca termina de cerrarse: “Hay mucho trabajo y no es que haya poco profesional, es que no hay estabilidad y la gente busca salir de ahí por lo penoso. Los turnos son maratonianos”. Y añade una pregunta: “¿De qué sirve negociar un convenio si luego todos sabemos que hay empresas que no lo cumplen?”, apunta el operario, señalando directamente a compañías de logística, limpieza o pintura. No es el único que apunta el mismo problema. Una fuente sindical de Navantia —que se rige por un convenio mejor al sectorial— abunda en lo mismo: “Muchos compañeros trabajan más horas de las que deberían y hacen unos trabajos peligrosos que mejor les sería no tener que cobrar ese plus”.

El trabajador de la auxiliar de Navantia consiguió la estabilidad como fijo discontinuo, en 2023, después de encadenar décadas de trabajos temporales en el sector que le llevaron por Francia, Noruega o Alemania. Ahora presume de trabajar en una compañía que cumple “casi al 90% el convenio” propio, gana 1.500 euros de salario base que se van hasta los 2.500 o 2.600 euros al mes con turno de noche y fin de semana que le dejan “con poca vida”. “Pero yo estoy rey, comparado con chavales que trabajan los siete días de la semana”, puntualiza. Son justo esos los que estos días pueblan las calles de Cádiz, algunos pacíficos, los menos detrás de barricadas. Diego marcha con ellos solidariamente, pese al “bocao” que se espera ya en la nómina. Elude la violencia, pero entiende a los que la lían: “Sin los alborotadores, estos no nos harían ni caso”, remacha el operario con cierto tono de orgullo.

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Sobre la firma

Jesús A. Cañas
Es corresponsal de EL PAÍS en Cádiz desde 2016. Antes trabajó para periódicos del grupo Vocento. Se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla y es Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico por la US y el IAPH. En 2019, recibió el premio Cádiz de Periodismo por uno de sus trabajos sobre el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar.
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