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Tribuna
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“Europa, siempre Europa”

Las reiteradas resoluciones del TJUE han obligado a rectificar al Supremo acerca de las abusivas cláusulas suelo en las hipotecas

Vista de la entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
Andreu Missé

En unos momentos de tanta desazón por la incapacidad de los líderes europeos para actuar en consecuencia ante las vulneraciones de tantos derechos vale la pena destacar los logros de la sociedad civil al amparo del derecho europeo. Los principios de la Unión se mantienen sólidos en los ciudadanos que los han hecho suyos. “Europa, siempre Europa”, es la expresión de la abogada Karina Fábregas, de la asociación de consumidores Adicae, que mejor sintetiza el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que culmina una larga historia de abusos bancarios. Una epopeya en buena parte explicable por las reiteradas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) favorables a los ciudadanos que han obligado a rectificar al Tribunal Supremo, corregido a los poderes públicos desde el Banco de España a la Abogacía del Estado y censurado las malas prácticas financieras.

La sentencia, de la que ha dado completa información este diario, hace referencia al largo conflicto de las cláusulas suelo, que ha perjudicado a millones de hogares durante 15 años. Los hechos ofrecen una ilustrativa radiografía de las relaciones entre los poderes económicos y los derechos ciudadanos. Ahora ha quedado fuera de duda que las cláusulas suelo, colocadas secretamente por las entidades financieras en las hipotecas que impedían a millones de hogares beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés son nulas por abusivas por falta de transparencia. Los sobre costes hipotecarios han hecho más gravosa la crisis para millones de trabajadores.

Las cifras revelan las extraordinarias dimensiones del conflicto como admite el Tribunal Supremo: “más de un centenar de entidades financieras y millones de contratos”. El número de hogares afectados varía entre los 3,8 millones, según apuntó Adicae en 2010 y los 2,2 millones de la Memoria del Real decreto 1/2017. La cuantía de los intereses indebidos pagados por los afectados oscila entre los 7.600 millones de euros, según el Banco de España, y los 15.945 millones de euros hasta 2019, cifrados por la consultora AFI.

En la resolución favorable de este inmenso litigio han sido determinantes la labor de numerosas asociaciones de consumidores, abogados y jueces que han invocado en numerosos escritos el derecho europeo. Hay que destacar la tenacidad de Manuel Pardos, presidente de Adicae, que desde el primer momento optó por las demandas colectivas para evitar un colapso judicial como ha ocurrido. “Ahora ya me puedo morir tranquilo”, dice Pardos al ver reconocidos sus esfuerzos.

No ha sido nada fácil. El TJUE ha tenido que dictar cinco resoluciones (2016, 2020, 2021, 2022 y 2024) que han obligado al Tribunal Supremo a rectificar. Han sido sustanciales los votos particulares del entonces magistrado del Supremo Javier Orduña, cuya doctrina de la transparencia ha sido tenida en cuenta por el TJUE y la Comisión Europea. La sentencia del Supremo es de aplicación inmediata en todos los casos bajo apercibimiento de multas, según Adrián Rebollo de ASJ Jurídico, antiguo abogado de Adicae. La sentencia es un apoyo decisivo a la ley sobre demandas colectivas que tramita el congreso.

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