Sindicatos, ERC y Sumar instan al Gobierno a que descarte la opa a Banco Sabadell

La luz verde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, que deja la pelota sobre el tejado del Gobierno central, ha coincidido con el Día del Trabajo. De ahí que los pasos a seguir por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con su socio en contra de la operación, haya sido uno de los temas estrella en las intervenciones de sindicatos y partidos antes de participar en la marcha con que se conmemora la efeméride. En la de Barcelona, desde donde se defiende la postura de la entidad opada, tanto CC OO y UGT como Esquerra Republicana (ERC) y los Comunes, se han mostrado en contra de la operación. El Gobierno tiene mes y medio para decidir.

Desde Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE ha vuelto a calificar como muy mala noticia esta futura fusión que cree que lo que hace es “reforzar todavía más” el oligopolio financiero que existe en España y agudizar el riesgo sistémico del que ya ha alertado la Comisión Europea. Preocupada especialmente por su afectación sobre el empleo, ya que podrían sumarse hasta 5.000 despidos, la número tres del Gobierno central reclama que se bloquee la operación.

De vuelta a Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha repetido los mismos argumentos que horas antes había lanzado Díaz. “Los procesos de concentración bancaria son negativos para los usuarios, y generan pérdidas de puestos de trabajo y de calidad en el servicio, ha asegurado antes de la manifestación el también líder de los Comunes, que considera que una de las lecciones aprendidas de la anterior crisis financiera es que ha de evitar ese tipo de aglutinaciones. “Apostamos por un sistema financiero diverso, plural, no en manos de unos pocos. Por eso rechazamos la operación”, ha apostillado.

Los socialistas catalanes, por su parte, se han querido mostrar más cautos ante la senda que ahora comienza la operación. “En Cataluña hay un modelo bancario arraigado al país, a su tejido empresarial y a sus empresas con un compromiso social. Analizaremos con rigor el informe y todos los datos para actuar con coherencia, defendiendo por encima de todo los intereses de Cataluña”, escribió el president Salvador Illa anoche, en la red social X. El consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha ido un poco más allá y en un contacto con medios de comunicación en Tortosa ha defendido este jueves que las pymes deben tener diversidad de oferta bancaria para “preservar el sistema financiero con su garantía de acceso al crédito”. “Ahora es momento de prudencia y de espera, pero también de enviar un mensaje de firmeza de que el Govern de Catalunya estará en la defensa de los intereses”, ha dicho Dalmau.

La posición del PSC es muy prudente, pues la apuesta del pasado mes de enero del banco que preside Josep Oliu de trasladar de nuevo la sede social de la entidad desde Valencia a Barcelona fue explotada por los socialistas como un gran argumento del encarrilamiento de la situación política en Cataluña, tras las turbulencias de los años del procés. En 2017, el Sabadell cambió su domicilio para garantizar la seguridad jurídica. “No es un tema de opiniones. Es un tema de saber que al Gobierno de España le preocupa que un sector tan importante acabe monopolizado y que se impida la competencia”, ha dicho desde la marcha la número dos del PSC, Luïsa Moret.

Sí han mostrado su rechazo frontal a la operación los dos sindicatos mayoritarios en Cataluña, CC OO y UGT. Belén López, la flamante secretaria general de la primero, y Camil Ros, líder del segundo, han coincidido en denunciar que de completarse la opa no solo estarían en peligro muchos puestos de trabajo sino también el acceso a prestamos para muchos ciudadanos y pymes, este último un segmento en el que está enfocado el Sabadell. “El Gobierno tiene la última palabra y le emplazamos a que tome una decisión diferente a la que ha tomado la CNMC”, ha dicho Ros. López, por su parte, ha pedido velar por la “autonomía estratégica a nivel bancario”

A su vez, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CC OO, Unai Sordo, en una entrevista radiofónica en RNE, ahondan en los peores augurios: esta fusión es “una mala noticia” que pone en cuestión la competencia del sector bancario, con un impacto sobre los clientes financieros.

Oriol Junqueras, el líder de ERC, se ha mostrado en contra de cualquier movimiento que implique una concentración excesiva en el sector financiero y teme que si sale adelante la operación promovida desde la entidad vasca se limite el acceso al crédito por parte de los pequeños empresarios. Pese a ello, el republicano ha instado al Gobierno central para que batalle para que “no se pierdan trabajos y se mantengan los centros de decisión en Cataluña”. La diputada de Junts, Enatu Domingo, no ha querido hacer declaraciones sobre la decisión de la CNMC pero fuentes del partido, que tiene un consejero en el ente, expresan su desconcierto por que no se hubiera dejado más de manifiesto el rechazo a la operación durante la deliberación.

El Sabadell, según un informe del año pasado de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), cuenta con el 16,1% de las oficinas bancarias que hay en la CC AA. Es decir, 343. Si se finalmente el BBVA se hiciera con la entidad vallesana, la cuota del mercado de la suma de ambas sería del 34,8%. Entonces ya Roger Loppacher, presidente de la ACCO, alertaba de que de consumarse la opa se generaría “un riesgo potencial para la competencia”. Tras conocerse la decisión de la CNMV, el presidente del órgano catalán ha asegurado a Europa Press que cree que los remedies propuestos por el regulador no alejan el riesgo a que haya “exclusión financiera”.

Pese a los retoques para aportar más garantías a la oferta hechos por el BBVA, el análisis de la CNMV apunta a algunos problemas en la transacción, como conflictos de competencia en las condiciones comerciales en particulares, pymes y autónomos, carencias en el acceso a servicios financieros en zonas rurales, y el empeoramiento de condiciones en medios de pago, entre otros. Economía tendrá 15 días para evaluar la propuesta del banco que preside Carlos Torres, que de tener la luz verde sería elevada posteriormente al Consejo de Ministros. El Gobierno, con un plazo de 30 días para el sí definitivo, tiene la potestad de pedir más condiciones.