El ‘putsch’ de Karlsruhe

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, es un putsch. Un golpe a la comunidad de derecho que es la Unión Europea. En términos domésticos, un intento de golpe de Estado, pero contra Europa, pues Europa no es un Estado. Esa es la calificación que amerita un tribunal inferior cuando contraviene la resolución de otro superior en la materia, el TJUE con sede en Luxemburgo (la del 11-12-2018, que validó las compras de bonos públicos por el BCE) intentando usurpar su competencia como último intérprete del derecho comunitario.

Y lo hace, no en presunta defensa de la Constitución local (su domaine réservé), sino atribuyéndose la competencia de dirimir sobre el Tratado de la Unión: su artículo 5, que consagra el principio de proporcionalidad. En términos jurídicos, pero eso equivaldría a invadir Polonia. Además, los togados de Karlsruhe prevarican: dictan una resolución que es injusta a sabiendas porque no son legos en la materia. Y lo hacen además en beneficio de los ultras de Alternativa para Alemania, los fachas demandantes.

Sangran por los celos nacionalistas de haber perdido la prejudicial sobre las OMT de 2012, las compras de bonos sureños del famoso “haré lo necesario para salvar al euro” de Mario Draghi.

Deben ser sometidos a disciplina, esa asignatura en la que como alemanes deberían mostrar excelencia. Debe cuadrarlos la Comisión, de oficio, por incumplidores (artículo 258 del TFUE). O a instancia de cualquiera de los 27 Gobiernos (artículo 259). Y al cabo, si no deponen su rebeldía, debe sujetarlos el propio TJUE, obligando a Alemania a “adoptar las medidas necesarias para la ejecución” de su decisión (artículo 260) de diciembre de 2018.

O sucede esto —o bien el castigo del BCE al Buba si rompe su disciplina colectiva en el BCE (artículo 271)— o se acaba la Unión como comunidad de derecho, como unión, y como europea.

Económicamente hay más tela que cortar. El tribunal alemán muestra un cinismo insuperable al asegurar que su resolución no atenta contra el Programa de Compra de Emergencia de Bonos Públicos contra la Pandemia, del BCE (750.000 millones de euros). Que su decisión “no concierne a las medidas de asistencia adoptadas por la UE o el BCE en el contexto de la actual crisis del coronavirus”.

Nos toman por imbéciles.

Porque sí, sí, sí atentan contra ese programa, pues vulneran a los vulnerados de la recesión. ¿Por qué? Porque Karlsruhe aparenta centrarse solo en pedir explicaciones de si la expansión cuantitativa de Draghi (el Programa de Compra de Bonos Públicos) fue desproporcionada, al no detallar si consideró también sus efectos adversos.

Y presume de que no lo sería —a la espera de demostración ajena— porque las compras no serían ilimitadas; no se adquiriría más de un 33% de cada emisión, y no se compraría deuda de cada país más que en proporción exacta a su cuota de capital en el BCE.

El conjunto de esas salvaguardas es lo que el BCE de Christine Lagarde acaba, sabio, de flexibilizar. Si no vale el último Draghi, tampoco la primera Lagarde. Karlsruhe, símbolo hoy de prevaricación y supremacismo.