El FMI abordará la corrupción en sus informes sobre países

El Fondo Monetario Internacional ha aprobado un nuevo marco de trabajo por el cual abordará la gobernanza y la corrupción de los países en los exámenes que elabora cada año en virtud del Artículo IV y que consisten en una diagnóstico de la economía y un paquete de recomendaciones. Hasta ahora, el organismo con sede en Washington estudiaba este asunto a través de unas directrices de 1997, pero estas no se aplicaban de forma sistemática, mientras que el sistema actual busca, según las palabras de la institución, un enfoque más imparcial, efectivo y generalizado.

La medida no implica que a partir de ahora, en esos informes que el FMI publica anualmente sobre los países miembros siempre haya un apartado dedicado a la corrupción. La misión que examina a cada país analizará todos los casos, pero solo incluirá el asunto en aquellos en los que esos problemas se consideren un riesgo macroeconómico. El Consejo Ejecutivo aprobó el nuevo marco el pasado 6 de abril y determinó que lo que llama “vulnerabilidades de gobernanza y corrupción” merecerá mención cuando resulten “lo suficientemente severas” como para perjudicar la estabilidad del país. El Fondo se basará en los datos de organizaciones especializadas en valorar la gobernanza.

A mayor corrupción, menor crecimiento. Esa es la conclusión de un informe de los técnicos del Fondo hecho público este domingo, en la recta final de las jornadas de primavera que se celebran en Washington. En concreto, el estudio señala que un empeoramiento en el ranking de corrupción, desde una posición media (percentil 50) a una considerablemente peor (percentil 25) se asocia a una merma en el crecimiento del PIB per cápita de entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales.

El marco de trabajo también apunta a lo que llaman “el lado de la oferta” de la corrupción, es decir, a las empresas privadas que son fuente de sobornos en países más desfavorecidos. El organismo pedirá a los países miembros que, de forma voluntaria, acepten un análisis de sus sistemas legales e institucionales.

El de los problemas de gobernanza, corrupción y otras malas prácticas no es un tema cómodo en el FMI. Por una parte, los escándalos se consideran asuntos de política interna en los que no se ve competente; por otro, cualquier consejo o tirón de orejas se considera intrusivo y estigmatizante. Los directores ejecutivos del organismo han acordado, por ejemplo, que no se publiquen clasificaciones resultantes de sus análisis de corrupción.

Los máximos responsables que ha tenido el Fondo en los últimos años se han visto envuelto en problemas judiciales. Christine Lagarde, la actual directora gerente, fue condenada en 2016 por negligencia en el caso Tapie, un escándalo de desvío de dinero público cuando era ministra de Finanzas francesa, aunque sin responsabilidad penal. Su predecesor, Dominique Strauss-Kahn, tuvo que dimitir tras ser detenido por violación (pleito que acabó con un acuerdo millonario). Y el anterior a este, Rodrigo Rato, está imputado en España en varios causas relacionadas con su tiempo como presidente de Bankia (posterior al FMI) y con el fraude fiscal.