El Popular perderá 2.300 millones por la limpieza acelerada del ladrillo

El Banco Popular está dispuesto a todo para evitar una inyección de capital público y mantener su independencia. Ayer confirmó su intención de captar 2.500 millones de euros mediante una ampliación de capital. Para lograrlo, sin embargo, la entidad asumirá unas pérdidas de 2.300 millones este ejercicio, después de acelerar el saneamiento de activos inmobiliarios de difícil recuperación. Esto último supondrá un mordisco de 9.300 millones: 6.000 millones en la cuenta de resultados y el resto en el patrimonio de la entidad. Además, la entidad que preside Ángel Ron suspende el pago del dividendo del último trimestre del año, previsto para octubre, aunque para 2013 lo recupera con un pay out (porcentaje de beneficios que se reparte a los accionistas) del 50%.

Jacobo González-Robatto, director financiero del Popular, presentó el nuevo plan de negocio de la entidad, una vez conocido el resultado de las pruebas de resistencia de la banca española coordinadas por la consultora Oliver Wyman. El banco pretende cubrir por sus propios medios el déficit de recursos propios —3.223 millones según unos cálculos con los que el banco está en “desacuerdo”, aunque los acepta— que presentaría en el escenario más adverso del examen. “Las consecuencias de la burbuja las tienen que pagar las sociedades, no el Estado”, afirmó González-Robatto.

La ampliación de capital se materializará mediante una emisión de derechos de suscripción que se lanzará a mediados de noviembre. Estos darán preferencia a los accionistas actuales para adquirir acciones con un descuento que, en línea con recientes operaciones similares, podría situarse alrededor del 40%, señaló González-Robatto. La cotización bursátil del Popular cerró el pasado viernes en 1,701 euros por acción y ayer llegó a desplomarse un 13,5%, aunque al final de la sesión recortó la pérdida hasta el 6,17% y cerró en 1,596 euros. Será clave para el éxito de la operación la respuesta de los accionistas con representación en el Consejo de Administración, que suman cerca del 40% del capital de la entidad. “Previsiblemente sí que acudirán”, señaló González-Robatto. Un 35% de las acciones en circulación están en manos de institucionales y otro tercio en las de pequeños accionistas.

Ofertas de colocación

La entidad ha encargado a Deutsche Bank la coordinación de la emisión, pero aún no se ha cerrado el sindicato de colocadores que asegurará la suscripción total de la ampliación. Según el director financiero, durante el fin de semana se solicitaron ofertas de colocación a 14 entidades y una docena respondió favorablemente, por un importe “de más de 7.000 millones de euros”.

El nuevo plan de negocio, que debe ser aprobado por el Banco de España, también prevé la creación de un banco malo interno, con el fin de especializar la gestión de los activos inmobiliarios tóxicos acumulados en el balance. Esta unidad, que tardará en ponerse en marcha unos seis meses, será similar a las creadas con el mismo fin en Portugal y Florida e incorporará la totalidad de los inmuebles adjudicados —9.600 millones de euros a junio pasado— y otros 5.000 millones en créditos a promotores morosos, equivalentes al 23,5% de esta categoría.

La entidad mantiene la venta de sus negocios de tarjetas, de crédito al consumo y de banca por Internet, entre otros, con lo que reforzaría aún más sus recursos propios.