La Audiencia declara nulo un despido colectivo por esperar a la reforma laboral
La empresa Tradisa presentó un ERE para despedir a 23 trabajadores antes de la nueva norma Lo retiró después a la espera de la nueva legislación para aprovechar las ventajas Un juez declara que es un "fraude de ley"

La Audiencia Nacional ha declarado nulos los 23 despidos de Tradisa Logicauto por “fraude de ley”. Esta empresa de transporte había presentado un expediente de regulación de empleo tres días antes de la reforma laboral. Días después —con la nueva norma ya aprobada y en vigor— desistió de continuar tramitando ese expediente y puso en marcha otro despido colectivo. Este último es lo que la Sala de lo Social de la Audiencia ha considerado un fraude de ley.
La reforma laboral aprobada el pasado 10 de febrero facilita los despidos colectivos al acabar con la autorización de la autoridad laboral para llevar adelante una regulación de empleo. Según la sentencia, Tradisa trató de aprovecharse de este cambio “para decidir autónomamente sobre la extinción de los contratos” al desistir del primer ERE. La reforma laboral dejaba muy claro que los expedientes comenzados antes del 10 de febrero se tramitaban según la legislación antigua.
“Dicha actuación debe considerarse fraudulenta”, escribe el ponente de la sentencia, el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia, Ricardo Bodas, ya que “el segundo despido colectivo reproducía el primero sin la más mínima matización”.
Esta sentencia tiene una importancia significativa. En las semanas previas a la reforma laboral, muchas empresas desistieron de los ERE presentados ante la Administración ante la previsión de que la nueva norma iba a facilitar los despidos colecitos o reducciones de jornada. Solo en enero y febrero, se dejaron caer sin concretar 282 expedientes, un 61,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
Esta sentencia, que puede ser recurrida, hace referencia a un despido colectivo. Por tanto, aunque haya sido declarado nulo, los afectados deben reclamar su readmisión y el cobro de los salarios de tramitación individualmente.
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