Atenas accede a bajar impuestos como pide la oposición

El Gobierno griego maniobra para garantizar la aprobación del nuevo plan de ajuste en el Parlamento, donde no cuenta con mayoría absoluta. Por este motivo, ha accedido a estudiar el recorte en el impuesto de sociedades que reclama la oposición a cambio de dar su voto a las medidas con las que el Ejecutivo de Yorgos Papandreu quiere ahorrar unos 6.400 millones este año. No obstante, fuentes del Gobierno han negado a Reuters que también estén barajando someter el plan de austeridad a un referéndum para paliar el creciente rechazo social a los nuevos recortes entre la población.

Sin embargo, esta posible rebaja impositiva no se implantará este año ni se aprobarán junto a las medidas de ahorro. En su lugar, según han detallado a Reuters fuentes del Ejecutivo griego, que han añadido que tampoco descartan modificar el IVA tras haberlo subido en el último año, estas medidas entrarían en vigor en 2012. La oposición argumenta que recortar los impuestos ayudaría a relanzar la economía del país, que atraviesa su tercer y último -previsiblemente- año en recesión.

El FMI se muestra dispuesto a aceptar un aplazamiento en el pago de la deuda

La votación de las medidas, claves para desbloquear el quinto tramo de 12.000 millones de euros del crédito de rescate concedido hace ahora un año a Grecia por 110.000 millones del FMI y la UE, tendrá lugar a finales de junio, según las mismas fuentes. Este nuevo plan de austeridad también debe servir para que los Estados del euro den el último empujón al segundo rescate, ya que el país no podrá volver a financiarse por su cuenta dentro del plazo previsto y requerirá más asistencia financiera con vistas a atravesar su particular travesía del desierto, ya que no se espera su regreso a los mercados hasta pasado 2012. Asimismo, el FMI, según añade Reuters, estaría ya dispuesto a aceptar un aplazamiento en los pagos de Grecia.

Según la agencia de noticias ANA, el ministro de Finanzas griego, Yorgos Papaconstantínu, también expresó ayer la intención del Gobierno de incorporar a ese paquete otras propuestas de la oposición conservadora de Nueva Democracia. Estas se referirían a poner "en la reserva" a parte de los funcionarios que van a perder su trabajo por el proceso de fusión y cierre de empresas estatales. Esos trabajadores mantendrían un salario mínimo a la espera de que sus servicios fueran de nuevo necesarios. Otra propuesta de los conservadores busca facilitar que los griegos con capital en el extranjero puedan invertir en el país sin necesidad de revelar el origen del dinero.

Sobre el segundo plan de rescate, el presidente del Banco Central Europeo ha dejado abierta la puerta, por primera vez, a la opción de aprobar incentivos para animar a los acreedores de Grecia a canjear de forma voluntaria sus bonos que vencen entre 2012 y 2014 por otros a más largo plazo. Según Bruselas, esta opción no supondría una reestructuración de la deuda por su carácter de voluntario, aunque agentes del mercado como Moody's o Fitch ya han advertido de que sí será, se mire como se mire, una quita. Además, tampoco entienden su carácter de voluntario.

La posibilidad de una reestructuración de la deuda soberana de Grecia, que sería la primera en la historia de la eurozona, levanta ampollas entre las autoridades europeas, que temen que de producirse conlleve un efecto arrastre en el sector financiero y dificulte la salida de la crisis. La mayor parte de los 340.000 millones de deuda de Grecia está en manos de bancos alemanes y franceses.