Bizkaia y varias ONG polemizan sobre la Renta de Garantía de Ingresos

Varias ONG cargaron ayer contra la Diputación de Bizkaia porque, a su entender, el Gobierno foral ha suspendido "irregularmente" la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a unas 1.500 familias de la provincia. La Diputación replicó que todos los expedientes se han tramitado conforme a la legislación vigente. La Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a los Inmigrantes, Harresiak Apurtuz, aseguró en un comunicado que el área de Acción Social de la Diputación no ha aplicado de forma "correcta" unos artículos referentes a la posesión de bienes inmuebles.

Las asociaciones también criticaron que la Diputación no ha especificado en las cartas enviadas a las familias el porqué de la suspensión y que no se hayan revisado los casos de forma individual. "Se ha realizado un cruce de datos entre propietarios y perceptores de RGI que implica que, quienes sí cumplen con los requisitos son sancionados de la misma manera que quienes sobrepasan el patrimonio máximo para percibir esta prestación".

Las ONG exigieron "la inmediata suspensión de este procedimiento irregular y el pago urgente" de la prestación correspondiente al mes de julio a todas las familias que se han visto perjudicadas de forma "injustificada".

Acorde a la normativa

La Diputación de Bizkaia se defendió también a través de un comunicado en el que aclaró que todos los expedientes se han transmitido según la norma que regula los requisitos para percibir la RGI.

El Ejecutivo foral añadió que todas aquellas personas que incumplían cualquiera de los aspectos exigidos han contado con un plazo de un año para regularizar su situación.

La institución recordó que informó en junio de 2010 a las personas beneficiarias de la ayuda de que para seguir percibiéndola se exigía no contar con otros bienes diferentes de la vivienda habitual o no disponer de más de dos RGI por domicilio. La Diputación detectó que 4.865 perceptores de la ayuda no cumplían con alguno de los requisitos exigidos y que se les notificó que disponían hasta el pasado 18 de junio para poner todo en orden.

Durante el plazo dispuesto se han regularizado un total de 3.276 expedientes, mientras que otros 1.589 lo han hecho, siendo estas familias las que han dejado de percibir la RGI en julio.