Retribuciones y transparencia

La crisis económica actual tiene fundamentalmente su origen en malas prácticas de operadores financieros, incluidos los correspondientes supervisores. Fue en EE UU donde las mayores anomalías, incluso las ilegalidades, tuvieron lugar en mayor medida, pero nunca estuvo mejor aplicado el refrán que advierte "en todas partes cuecen habas". A medida que el contagio de aquella infección se extendió se han conocido usos y costumbres en otros sistemas económicos y financieros que rozan la provocación. Desde luego no atenúan la creciente y en cierta media comprensible animadversión hacia los operadores financieros. En no pocos países un contingente creciente de trabajadores va al paro en gran medida como consecuencia de errores o ilegalidades de algunas empresas financieras, de sus directivos y administradores. No deja de ser cuando menos sorprendente que en economías sin crecimiento, con el paro en máximos y los sistemas financieros paralizados, sean sus directivos los que obtengan retribuciones que rozan la obscenidad. Contra esas provocaciones han tratado de actuar algunos gobiernos y supervisores financieros de la OCDE.

Hizo bien el Gobierno español en convertir en obligatorias, a partir de la promulgación de la Ley de Economía Sostenible (en vigor desde el pasado marzo), las recomendaciones del código de buen gobierno referidas al sometimiento a votación consultiva de las remuneraciones de los miembros del consejo de administración y, en general, la política de retribuciones, de la compañía, así como conceder amplia transparencia a esas remuneraciones. No deja de sorprender que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hasta ahora impecable en el desempeño de sus muy complicadas tareas supervisoras, la que haya decidido no aplicar esa ley en vigor. Lo hace, al parecer, con la excusa de que no ha tenido lugar el correspondiente desarrollo reglamentario, y que son varias las empresas que ya había celebrado sus juntas generales ordinarias. En contra de la opinión de la mayoría de los expertos jurídicos y, desde luego, de la más elemental prudencia y del sentido común.

Aunque no se trate de una decisión deliberada de hacer la vista gorda sino de diferencias interpretativas técnicas, esa actuación, en todo caso, no favorece la necesaria confianza de la comunidad inversora. En situaciones como la actual las autoridades, instituciones tan importantes como este supervisor del comportamiento de los operadores y del funcionamiento de mercados financieros, han de resolver sus dudas favoreciendo la amplitud el buen gobierno y la transparencia en el comportamiento de las empresas, en especial de aquellas que cotizan en los mercados de valores organizados. Es ahora, en mucha mayor medida que en cualquier otro momento, cuando el inversor español, el contribuyente y, en general, el común de los ciudadanos, debe mantener la confianza en las instituciones. Proyectar la mínima sospecha de que las interpretaciones o decisiones de una institución como la CNMV favorece a los agentes económicos más poderosos sería un flaco favor a la propia modernización del sistema financiero. Ante la duda, es preferible que todos seamos ahora más exigentes que en condiciones normales. Desde luego en lo que hace al buen gobierno de las empresas que por su base accionarial deberían ser ejemplo del conjunto.