La fiscalía pide juzgar a Camps junto a Correa y El Bigotes

La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que sea este tribunal el que juzgue a los sobornadores; y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno y del PP valencianos. El Partido Popular (que en la causa central de Madrid está personado como acusación) recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde la decisión de Pedreira.

Abogado de la trama

Mientras, en Valencia, continúa el procedimiento por cohecho contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Después de que la fiscalía y el PSPV-PSOE hayan presentado sus escritos de acusación, a final de esta semana deberá entregar su escrito de conclusiones el presidente valenciano. A continuación, contarán con su propio plazo de cinco días hábiles para presentar sus escritos de defensa los otros tres procesados. Uno de ellos, Betoret, ha cambiado de abogado, según informó ayer la Cadena Ser. El elegido por el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y hoy responsable de protocolo de la Diputación de Valencia es Ignacio Peláez.

El letrado lo es al mismo tiempo de José Luis Ulibarri, empresario leonés dueño de Teconsa e imputado en el caso Gürtel. Peláez es también el abogado que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados. Aunque Ulibarri no estaba en la cárcel, Peláez se entrevistó con Correa y Crespo, según dijo, para coordinar la defensa de su cliente. Antes de pasar al sector privado, el abogado fue fiscal de la Audiencia Nacional.