La artífice del orden urbano

Cada vez que Manuel Chaves se disponía a formar nuevo Gobierno, el nombre de Josefina Cruz Villalón (Huelva, 1949) aparecía en todas las quinielas: que si en Medio Ambiente, que si en Obras Públicas, que si en Vivienda. Era una apuesta perdida. A Chaves, que tiene una buena opinión de ella, siempre le pudo la siguiente duda: ¿sabría vender la consejería y enfrentarse a los medios de comunicación? ¿Y con la oposición?

Ahora se verá. La nueva consejera de Obras Públicas y Vivienda tiene fama de ser muy rigurosa y trabajar incansablemente, pero nunca ha estado en primera línea de la política. Casada con el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, tiene dos hijos y está a punto de ser abuela de gemelos. Le gusta la ópera, la lectura y dar largos paseos por la playa, pero "lo que más le gusta es trabajar", afirma una persona que la conoce.

El departamento al que llega no es nuevo para ella. De hecho, cuando Griñán fichó a Rosa Aguilar, ésta le ofreció ser su viceconsejera, oferta que rechazó para dedicarse a la Universidad de Sevilla, en donde es catedrática de Geografía.

Cruz Villalón pasa por ser una de las mayores expertas en ordenación territorial y urbanismo. De hecho, su currículum es lo que decidió a Griñán proponerla consejera. El presidente andaluz quería alguien que no tuviera que empezar de cero, dada la interinidad en ese departamento, y ha ido a buscar precisamente a quien fue primera secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Entre este cargo y el de directora general estuvo nueve años en la consejería (1995-2004) con Francisco Vallejo y Concha Gutiérrez como titulares en una etapa crucial.

Fue artífice principal de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), trabajó en el impulso de los planes de ordenación subrregional y, aunque casi siempre en la sombra, le correspondió la explicación de decisiones delicadas como el rechazo en julio de 1998 al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella elaborado por Jesús Gil y presentó las primeras impugnaciones contra licencias ilegales.

En 2004, Magdalena Álvarez se la llevó al Ministerio de Fomento como secretaria general de Infraestructuras, donde coordinó la elaboración del plan director que actualmente está en ejecución.