Dos magistrados insisten en anular parte del 'caso Gürtel'

Continúan las discrepancias. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguen sin ponerse de acuerdo sobre la legalidad de las escuchas acordadas por el juez Garzón en la cárcel de Soto del Real entre imputados del caso Gürtel y sus abogados. Los jueces volvieron a reunirse ayer y si algo queda claro luego de tres días de deliberaciones es que hay dos jueces (el presidente Francisco José Vieira y el magistrado Emilio Fernández de Castro) que son partidarios de anular esas escuchas y que hay un tercer magistrado, José Manuel Suárez Robledano, que discrepa y que, según fuentes conocedoras de las deliberaciones, entiende que las grabaciones ordenadas por Garzón tienen cobertura legal porque algunos de los abogados actuaron en connivencia con sus clientes para ocultar los millones de euros que la trama corrupta tiene en paraísos fiscales. Las autoridades suizas, por ejemplo, han acreditado que el cabecilla de la red y su número dos, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente, ocultaban un total de 21 millones de euros.

Según las citadas fuentes, los tres magistrados volverán a reunirse el lunes. De momento, los dos jueces partidarios de anular las escuchas llevarán el lunes al tribunal un escrito en el que fundamentan su criterio contrario al de Suárez Robledano, que hasta el momento es el ponente. Al estar en desacuerdo con ellos, la ponencia cambiará a las manos de otros de los jueces, posiblemente el propio presidente del tribunal.

Connivencia

Los citados medios no descartan que ambos magistrados hagan un auto en el que digan que esas escuchas son nulas e insten a los abogados a que expongan de forma individualizada y por escrito aquellas fases de la investigación o pruebas que entiendan colisionan con las escuchas que resulten anuladas.

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años. Las grabaciones impugnadas por los abogados de los principales imputados en la red corrupta probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama para que no fructificase, por ejemplo, la comisión rogatoria enviada por Garzón a Suiza.