Cuatro años de límite para los contratos de fútbol

Una lluvia de enmiendas ha caído sobre la Ley General Audiovisual justo el día en el que el texto inicia su andadura parlamentaria. Entre las 25 presentadas ayer por los socialistas destaca la que limita los contratos para la compra de derechos televisivos del fútbol español a cuatro años. El artículo 21, tal y como está redactado, no establece restricciones concretas sino que remite a lo establecido en la normativa comunitaria y española de la competencia, que fija un tope en tres años. Mediapro adquirió derechos de la Liga por cinco años. Los socialistas proponen, además, una disposición transitoria nueva según la cual, cuando entre en vigor la ley, los contratos "seguirán siendo válidos hasta su finalización siempre y cuando esta finalización tenga lugar en el plazo de cuatro años desde la entrada en vigor".

De la Vega defiende en el Congreso el modelo financiero de RTVE

Otra enmienda apunta que a la hora de elaborar el catálogo de acontecimientos de interés general, tarea que recaerá en el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, serán consultadas las televisiones y los organizadores de las competiciones deportivas.

Los populares, que han recibido hasta 600 enmiendas por parte de los sectores afectados (anunciantes, productores de cine, usuarios), han presentado 42. Una de ellas aboga precisamente por suprimir el Consejo Audiovisual y trasvasar sus funciones a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El PP hace hincapié en que sólo la autoridad judicial pueda interrumpir o suprimir contenidos audiovisuales.

En sus enmiendas, el PNV reclama que la publicidad en la televisión (anuncios, autopromociones, publirreportajes o telepromociones) no rebase los 12 minutos por hora. Y entre el centenar de enmiendas, CiU reclama que las cadenas públicas puedan destinar parte de la inversión en películas europeas a telefilmes y miniseries, al igual que las privadas.

Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) echa a andar tras superar en el Congreso de los Diputados el primer escollo: las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y por IU-ERC para devolver el texto al Gobierno. Fracasadas estas iniciativas, la ley que viene a adaptar la legislación en materia de radio y televisión al siglo XXI se tramitará en la Comisión Constitucional y no en la de Industria. De hecho, ayer no fue el ministro del ramo, Miguel Sebastián, sino la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien la defendió.

La LGCA es una "asignatura pendiente" de la democracia y una norma "imprescindible para el sector y la industria audiovisual española", subrayó De la Vega. El proyecto de ley incluye algunas de las reformas que ya están en marcha, como la que permite la fusión de las televisiones privadas, la TDT de pago o el modelo de financiación de RTVE, que entrará en vigor el próximo 1 de enero y supondrá el fin de toda la publicidad en la televisión pública estatal.

En esta línea, la vicepresienta aseguró que el sistema de financiación de RTVE es compatible con el Tratado de la Unión en cuanto a ayudas estatales. Recordó que son los Estados, "en función de su modelo competencial, los que definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión", pero es la Comisión quien debe determinar si esas ayudas son compatibles o no con el Tratado. "No hay conflicto de competencias", dijo.

El Gobierno estima que los datos que ha pedido Bruselas sobre la tasa que deberán abonar los operadores de telecomunicaciones (0,9% de los ingresos anuales) para sufragar RTVE "no supone la suspensión" del nuevo modelo. Además, sostiene que la investigación abierta, tras la queja de las telecos, permitirá "despejar" cualquier tipo de duda sobre su adaptación a la normativa comunitaria.

El portavoz el PP, Miguel Ángel Cortés, insistió en que el proyecto de ley es "anticuado", responde a la "obsesión" del Gobierno por controlar los medios audiovisuales y es una amenaza a la libertad de expresión. En su crítica, equiparó las competencias del Consejo Audiovisual con la legislación de Hugo Chávez. CiU, PNV y ERC cuestionaron la "invasión" en las competencias de las comunidades, mientras que el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, confesó su frustración ante una "ley Berlusconi" que responde a "los intereses de un sector concreto".