El Síndic pide a Novelda que cierre un vertedero incontrolado

El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha recomendado al Ayuntamiento de Novelda que decrete la clausura de un vertedero, ubicado en un polígono industrial de la localidad, que realiza su actividad de forma "incontrolada" y "sin ajustarse a la legalidad vigente". Un vecino de Novelda presentó una queja por la "existencia y funcionamiento de un vertedero no autorizado de grandes dimensiones" ubicado en unos antiguos terrenos agrícolas, donde se están depositando restos de derribos y obras así como electrodomésticos y residuos peligrosos, como pinturas o disolventes.

Estas instalaciones, según se ha constatado a través del Seprona, de la Consejería de Medio Ambiente y del propio Ayuntamiento, no cuenta con "la licencia municipal ni con documentación sectorial aprobada", por lo que ha sido denunciado en "repetidas ocasiones" desde 2003, sin que nunca se haya llegado a actuar. El Consistorio de Novelda ha reconocido la existencia de diversas denuncias y decretos de cierre, que finalmente no se aplicaron, así como la falta de licencia, pero ha asegurado que el dueño del vertedero, ubicado en el polígono de la Horna Alta, ha comenzado los trámites para su legalización.

Ante estos hechos la Sindicatura ha reconocido "las dificultades municipales para reaccionar con prontitud ante todos los ilícitos urbanísticos y ambientales que se cometen", pero ha advertido de que no se puede obviar su obligación de "restablecer la legalidad urbanística". En este sentido, ha apuntado que la ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga al ayuntamiento a restaurar "el orden jurídico infringido y la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal" e iniciar la "suspensión y anulación de los actos administrativos en los que pudiera ampararse la situación ilegal".

La norma también establece que imponga sanciones a los responsables, según ha recordado Cholbi, quien ha apuntado que los derechos constitucionales a un medioambiente adecuado y una vivienda digna exigen, necesariamente, que los poderes locales respeten la normativa urbanística y ambiental. Les pide, de igual modo, que ejerzan "un control preventivo y represivo a las actividades constructivas o del uso inadecuado del suelo que se realizan en el término municipal".