Urbanización a tierra

La urbanización Sun Village, un complejo de apartamentos con piscina y jardines privados a pie de la sierra de la Albera, en Palau-saverdera (Alt Empordà) tendrá que echarse a tierra después de años de litigios por un proyecto urbanístico ilegal. Los vecinos tienen seis meses para acatar una sentencia de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordena el derribo del complejo y anula licencia municipal, puesto que en esa zona sólo podía edificarse un hotel. El Ayuntamiento ha acatado el veredicto después que el TSJC desestimara todos los recursos presentados para evitar la demolición.

El caso se remonta a 2001, cuando el alcalde, Narcís Deusedas (CiU), aprobó una promoción de 40 pisos en unos terrenos calificados de equipamientos en el planeamiento urbanístico local. A finales de ese año, un vecino de la localidad presentó un recurso contencioso administrativo al ver que se construían viviendas y que los bloques superaban la altura permitida. Los vecinos, a su vez, comenzaron a presentar alegaciones. "Aquí podía ir un supermercado, o un hotel o un apartotel, pero en ningún caso viviendas", explica Carme Montenegro, portavoz de la asociación de vecinos del municipio.

Pero el proyecto tiró adelante e incluso se construyó una segunda fase sobre una riera. La urbanización era en principio de "lujo", pero hoy tiene ya grietas y un aspecto descuidado. Allí viven unos pocos vecinos, la mayoría holandeses, ingleses y franceses sin apenas relación con el pueblo. Sólo unas tres o cuatro familias residen todo el año.

"No sé qué va a ser de nosotros, con 62 años que tenemos, adónde vamos a ir", se lamentan Antonia Rodríguez y Juan Marqués. Su coqueto apartamento de 70 metros cuadrados con jardín está sentenciado. "Que lo echen abajo de una vez, pero que nos compensen", reclama Marqués. Los propietarios exigen al Consistorio una indemnización de 12 millones de euros, 310.000 euros por vivienda. "La culpa es del alcalde. Concedió la licencia y cuando empezaron los problemas nos prometió que se legalizaría la situación", dicen.

El alcalde asegura que ha iniciado el proceso administrativo que obliga a demoler los pisos para evitar que le acusen de "desacato a la autoridad". Sobre las indemnizaciones que reclaman los vecinos, Deusedas ya ha avanzado que no pueden pagar esa cantidad tan elevada y emplaza a sus abogados a buscar una solución pactada.