El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón

El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala. El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.

Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.

Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".

El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.